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Violencia verbal, empujones y golpes contra las mujeres porteadoras, según un nuevo informe

Gabriela Sánchez / Sònia Calvó

“Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo”, dice un agente de la Policía Nacional ante la multitud de porteadoras que tratan de entrar o salir de Ceuta. Ese 'todo' es el bulto que cargaron durante horas sobre su espalda, con el que han aguantado colas, avalanchas o empujones, cuyo peso ha dificultado aún más el ya sofocante cruce de frontera. Son los cinco euros del día. Y cortarlo, rajar sus bolsas de mercancía junto a la amenaza de golpearlas con las defensas, es uno de los castigos contra quienes no cruzan la frontera atendiendo a sus indicaciones.

Se trata de uno de los “abusos policiales” que, según denuncian en un informe Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento, adelantado a eldiario.es y que se presenta el jueves en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, caracterizan la gestión del tránsito de porteadoras por parte de los agentes fronterizos. Durante su investigación, el equipo ha sido testigo de “violencia verbal hacia las porteadoras, empujones y golpes tanto con las porras como con los pies”.

Estas mujeres son el eslabón más débil del “comercio atípico”, sobre el que se sustenta la actividad económica de las fronteras de Ceuta y Melilla, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Especialmente en Ceuta, donde no existe una aduana comercial con Marruecos, debido a que el Estado alauíta no reconoce esta ciudad autónoma como territorio español.

Este comercio alegal genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla, según los datos del Consejo español de Economía en 2005, recogidos en el informe estas tres entidades. Atendiendo a los datos de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca, 45.000 personas viven de esta economía atípica de forma directa. De ellas, el 75% son mujeres.

Son ellas, las porteadoras —mayoritariamente mujeres– quienes deben transportar sobre su cuerpo los fardos (que pueden alcanzar los 90 kilogramos) que posteriormente se venderán a un lado y a otro de la frontera. El trabajo pueden realizarlo a cuenta propia o por comisión. Tras cruzar el paso fronterizo, recogen los fardos en el polígono del Tarajal (en Ceuta) o en los terrenos y camiones aparcados en el Barrio Chino (en Melilla) y los transportan a territorio marroquí“, recuerdan en el informe.

“Una vez han llegado a territorio marroquí, entregan el fardo al cliente – en el caso de las porteadoras que trabajan por comisión – y a cambio reciben un salario que oscila entre los tres y cinco euros por fardo”, añaden. El hecho de que su trabajo lo realicen en el marco de una actividad alegal, dicen, supone la falta de regulación, lo que “conlleva que la situación de las personas que se dedican a ello sea frágil, tanto a nivel de derechos como de acceso a los servicios públicos”.

“Abusos” de “agentes sin preparación suficiente”

Y, en este contexto de actividad alegal generada desde las propia estructura institucional, quienes se encargan de materializarla son el foco de diferentes “abusos policiales” durante su paso por la frontera española, denuncia el informe. Sostienen que los agentes encargados de mantener el orden durante el paso de las porteadoras “no tienen la preparación suficiente para poder desarrollar dicho trabajo, que requiere capacidad de diálogo y mediación”.

Según denuncian, la organización del flujo sobre el que se sustenta la base del comercio atípico en Ceuta “se realiza en base a criterios de gestión del orden público en movilizaciones de masas” sin que los agentes policiales, en ocasiones unidades especializadas en antidisturbios, tengan conocimiento de idiomas específicos, como francés o árabe.

En los pasos desde territorio español al territorio marroquí, los casos de violencia verbal por parte de los agentes “son diarios y las agresiones físicas muy comunes”, denuncia el informe. “Las fuerzas de seguridad rasgan con cuchillos los bultos de las porteadoras, ya sea mientras los están cargando en la espalda o incluso en el punto de recogida”.

