La Fiscalía Anticorrupción acusa a una filial de Iberdrola y a cuatro directivos de causar un perjuicio a otras compañías y a los consumidores de 107.340.000 euros en el año 2013, un daño que recayó en más de 80 millones de euros en los clientes de las eléctricas.
“Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”, dice el escrito de Anticorrupción. “El perjuicio fue causado a los consumidores por valor de 107.340.000 euros por contratos a precio variable y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos”, añade.
En su escrito, el fiscal Antonio Romeral pide dos años de cárcel para los cuatro directivos y una multa de 84.891.272 euros como “decomiso de las ganancias obtenidas”. Además, los acusados indemnizarán con la cantidad del perjuicio, 107.340.000 euros de forma conjunta y solidaria a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten haber sufrido esos incrementos de precios artificiales.
El fiscal Romeral explica cómo se produjo la maniobra de Iberdrola: Entre el 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013, la compañía aumentó, “sin causa legítima que lo justificara, el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban a un coste óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”.
Romeral atribuye la operación al equipo directivo de Iberdrola Generación S.A.U: Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos; y Javier Paradiñas, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. Para todos ellos pide los dos años citados de cárcel por un delito relativo al mercado y los consumidores.
Iberdrola, explica el fiscal, quebrantó “el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado, situado entre los 80/90 euros/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas, situado en 45/55 euros/MWh”.
El fiscal Anticorrupción explica que a partir del 24 de diciembre de 2013, el cambio en las condiciones meteorológicas “por fuertes borrascas y viento”, provocó la reducción del precio de la energía por la “importante aportación de fuentes renovables”.
“La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MHw, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros, teniendo en cuenta que la misma en el periodo objeto de acusación fue 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156”, añade el fiscal. Y concluye: “Iberdrola despachó en el periodo que nos ocupa 2.965.779 megavatios, lo que supuso un beneficio de 21.222.818 euros”.
Anticorrupción considera perjudicadas a 18 comercializadoras, la que menos por valor de 993,35 euros y la que más por más de 6 millones. En total 10,5 millones de pérdidas para las comercializadoras.