Las fuerzas de seguridad de México matan o hacen desaparecer a una persona cada seis días

Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en el estado mexicano de Chihuahua. Cinco agentes de la Policía Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos circulaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la sacó por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego y advertirles de que había dos niñas en el vehículo. Luego dos balas la lesionaron en el cráneo.

Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal por “falta de elementos”.

Los policías federales estaban ahí, vigilando las calles, como parte de la estrategia conocida como ‘guerra contra el crimen organizado’ lanzada seis años antes por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y continuada por sus sucesores.

“Para mí –dice Dolores, la mamá de Yolanda– el Gobierno federal es el responsable [de su muerte], porque es el que manda esas instituciones aquí. Nos destruyó la vida a todos, a ella, a mí y a mi esposo, a mis hijos y a mi niña [la hija de Yolanda, de 3 años en el momento del ataque]. Pero a mí me hace sufrir más la situación de mi niña, porque soy una persona adulta, ya no tengo la manera de sacarla adelante; a veces tengo que andar trabajando todo el día, viendo las necesidades y viendo la falta que le hace su mamá, porque no la puedo sustituir, y eso gracias a la ley”. “Siempre eduqué a mis hijos a no pasar por encima de la ley y ¿para qué? Para que me hicieran esto”, añade.

Lejos de ahí, en el otro costado del país, en el estado de Michoacán, Alfredo sobrevivía y llevaba un poco de dinero a su madre cosechando limón. Él es un joven campesino sin tierra, que ahora tendría 25 años de edad, y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación como jornalero, es decir, laborando en ranchos por un salario diario.

De uno de esos plantíos de limón se lo llevaron por la fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020, ya durante el Gobierno del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el que la guerra continúa. Desde ese día, Alfredo está desaparecido y solo Eufrosina, su mamá, lo busca.

En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo su hijo fue privado de la libertad por los soldados. Luego habló con quienes vieron el momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido en la batea de una camioneta pick-up.

“Mis carnes no son estas –dice Eufrosina, cuando han pasado más de tres años desde que busca a Alfredo–. Aunque me mire por fuera así, por dentro mi corazón está marchito… Odio al Gobierno”.

1.524 historias

Entre los años 2006 y 2022, es decir, desde que las autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen organizado, en México se han podido documentar al menos 1.524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos supuestamente por cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas. 

Personas como Yolanda y Alfredo, sobre quienes no pesaba ninguna sospecha, que no tenían armas ni se enfrentaron a la autoridad, sin órdenes de aprehensión en su contra. Personas que sólo habían salido por algo de comer, jugaban a fútbol, fueron a la tienda o simplemente paseaban, como Yolanda y su familia.

Por supuesto, esos 1.524 casos documentados no representan la totalidad de las víctimas que ha dejado el actuar de autoridades durante esta guerra, ni tampoco todos los abusos oficiales cometidos en el país en el marco del conflicto armado interno. Son únicamente aquellos casos que han podido ser revisados y verificados por esta investigación de Animal Político, con base en los registros de comisiones de derechos humanos, organismos públicos de procuración y administración de la justicia, organismos civiles, investigaciones periodísticas y fundamentalmente por denuncias públicas de sus propias familias, que pudieron ser identificadas. 

Es decir, son solo una fracción del total. Pero incluso así, tratándose solo de una muestra de casos, esas 1.524 desapariciones forzosas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada seis días a lo largo de 16 años. 

Cada caso es una historia diferente pero, vistos en conjunto, narran la historia de una forma de violencia que en México se volvió cotidiana con la guerra: la violencia sistemática de Estado, aquella que el poder público ejerce de forma reiterada y premeditada, es decir, planificada, contra integrantes o grupos de la sociedad.

Estos crímenes han sido cometidos por soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. Es decir, por los integrantes de las instituciones encargadas de instrumentar la estrategia de combate al crimen organizado, durante los Gobiernos encabezados por Felipe Calderón (postulado por el Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto (postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde) y Andrés Manuel López Obrador (postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social).

Los asesinatos se produjeron en el marco de una política pública de seguridad basada en la confrontación armada, refrendada por cada grupo político que ha conquistado el poder de 2006 a la fecha, que ha golpeado a personas que no empuñaron un arma y que no estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Casos, todos, que recuerdan que cualquiera puede ser víctima de unas fuerzas de seguridad que actúan impunes.

Una estrategia que, como han denunciado diversas organizaciones, viola la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas como vigilantes del comportamiento de la población civil –tal como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y que en el tiempo que lleva en marcha ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país. 

Las 1.524 historias en las que se basa la presente investigación periodística dan cuenta de que los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, de un lado, y la violencia homicida generalizada, de otro lado, son dos fenómenos que avanzan de la mano en México, ya que durante el tiempo que ha durado el conflicto armado interno, ambos indicadores de violencia incrementan en las mismas regiones y en los mismos periodos de tiempo. 

