El mapa de la exclusión de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria
Amadou es guineano y no tiene permiso de residencia en España. Necesita diálisis tres veces a la semana. Cuando en septiembre entró en vigor la reforma que excluye a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario, le obligaron a firmar en el hospital un documento comprometiéndose a pagar las sesiones de diálisis. Esto a pesar de ser enfermo crónico, un grupo de la población al que no se le ha retirado la atención. Mercedes tampoco tiene papeles, es diabética y está embarazada. Cuando acudió al centro de salud no la atendieron por no tener tarjeta sanitaria. La primera ecografía no se le realizó hasta las veinte semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un accidente de tráfico. Ousmane es marroquí y no tiene permiso de residencia. Le han diagnosticado diabetes, pero no recibe ningún tipo de atención sanitaria y no tiene dinero suficiente para pagar la medicación ni la insulina necesaria para tratar su enfermedad. Compra dosis cuando puede y se la suministra solo en ocasiones excepcionales, sin control médico.
Amadou, Mercedes y Ousmane son solo algunos de los casos que Médicos del Mundo ha registrado desde que entró en vigor el decreto hace tres meses y que ha hecho públicos hoy. La organización, que asesora a inmigrantes afectados, asegura que Madrid, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia, son las comunidades autónomas que han aplicado con más dureza el decreto. Y, concretamente, Aragón, Madrid, Baleares y Castilla La Mancha, los territorios donde han registrado más casos y de carácter más grave.
En este mapa, Médicos del Mundo ilustra cómo ha sido la implantación de la reforma sanitaria por comunidades autónomas. El rojo está ligado a las CCAA anteriores. El amarillo a Navarra, Castilla y León, Galicia y Valencia, donde a pesar de haberse aplicado la norma se han buscado alternativas para que la atención llegue a personas excluidas más allá de los mínimos establecidos. Y el verde a Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco, donde la cobertura sigue siendo completa para todos los inmigrantes, estén o no en situación irregular.
La organización denuncia que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue existiendo desconcierto entre el personal sanitario y administrativo y las personas afectadas. Este caos tiene su origen en la “derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a embarazadas y menores”, dice en un informe (puede consultarse aquí) donde recuerda también que el decreto “genera desigualdad tanto entre distintas comunidades autónomas como entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas”.
Solo Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia han elaborado documentación informativa para el personal sanitario (ya sea una circular, instrucción, comunicado o carta a los profesionales). “Los contenidos que abordan estos documentos son también variopintos: mientras que unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas. Por otra parte, la mayoría de estas regulaciones tienen carácter provisional”, asegura la ONG.
Casos como el de Amadou, Mercedes y Ousmane los conocemos hoy porque han dado el paso de ponerse en contacto con una ONG. Otros, por miedo, desconfianza o desconocimiento, no llegan a darlo, “lo que hace imposible”, recuerda Médicos del Mundo, “determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en nuestro país”.
[Actualización 23:40. He añadido la CCAA de Cantabria, que no aparecía en el texto. Gracias, UnpocoDtodo.]
