Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de tutelar a los niños que se encuentran en situación de desamparo, un trámite por el que los Gobiernos regionales adquieren todas las obligaciones necesarias para protegerlos, las mismas que las exigidas a sus progenitores. La mayoría de los menores que han pasado por el centro de Hortaleza, sin embargo, no han disfrutado de este derecho.
El Gobierno regional ha dejado en un limbo al 73% de los adolescentes migrantes que han pasado por el espacio de acogida regional, según sus cifras oficiales, incluidas en el informe sobre los menores migrantes no acompañados de la Red Española de Inmigración, presentado a los diferentes grupos parlamentarios este miércoles en la Asamblea de Madrid.
En lo que va de 2018, 1.138 menores extranjeros no acompañados han sido atendidos por la Comunidad de Madrid, de los que 409 adolescentes, a los que el Gobierno regional denomina “menores en tránsito”, no han tenido reconocido un tutor legal. En el centro de Hortaleza, criticado por el Defensor del Pueblo desde hace años, el índice de tutelaje es ínfimo. De los 99 adolescentes que pasaron por sus instalaciones en 2018, 96 no han sido tutelados por el Gobierno regional. En lo que va de año, el porcentaje de menores sin documentación ha descendido, pero sigue superando el 70% de los casos. De los 82 adolescentes acogidos en sus instalaciones en 2019, la Comunidad de Madrid solo ha tramitado los papeles de 22 jóvenes.
¿Qué pasa con el resto? La Red Española de Inmigración realizó esa misma pregunta a la Comunidad de Madrid. La Consejería de Políticas Sociales y Familia denomina a esos niños, sin tutela a pesar de haber pasado por sus manos, como “menores en tránsito”, según un documento oficial remitido a la Red.
Es decir, la Consejería sostiene que estos niños que no han llegado a ser tutelados se habían escapado de su lugar de acogida o fueron sido reconocidos como mayores de 18 años. No obstante, sus cifras no desglosan las razones ni detallan el tiempo medio que tarda la Comunidad de Madrid en realizar dicho trámite.
Desde la Red han señalado su “preocupación por las dudas y descuadres que los datos facilitados por la Consejería ofrecen así como por la existencia de 'espacios grises' en los que la situación de los menores no acompañados parece depender de calificaciones arbitrarias”. Su portavoz, Rafael Escudero, ha denunciado que esta situación empuja a la desprotección a cientos de menores: “Mientras no tengas la tutela no tienes ningún derecho reconocido, ni estás regularizado, ni se ta ha formalizado ninguna medida de protección, ni nada. Un menor en transito es como si un chaval pasa por allí y se queda a comer”, sostiene.
Al bajo reconocimiento de la tutela por parte de la comunidad de Madrid, la Red suma entre las quejas expuestas en la Asamblea de Madrid las escasas cifras de tarjetas de residencia concedidas o solicitadas a los menores que sí han sido regularizados por el Gobierno regional cuando alcanzan la mayoría de edad.
De los 641 menores tutelados en Madrid en lo que va de 2019, 310 tienen concedida o solicitada la autorización de residencia, apuntan desde la Red. Según la organización, la Comunidad solo cuenta con dos abogados dedicados a esta finalidad, con lo que el proceso para regularizar esta situación se complica empujando a los adolescentes a la exclusión. “Cumplen 18 años y los dejamos sin papeles, sin un lugar a donde ir, y empujados a acudir al Samur Social”, ha cuestionado Escudero.
Las cifras del informe revelan “un incremento radical en las salidas de menores por cumplimiento de la mayoría de edad en los 10 meses del año ya acumulamos”. Si en 2018, 116 chavales hicieron los 18 años, solo en lo que va de 2019 se han producido 217 salidas por superación de la mayoría de edad. En toda la Comunidad de Madrid, recuerdan, existen solo 71 plazas para atender a los llamados “ex-menas”, y apoyarlos en el tránsito a su vida adulta.
“No hay plazas para el tránsito a la vida adulta o procesos y programas suficientes en las áreas de servicios sociales para apoyar a estos menores que además carecen de servicios jurídicos que se encarguen solo de sus actuaciones y necesidades”, han sostenido desde la Red frente a los representantes de diferentes grupos políticos. “Hay una evidente falta de coordinación en el crecimiento de recursos para el empleo y la integración socio laboral que dificulta la integración”, han destacado.
Desde la Red han resaltado la falsedad de aquellas declaraciones políticas que apuntan a un aumento de criminalidad entre los menores extranjeros no acompañados. De los 1.138 menores atendidos por la Comunidad en lo que va de año, 16 han sido internados en centros de reforma para adolescentes implicados en procesos penales.
La idea del aumento de la delincuencia dentro del colectivo, aseguran desde la Red, “queda contradicha por la existencia de solo 12 menores en situación de procesos penales que hayan derivado en su cambio a un centro de reforma en todo el año 2018”.