Más de 150 entidades exigen a Interior el cese del director del CIE de Madrid por abusos a internos bajo su mando

Su nombre es Antonio Montes Rodríguez, pero en determinados momentos los internos han popularizado otro calificativo para referirse al actual director del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid: “El sádico”. Ahora, tras distintas denuncias de abusos perpetrados en el interior del CIE, más de 150 entidades sociales han registrado una denuncia ante la Dirección General de la Policía Nacional para instar a la apertura de un expediente disciplinario contra el responsable del centro. Las organizaciones también han solicitado por carta al ministro del Interior su “cese inmediato” debido a las irregularidades acreditadas en los últimos años por los juzgados de control.

Al menos 157 ONG han exigido la destitución del director del CIE de Aluche, un cargo policial, a través de dos vías. Por un lado, las firmantes solicitan sanciones por el canal administrativo, mediante la presentación de una denuncia en la Dirección General de la Policía Nacional. Por otro, las entidades piden a Fernando Grande-Marlaska su cese político por “la grave situación de vulneración de derechos que se vive” en el centro de internamiento sumado al “incumplimiento de las funciones que tiene encomendadas” en el reglamento que rige el funcionamiento de los CIE.

Entre las firmantes se encuentran muchas de las organizaciones presentes en el centro que han escuchado de primera mano las quejas de los internos acerca del director, como Pueblos Unidos, Karibu, la Federación SOS Racismo o el Observatorio de DDHH Samba Martine. Sus denuncias -tanto la dirigida a la Dirección General de la Policía como el escrito enviado al Ministerio del Interior- vienen acompañadas de nueve resoluciones de los juzgados de control del CIE de Aluche que concluyen los incumplimientos de la normativa y vulneraciones de los derechos de las personas encerradas.

Entre los abusos destacados se encuentran dos casos en los que los juzgados han detectado indicios de tortura, los obstáculos al registro de peticiones de asilo de los internos, la falta de identificación de los agentes, o el quebrantamiento de la obligación de avisar a los internos de su expulsión con un plazo mínimo de 12 horas.

Las ONG envían a Grande-Marlaska los últimos autos de juzgados de control que acreditan las irregularidades denunciadas para demostrar que “la grave situación de vulneración de derechos” en el CIE de Madrid bajo la dirección de Antonio Montes Rodríguez “no es una apreciación subjetiva” sino “una realidad que queda reflejada en diversas resoluciones judiciales” y “en actuaciones concretas del Defensor del Pueblo”, expresan en su petición.

“Los hechos narrados tienen un protagonista principal que, a través de una intervención directa o indirecta, ha creado en el CIE de Aluche un contexto de opacidad y ausencia de control legal que ha facilitado la perpetración de graves vulneraciones de los derechos de los internos”, advierten en la denuncia registrada en la Dirección General de la Policía Nacional.

Entre los episodios en los que han quedado acreditados los abusos policiales se encuentra el cacheo llevado a cabo el pasado 18 de abril en el patio del CIE de Madrid durante un día de lluvia. La jueza de control María Inmaculada Iglesias Sánchez concluyó que la Policía violó el “derecho a la dignidad de los internos” al tomar “medidas de seguridad desproporcionadas” en las que identificó “indicios de delito de tortura” que empujaron a la magistrada a solicitar la apertura de una investigación.

Semanas después, el juzgado de instrucción número 19 de Madrid apreció de nuevo indicios de tortura en un caso de agresiones denunciado por un interno del CIE de Aluche. “De nuevo se ha podido constatar que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de protección a los internos”, abroncó la magistrada. El 27 de abril un interno acudió a la consulta médica del centro por lesiones que, según denunció, “le había causado un policía al golpearle en la cara con un objeto cuando dormía”.

La jueza determinó que “existen indicios” de que un agente, “abusando de su cargo, ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones”. La magistrada también cuestionó que ni la dirección del centro, ni el servicio médico, ni Cruz Roja remitieron el informe del lesionado al juzgado de control, que solo se percató de lo sucedido tras una visita a las dependencias policiales.

Las trabas impuestas al acceso al asilo de las personas internas es otra de las vulneraciones indicadas desde hace años por los juzgados de control. “Mediante resoluciones de 4 de enero y 11 de enero de 2018 el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid hace constar el sistemático incumplimiento por parte del director de lo establecido por los juzgados de control en cuanto a la tramitación de las solicitudes de asilo”, reza el escrito enviado a Interior. En este sentido, el entonces juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios solicitó investigar al director del centro “por si su desobediencia reiterada pudiera ser constitutiva de un delito de desobediencia a la autoridad”.

En una entrevista con eldiario.es de 2016, García de Dios describió algunos de los comentarios que le llegaban sobre Montes Rodríguez cuando aún no había alcanzado el puesto de director, sino que desempeñaba el cargo de jefe de seguridad del CIE de Aluche. “Ahora llaman 'el sádico' al jefe de seguridad. Si eso se repite en diferentes momentos, es que algo pasa”, explicaba entonces. “Me dicen que está poniendo muchas pegas a las tareas de las ONG. Por parte de los internos, que el jefe de seguridad ampara ciertas actuaciones mientras que el director quizá no suele hacerlo. Yo no tengo ningún elemento para decir por qué le llaman 'el sádico'... Pero si le llaman así es que algo pasa, ¿no?”, se preguntaba el magistrado antes de su jubilación.

Durante su etapa como jefe de seguridad del CIE de Aluche se produjo la muerte de la congoleña Samba Martine, enferma de VIH, a la que no solicitaron pruebas diagnósticas a pesar de haber acudido diez veces al servicio médico. Pasó sus últimos días agonizando tumbada sobre mantas extendidas en el suelo de la sala del centro, porque el dispositivo de seguridad de entonces impidió que reposase en la cama de su celda.

Las organizaciones firmantes resaltan “la gravedad de los hechos relatados y el reiterado incumplimiento que todo ello supone de las funciones atribuidas al director de un CIE”. Según recuerdan, “que sea la policía encargada de custodiar quien lesiona esos derechos u obstaculiza su ejercicio merece un reproche especialmente intenso, como especial debe ser el interés de los responsables políticos que tienen encomendada la superior dirección de cada departamento ministerial para que este tipo de conductas no se repitan”.

“Todas las resoluciones judiciales que adjuntamos no dejan de ser la punta del iceberg de las irregularidades, porque en un ambiente de tanta opacidad es muy difícil que los casos lleguen al juzgado”, sostiene en declaraciones a eldiario.es Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha participado en la redacción del escrito. “Es un espacio donde es muy fácil que gane la impunidad. Los internos son los primeros que no denuncian la mayoría de las veces porque tienen miedo. Hay muchas cosas que no salen a la luz”, indica.