Detrás de la cosecha del tomate: sobrevivir en Borgo Mezzanone, el mayor asentamiento de migrantes de Europa

En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La ténue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.