Las víctimas

Los crímenes recabados en esta investigación se perpetraron principalmente al amparo de operaciones o políticas de seguridad pública para abatir la incidencia delictiva, pero también ocurrieron durante operativos para reprimir protestas sociales, así como en actos delictivos perpetrados por agentes del Estado, de forma autónoma o en complicidad con la delincuencia organizada.

Además, estos actos de violencia fueron ejercidos contra regiones e integrantes de grupos específicos de la población civil, elegidos bajo criterios de edad, sexo, condición socioeconómica, características físicas o por alguna condición de vulnerabilidad fija o transitoria.

Las víctimas son, por ejemplo, personas jóvenes, personas que se encontraban solas o en grupos numéricamente inferiores ante los agentes, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con adicciones, sin ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo), e incluso contra personas que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron indebidos, aunque no representaran delito alguno (como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados).

Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse. En todos los casos identificados, no representaban amenaza alguna para la autoridad y, además, estaban indefensas, por lo que tampoco eran un riesgo para las autoridades. Las víctimas eran personas inocentes.

Al estar enmarcados en una confrontación armada, este tipo de ejecuciones están prohibidas por las leyes internacionales de la guerra, establecidas en los Convenios de Ginebra, ya que estas no solo aplican para conflictos entre países sino también para todo tipo de confrontación armada “que surja en el territorio” de los Estados firmantes. México suscribió estos tratados en el año 1952.

Esas normas internacionales, que rigen el comportamiento de los Estados firmantes durante confrontaciones armadas, prohíben que las fuerzas oficiales incurran en “atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”, “la toma de rehenes” y “las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales”. 

También establecen que, en el marco de conflictos armados, todas las personas, pero particularmente los civiles, “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”.

Los hechos de violencia en los que se basa esta investigación podrían inscribirse en la definición de crímenes de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma (ratificado por México en el año 2000), que da forma a la Corte Penal Internacional, al tratarse de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por integrantes de fuerzas gubernamentales “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, para lo cual es requisito que exista “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.

Desapariciones y ejecuciones “sistemáticas”

La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas que esta investigación ha logrado identificar, se concentró en el estado de Veracruz, con un 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).

Sin embargo, los datos recabados dan cuenta de que prácticamente en todo el territorio nacional se han registrado de forma reiterada este tipo de crímenes a lo largo de los 16 años que ha durado el conflicto armado interno.

Durante el gobierno de Felipe Calderón esta investigación identificó 444 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales (sin que esto represente que son la totalidad de los casos ocurridos) perpetrados en 26 de las 32 entidades del país.

Luego, en el gobierno de Peña Nieto, esta investigación logró identificar al menos 713 crímenes de lesa humanidad documentados en 29 entidades del país. Finalmente, durante los primeros cuatro años de gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han documentado al menos 308 crímenes de Estado en 29 entidades.

La acumulación de todos estos casos durante tres gobiernos diferentes y a lo largo de toda la geografía mexicana es una muestra de que el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son formas de violencia de Estado que se han ejercido de forma generalizada en contra de la población civil, en el marco de la política de seguridad vigente hasta el día de hoy.

“Fue el Estado”

De los 1.524 casos identificados en esta investigación, una tercera parte de las víctimas fue falsamente presentada por las autoridades como personas con actividades o antecedentes delictivos, o bien, como responsables de su fallecimiento o desaparición por su forma de vida o un comportamiento imprudente. Así, la criminalización es otro comportamiento sistemático por parte de las autoridades. 

A través de consultas de Transparencia, las 32 Fiscalías de Justicia del país reportaron haber iniciado investigaciones penales contra 241 funcionarios federales y estatales por asesinatos, ejecuciones y desapariciones cometidos durante el periodo de la guerra, aunque los tribunales estatales informaron que sólo contra 87 se emitió sentencia condenatoria. Las autoridades no pudieron aclarar el número de víctimas de dichos funcionarios públicos.

Cabe destacar que, durante esta investigación, no se ha logrado identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de corporaciones federales o estatales por delitos de homicidio, ejecución extrajudicial o desaparición forzada cometidos entre 2006 y 2022, sino sólo contra elementos de tropa o mandos menores.

A la luz de esta información, para muchos la consigna “Fue el Estado”, con la que distintos sectores de la población han señalado la responsabilidad de los grupos en el poder durante manifestaciones contra la guerra a lo largo de estos 16 años, pierde su sentido metafórico y se vuelve literal. Para ellos, el responsable de los hechos aquí señalados es un Estado mexicano que ha extendido a sus agentes un permiso tácito para matar y para hacer desaparecer a personas.

Esta investigación fue publicada originariamente en Animal Político.