España es el único país de la UE que vota en contra de facilitar las expulsiones de migrantes ante la crisis de Ceuta
Con la presión por la crisis migratoria de Ceuta, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado este jueves en contra de un nuevo reglamento de retorno que facilita la expulsión de emigrantes en situación irregular y avala la apertura de centros de deportación en países terceros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que ninguno de los migrantes llegados a Ceuta ha accedido a otro país de la UE, con lo que “el impacto ha sido cero” para el resto de los Estados miembros, durante el Consejo de Ministros de Interior que se está celebrando este jueves en Luxemburgo. Del resto de los países europeos, solo Bélgica ha votado en blanco, al igual que Irlanda, aunque este país lo ha hecho por la necesaria neutralidad al ostentar la presidencia rotatoria de la UE.
“Los acontecimientos recientes en Ceuta han evidenciado la necesidad de disponer de mecanismos específicos que permitan garantizar un retorno eficaz en situaciones de entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores. Sin embargo, el presente Reglamento no recoge medidas para hacer frente a estas circunstancias excepcionales”, señala en una declaración escrita el Ministerio del Interior para explicar la oposición de España al nuevo reglamento de retorno
En el documento, el Gobierno argumenta su rechazo a las nuevas disposiciones de retorno por “la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno; y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas”.
El nuevo reglamento de retorno establece el respaldo legal para los centros de deportación en terceros países. Sin embargo, el Gobierno de España señala “su enorme preocupación” por estos centros que “no permiten garantizar el respeto de los derechos y obligaciones de las personas que serán retornadas a un tercer país” y advierte de “un riesgo alto de litigiosidad por posible vulneración del principio de no devolución recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
El Ministerio del Interior también señala dudas legales sobre medidas como que “el internamiento deja de ser una medida de último recurso. Además, se amplía el período de privación de libertad hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas. Se prevé la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal”. Ante estas dispsiciones, el Gobierno se pregunt si “en la Unión se va a permitir que se prive de libertad a personas en una situación administrativa irregular por períodos superiores a los que se aplican a criminales condenados por delitos graves”.
El ministro irlandés del ramo, Jim O'Callaghan, dijo que este reglamento complementa el pacto migratorio y de asilo y “contribuirá a la implementación efectiva, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales”.
El Consejo ha señalado en un comunicado que solo se puede cerrar convenios para establecer centros de deportación en terceros países cuando respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución, que prohíbe a cualquier país expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o seguridad corran grave peligro o exista riesgo de tortura.
Grande-Marlaska volvió a pedir al resto de países de la UE una mayor “solidaridad operativa, financiera y política” para hacer frente a las crisis migratorias, aunque también ha aclarado que ningún migrante llegado a Ceuta ha accedido a otro país de la UE. “El impacto ha sido cero”, ha reiterado el ministro del Interior, que ha defendido el papel de España en sus políticas preventivas en origen: “Las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE, y las de Ceuta representan solo el 0,7% del total”.