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Uruguay renovó la autorización ambiental para la planta de celulosa de UPM
El Gobierno uruguayo renovó la autorización ambiental para la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) cuya construcción y funcionamiento generó el peor conflicto en décadas con Argentina y motiva protestas de grupos ambientalistas, informa hoy la prensa local.
El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, firmó el 31 de octubre el nuevo permiso, informa el diario La República en su página digital.
La Autorización Ambiental de Operaciones (AAO) para la planta se debe renovar cada tres años y la vigente vencía mañana, agrega el diario.
Beltrame destacó, además, que UPM está ampliando las medidas de control y cuidado del medio ambiente que le exigió el Gobierno del presidente José Mujica en contrapartida a la autorización para aumentar de 1,1 a 1,2 millones de toneladas de celulosa su producción anual.
La empresa pretendía elevar a 1,3 millones su producción anual.
A pesar de la oposición de las autoridades argentinas, el Gobierno uruguayo otorgó hace un mes la autorización de ampliar la producción pero exigió que UPM rebaje el contenido de fósforo en las aguas que se vierten al limítrofe río Uruguay y que se enfríe a menos de 30 grados la temperatura de las mismas.
La fábrica está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, y frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguaychú.
Integrantes de la Asamblea Ambiental de esta última localidad marchan este domingo hasta el puente internacional General San Martín y realizan una protesta náutica en el río Uruguay en rechazo a la planta y para advertir sobre los riesgos de contaminación.
La instalación en 2005 de la planta de Botnia (hoy UPM) derivó en el bloqueo por parte de la Asamblea Ambiental de ese puente, el principal que une ambos países sobre el río Uruguay.
Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.
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