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Unicef pide a la Fiscalía que proteja al chico gambiano que acudió a la ONU: “Tiene que ser tratado como niño”

Imagen de archivop. Un menor migrante llegado a Tenerife en patera.

Gabriela Sánchez

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Primero alzó la voz el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, luego el Defensor del Pueblo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ahora, es el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) el organismo que pide a la Fiscalía el retorno a un centro de menores de Abdou (nombre ficticio), un chaval gambiano que asegura tener 14 años y lleva más de dos semanas en la calle sin protección, dado que el Ministerio Público duda de los datos contenidos en sus documentos, verificados por la Embajada de Gambia.

“En el momento en que haya duda sobre la minoría de edad, tiene que ser tratado como niño”, dice Sara Collantes, responsable de migraciones en Unicef España.

La Agencia de la ONU solicita así al Ministerio Público y a la Comunidad de Madrid “garantizar el principio de presunción de minoría de edad” para Abdou y que, en consecuencia, pueda volver a un centro de menores mientras el Comité de los Derechos del Niño de la ONU resuelva su caso, presentado por la Fundación Raíces. “Ese chico tiene que ser asistido por el sistema de protección de infancia. El Comité se ha pronunciado en esta línea y esperamos que pronto se pueda  ejecutar”, añade Collantes. 

“No hay que esperar a nada más”

La portavoz de Unicef recuerda que el caso de Abdou es una ejemplo de una práctica “repetida” en España. “Ocurre mucho en nuestro país. No se pueden quedar más casos al margen de la presunción de minoría de edad, estamos dejando a un presunto menor de edad en la calle sin protección, vulnerando sus derechos”, insiste. “No hay que esperar a nada más: tiene que ser tratado como un niño”. 

El chico, que llegó solo a Las Palmas en patera en agosto, fue tratado como un adulto en Canarias y en los diferentes destinos de la península a donde fue trasladado: Granada, Barcelona y Madrid. En la capital logró ingresar en un centro de menores, pero la Fiscalía meses después decretó su mayoría de edad a pesar de que su pasaporte y su acta de nacimiento dicen que tiene 14 años.

Aunque el Supremo sostiene que los chavales que tengan documentación válida no deben ser sometidos a los exámenes de determinación de la edad, el Ministerio Público pidió a Abdou hacerse estas pruebas médicas, cuestionadas por su amplio margen de error y su carácter invasivo. El chaval, aconsejado por su abogada atendiendo a la jurisprudencia del Alto Tribunal, rechazó realizarlas. La fiscal, que alegaba no confiar en el procedimiento de expedir pasaportes por parte de Gambia, declaró que el chico superaba los 18 años. 

Sobre las razones esgrimidas por la Fiscalía de Menores de Madrid, Unicef recalca que no son suficientes para dejar a Abdou en la calle mientras se dude de su minoría de edad. “Es importante que los niños no puedan pagar las consecuencias de una serie de trámites jurídico-administrativos relacionados con el derecho internacional, deben estar protegidos de esos desajustes entre sistemas, por eso existe el principio de presunción de minoría de edad”, añade Collantes. 

El organismo de la ONU para la Infancia también cuestiona el abuso de las pruebas de determinación de la edad en aquellos casos que, en base a la jurisprudencia y la legislación internacional, no procedería. “Lo dice el Supremo y el Comité de los Derechos del Niño: cuando hay una documentación válida no se debe recurrir a procedimientos y el Estado debe abstenerse de recurrir a procedimientos invasivos que tienen márgenes de error muy altos”, dice Collantes, quien recuerda que España “tiene una asignatura pendiente con la reforma de procedimiento de determinación de la edad” dado que “no se practica de acuerdo los estándares internacionales”. El Estado español ha sido reprendido por las Naciones Unidas en una decena de dictámenes en los que el Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención, de la que el Estado español es firmante. 

Otros apoyos

Este martes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mostró “su preocupación” hacia el caso de Abdou y apoyó el retorno del chico a un centro de menores: “Mientras existan dudas en casos como este, debe prevalecer la presunción de minoría de edad. Así lo marca la ley y el sentido de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU”.

También el Defensor del Pueblo se ha pronunciado recientemente sobre el caso. La semana pasada, Ángel Gabilondo pidió a la Fiscalía General del Estado que realice las gestiones necesarias para proceder al ingreso del chaval en un centro de protección de menores “en tanto se encuentre pendiente el procedimiento iniciado ante el Comité de los Derechos del Niño”.

En su respuesta a una queja interpuesta por la Fundación Raíces, organización que apoya jurídicamente al chaval, la institución aseguró haber iniciado “actuaciones con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid”, con competencia en la acogida de los menores en desamparo.

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