Después de más de un año de negociaciones y disputas políticas en torno a la reubicación de menores extranjeros no acompañados, el primer adolescente migrante ha sido trasladado desde Ceuta a la península a través del sistema obligatorio aprobado por el Gobierno con el respaldo de una mayoría parlamentaria el pasado mes de marzo para aliviar la saturación de la red de acogida de las autonomías que lo necesiten.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este primer traslado. “Por primera vez un niño migrante pasó de ser tutelado por la comunidad a la que llegó, a estar tutelado por otra comunidad”, ha confirmado por redes sociales, sin detallar el Gobierno autonómico de destino.
“El primer niño es el que llegó a Ceuta a principios de septiembre, días después de declararse la Contingencia Migratoria”, ha afirmado el ministro, quien ha añadido que, posteriormente, llegaron niños a Melilla y a Canarias, que serán los siguientes en ser reubicados.
Mientras, algunas comunidades del PP continúan presentando alegaciones para evitar algunos de los traslados que les corresponden, ha indicado Torres. La lucha del PP contra la recepción de estos menores también se encuentra en los tribunales, pues muchas de ellas han recurrido la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que regula las reubicaciones, ante el Tribunal Constitucional.
Las llegadas de menores a las costas ceutíes durante las primeras semanas posteriores a la contingencia y la rapidez de la tramitación de expedientes por parte del área de menores de la ciudad explican que Ceuta haya sido la autonomía que ha estrenado el nuevo sistema de reubicación. La norma obliga a ejecutar el traslado de los menores llegados tras la declaración de contingencia migratoria durante los siguientes 15 días naturales desde su entrada a España. La declaración de emergencia le fue reconocida a Ceuta el pasado 29 de agosto y, tras esa fecha, el contador empezó a correr desde el registro de los primeros adolescentes que entraron a nado a la ciudad.
El nuevo sistema de reparto divide el procedimiento en dos vías. Por un lado, esta fórmula “exprés”, destinada a los menores que llegan después de la declaración de emergencia. Estos envíos son más rápidos y la ley marca que deben hacerse en un máximo de 15 día desde el registro de los adolescentes recién llegados. El segundo canal está dirigido a los chavales que ya estaban en estas autonomías antes de pedir oficialmente la contingencia. Para ellos, el plazo para ejecutar la reubicación desde la solicitud inicial es mayor, de cuatro meses.
El protocolo establecido para los menores que llegan después de la declaración de contingencia concentra en 15 días varias fases, en las que cada adolescente debe ser escuchado en todo el proceso. Tanto los menores como las comunidades de destino pueden presentar alegaciones con el objetivo de proteger el interés del adolescente. “Es enormemente garantista con el interés superior de los menores, y exige conocer sus preferencias antes de la reubicación y la posibilidad de que existan familiares en determinadas CCAA. Todo ello con el objeto de salvaguardar sus derechos, defiende el Gobierno.
Por el momento, no se están cumpliendo los plazos marcados por la normativa. Según fuentes gubernamentales, se debe a varias razones, entre las que se encuentran las garantías que marca el propio procedimiento para proteger al menor y el hecho de que se trata de una normativa nueva, que implica a distintas adinistraciones (CCAA de origen y destino, Fiscalía y delegaciones de Gobierno) que están empezando a aplicar el sistema, con sus consiguientes dudas y problemas iniciales. Pero las mismas fuentes también responsabilizan a algunas comunidades del PP que, según asegura, están presentando alegaciones para “bloquear” los traslados en vez de para salvaguardar el interés de los chavales.