El coronel de Melilla imputado dice que se limita a la directriz de Madrid de devolver inmigrantes
Tras dos horas y media de declaración como imputado, el jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, ha justificado las devoluciones en caliente, efectuadas también una vez que los inmigrantes superan toda la alambrada, alegando que se ajusta al “protocolo operativo de fronteras” del 26 de febrero que, según manifiesta, llega desde Madrid.
Martín Villaseñor ha reconocido, según las mismas fuentes, que estas actuaciones “no están definidas por la ley”, sino que es lo que establece “la dirección adjunta operativa”. El coronel es el primer imputado en las dos querellas en las que están personadas las ONG Prodein, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Coordinadora de Barrios sobre los hechos ocurridos en la valla melillense los días 18 de junio y 13 de agosto.
El jefe de la Guardia Civil ha respondido únicamente a las preguntas del juez y del fiscal, acogiéndose a su derecho de no contestar a las cuestiones formuladas por los abogados de la acusación, según fuentes jurídicas. Martín Villaseñor, tras el visionado de las imágenes que muestran las devoluciones de inmigrantes ejecutadas el pasado 13 de agosto por el Cuerpo que dirige, ha defendido que estas prácticas están amparadas por el “protocolo operativo de fronteras” firmado el 26 de febrero, 20 días después de la tragedia de Ceuta. El coronel acude ahora a la teoría utilizada por el Gobierno para justificar las expulsiones inmediatas llevadas a cabo aquel día: la frontera se “retrotrae” en la línea de seguridad formada por los agentes del Instituto Armado.
Sin embargo, esta tesis no aparece reflejada en el protocolo firmado por el coronel imputado, que sí legitimaba las devoluciones en caliente realizadas desde la zona de 'entre vallas' pero señalaba que, si los inmigrantes superaban la totalidad del perímetro fronterizo, la Guardia Civil debía aplicar la Ley de Extranjería. La normativa española prohíbe las expulsiones inmediatas, ya que exige una serie de garantías, como la asistencia letrada y la posibilidad de solicitar asilo.
Pero las imágenes proyectadas por el juez mostraban también devoluciones en caliente producidas una vez que estas personas lograron sortear la última alambrada. Es aquí cuando, según las personas consultadas, Martín Villaseñor acude a la tesis por la que la cadena humana de agentes de la Guardia Civil determina dónde empieza España. Este argumento, que no había vuelto a ser esbozado por las autoridades desde hacía meses, ha sido rechazado por juristas y expertos en derecho internacional.
Según las mismas fuentes, Martín Villaseñor defiende que el protocolo de Melilla, cuya legalidad ha sido cuestionada por el juez, es una adaptación del operativo de fronteras impuesto desde la Dirección General de la Guardia Civil a las condiciones y circunstancias del perímetro melillense.
“Conciencia clara”
Ambrosio Martín Villaseñor se ha mostrado tranquilo tras haber declarado en calidad de imputado por devoluciones de inmigrantes a través de la valla con Marruecos y ha manifestado tener la “conciencia clara” de haber actuado conforme a la legalidad, según ha publicado la agencia Efe.
El coronel, en unas breves declaraciones a los periodistas, ha señalado que en “ningún momento” ha actuado en contra de la legalidad y ha manifestado confiar “absolutamente” en el procedimiento, que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa. “Él decide”, ha asegurado el coronel en referencia al juez, acompañado por su defensa, una abogada del Estado.
La instrucción de las devoluciones en caliente
El Juzgado de Instrucción número dos de Melilla imputó a mediados de septiembre al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma debido a un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí.
El auto arremetía contra el “protocolo operativo de vigilancia de fronteras”, una orden interna firmada por el acusado que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, también defendido por el Ministerio del Interior, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.
“Nos encontramos ante dos conceptos de frontera diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial”, rezaba el auto que responde a dos querellas presentadas por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y SOS Racismo sobre los hechos ocurridos los días 18 de junio y 13 de agosto.
Pero va más allá. El juzgado, basándose en las imágenes aportadas por las ONG personadas, considera que, al menos durante el intento de entrada del pasado 13 de agosto, la Guardia Civil incumplió su propio “protocolo operativo de vigilancia fronteriza”. Aquel día, aproximadamente 75 personas, después de permanecer horas encaramadas en la valla interior –la más cercana a Melilla–, descendieron de ella, pisaron suelo español y fueron expulsados de forma inmediata.
Petición de nuevas pruebas
El titular del juzgado ha solicitado este jueves una batería de diligencias para continuar la investigación de la actuación del Instituto Armado y las fuerzas auxiliares marroquíes en la frontera los días 18 de junio y 13 de agosto: la identificación de los agentes involucrados, los vídeos de la cámara térmica de la alambrada y la declaración de personal de Cruz Roja y el Servicio Público de Salud melillense, según ha informado a eldiario.es Jose Luis Rodríguez Candela, abogado de Andalucía Acoge, una de las ONG personadas.
La pasada semana el juez tomó declaración como testigos a tres fotoperiodistas responsables de las imágenes que han probado los hechos denunciados por las ONG. Según detalla Rodríguez Candela, explicaron dónde y en qué circunstancias fueron grabados los vídeos que han derivado en la investigación de estas prácticas, efectuadas desde hace más de 10 años. Sus palabras, añade, derivaron en las nuevas diligencias solicitadas por el juez.
“Declararon que, como se observa en las imágenes, los inmigrantes, aunque pisaban suelo de Melilla –el que no está cuestionado, situado tras la última alambrada– y bajaban por su propia cuenta de la valla, eran expulsados. También mencionaron la existencia de una cámara de vigilancia donde se produjeron los hechos y destacaron la expulsión de personas visiblemente heridas sin recibir asistencia médica”, detalla el abogado de Andalucía Acoge. “Aseguraron que no habían visto por la zona a personal médico público o de Cruz Roja”.
