Almunia insta a la Eurocámara a aprobar la ley para víctimas de monopolios

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, instó hoy a la Eurocámara a respaldar pronto su propuesta de directiva que facilita las indemnizaciones a consumidores y empresas por los daños y perjuicios provocados por los monopolios.

“El debate parece estar estancado en disputas procesales que pueden retrasar artificialmente su adopción más allá de la vigencia de este Parlamento. Esto sería lamentable”, aseguró Almunia en una intervención en el Colegio Europeo de Brujas (Bélgica).

El vicepresidente de la CE pidió a los eurodiputados que respalden el documento antes del término de esta legislatura, el próximo mes de mayo, ya que de lo contrario se podrían crear “problemas innecesarios” a las autoridades responsables de las políticas de competencia.

“Una incertidumbre prolongada sobre este punto podría afectar gravemente a la efectividad de nuestra lucha contra los cárteles”, aseguró.

“Estoy seguro de que este Parlamento no quiere ser responsable de las consecuencias que las demoras artificiales y mal motivadas pueden tener sobre la competencia”, añadió.

El borrador de directiva, que debe ser aprobado por la Eurocámara como por los estados miembros antes de entrar en vigor, incluye una serie de medidas para eliminar los obstáculos a los que deben hacer frente las víctimas cuando exigen una compensación por haber pagado un precio más alto por un producto o haber perdido posibles ganancias como consecuencia de los cárteles.

Almunia defendió que esta legislación asegurará un acceso “efectivo” a las compensaciones y fortalecerá la lucha contra los monopolios.

Además, recordó que sólo el 25 % de las infracciones de las normas de competencia detectadas en los últimos siete años motivaron acciones legales por parte de los perjudicados, en su mayoría grandes empresas, y que las reclamaciones se concentraron en el Reino Unido, Alemania y Holanda.

La directiva propuesta busca facilitar el acceso de los demandantes a las pruebas documentales en manos de las empresas del cártel y que, al mismo tiempo, las decisiones de las autoridades nacionales constituyan una evidencia ante la Justicia.

Además, amplía el periodo de reclamación por daños y perjuicios en un año y trata de garantizar que los consumidores finales, que son los que verdaderamente sufren el incremento del precio, sean los que reciban la indemnización.

El documento también aclara que las víctimas deben ser compensadas tanto por la pérdida sufrida como por el lucro cesante.