Rousseff dice que controversia en torno a Belo Monte es por “desconocimiento”

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aseguró hoy que la polémica generada en torno a la hidroeléctrica de Belo Monte, la segunda mayor del país, erguida en medio de la selva amazónica y a cuya construcción se opusieron ecologistas, indios, agricultores y pescadores, fue por “desconocimiento”.

“Belo Monte fue objeto de controversia, pero mucho más por el desconocimiento que porque fuera una planta problemática”, opinó la jefa de Estado durante la inauguración de la hidroeléctrica, que comenzó a operar comercialmente hace dos semanas.

Rousseff dijo tener “inmenso orgullo” de haber apoyado iniciativas como la de Belo Monte que, en su opinión, “traen tantas ganancias sociales y ambientales”.

La mandataria aseguró también que la hidroeléctrica “es un proyecto de desarrollo para Brasil” porque traerá “seguridad energética” al país y para la región norte que, apuntó, “tradicionalmente no recibía atención de las personas que gobernaban el país”.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Marco Antônio Martins Almeida, garantizó que las obras “están en consonancia con los compromisos adquiridos en la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático (COP21)” y destacó que la electricidad producida será “suficiente para atender 40 % del consumo residencial de todo el país con impactos ambientales muy reducidos”.

La energía comercializada por Belo Monte en la actualidad es de 611,1 megavatios procedentes de una de sus 18 turbinas y el objetivo es activar una nueva turbina cada dos meses hasta alcanzar, en 2019, la capacidad máxima de la hidroeléctrica, que es de unos 11.200 megavatios.

Sin embargo, para lograrlo, el proyecto pasa por sumergir bajo el agua unos 506 kilómetros cuadrados de selva y, para tal fin, entre 16.000 y 25.000 personas ya han sido desplazadas.

De hecho, desde que comenzó a ser construida en marzo de 2011 en Altamira, localidad del norteño estado de Pará, las obras han encontrado la resistencia de varios sectores ecologistas preocupados por el impacto medioambiental y habitantes de la región.

Una muestra más es la manifestación que hoy congregó a unas 300 personas en Altamira, donde se han intensificado las protestas desde el inicio de esta semana, cuando se anunció la visita de Rousseff.

Los manifestantes llegaron a cortar durante una hora y media la única autopista que da acceso a la represa, bloqueando la entrada de los trabajadores.

Las obras de la presa, con un costo calculado de unos 10.600 millones de dólares, han sido paralizadas en varias ocasiones.

En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) autorizó a Belo Monte a iniciar sus operaciones pese a que los técnicos del organismo admitieron que Norte Energía, la empresa encargada de la construcción, había ignorado las exigencias ambientales y de protección de las comunidades indígenas afectadas.

El organismo emitió la licencia a cambio de que la empresa se comprometiera a tomar medidas inmediatas al respecto.

No obstante, en abril el Ibama volvió a reaccionar e impuso a Norte Energía una multa de 10 millones de dólares por ser responsable de la muerte de 16,2 toneladas de peces en las aguas del río Xingú, donde se erige la hidroeléctrica.