“Es sorprendente e ilegal que los agentes utilicen cuchillos en los dispositivos a través de los cuales se provocan cortes en los sacos de las porteadoras”, denuncia Iridia. Los investigadores han observado la “violencia” ejercida “mayoritariamente hacia personas ancianas que cargaban con los fardos en su espalda” cuando las porteadoras “se amontonan o tratan de pasar”.

La “violencia” de la propia estructura fronteriza

Los horarios de los pasos fronterizos destinados a las porteadoras –de seis de la mañana a dos de la tarde aproximadamente– también impactan de forma directa en los derechos y en los riesgos laborales de estas, destaca el informe. Dado que la exención de visado para los ciudadanos de las ciudades marroquíes fronterizas con Ceuta y Melilla no permite dormir en territorio español, “las porteadoras no logran pasar la mercancía antes del cierre de los pasos fronterizos, se ven obligadas a pernoctar en las ciudades pasando a estar en situación administrativa irregular”, recuerdan.

El informe también precisa cómo es el diseño de los pasos fronterizos, un factor clave que, a juicio de los investigadores, “conduce inevitablemente al amontonamiento de las personas” y lleva a “situaciones de tensión, amontonamiento, asfixia e incluso avalanchas”.

Según describen, en el paso del Tarajal, frontera oficial de Ceuta, apenas dos personas –una al lado de la otra y sin contar con la mercancía–, pueden pasar por los “estrechos” pasillos delimitados por vallas. En el caso del paso del barrio Chino, en Melilla, el documento lo califica como “un embudo” que se va estrechando y “solo permite el paso de las porteadoras una a una por sus extremadamente reducidas dimensiones”.

El pasado febrero se inauguró el paso del Tarajal II en Ceuta, con el objetivo, según el Gobierno, de “dignificar el trabajo de las mujeres porteadoras marroquíes”. La situación, critica la organización “no ha mejorado y los colapsos y avalanchas se siguen produciendo” con consecuencias, en ocasiones, mortales para las mujeres.

Un mes después de la puesta en marcha del nuevo paso fronterizo, Suad O. M, una joven porteadora, falleció tras quedar herida en una avalancha a la salida. Otras dos mujeres, Bursha y Zhona, murieron asfixiadas en una avalancha en el Tarajal en 2009. Lo mismo ocurrió en el Barrio Chino de Melilla en 2008, con la muerte de Safia Azizi. De acuerdo con el informe, según organizaciones locales, “se han producido más casos de muertes que no han sido documentados”.

Protocolos de actuación

Este hecho, la vulnerabilidad de estas mujeres, el bajo precio recibido por cada fardo y la misma estructura de los pasos empujan a las porteadoras a cruzar la frontera todas las veces posibles en un limitado plazo de tiempo a través de estrechos pasillos, lo que aumenta la posibilidad de empujones, nerviosismo y avalanchas durante las horas en las que su paso está permitido.

“Se vulneran los derechos de las porteadoras tanto a través de la misma naturaleza de su trabajo y de las estructuras de los pasos por donde se les permite circular como por el trato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad”, resume la investigación de Irídia, Novact y Fotomovimiento.

Por esta razón, recomiendan la realización de “reformas arquitectónicas necesarias para que los pasos estén adaptados a la seguridad” de las porteadoras, así como la creación de protocolos para la gestión del comercio “atípico”. También aconsejan la dotación de personal que no sea únicamente policial para la gestión del fenómeno y la realización de una “auditoría para analizar las vulneraciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los últimos años sobre las porteadoras”

“A las porteadoras, pese a estar en la economía sumergida, no se las considera como trabajadoras. Lo que se hace es que se contrata a las porteadoras para que pasen la mercancía desde el lado ceutí de la frontera hasta el lado marroquí”, explica Cristina Fuentes de APDHA. “Son animales de carga. Las mujeres quieren pasar porque es su bulto, y le rompen el bulto, se lo tiran, con un cuchillo se lo abren... En fin, [las tratan como] animales”, concluye el activista José Palazón, presidente de la ONG local Prodein.

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