Ciudadanos pide deducciones en el IRPF a inversores en 'startups de Internet'

Ciudadanos insta a promover la inversión en las empresas emprendedoras digitales españolas (startups de Internet) con deducciones en el IRPF sobre los importes de las acciones o los rendimientos de capital provenientes de beneficios.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado hoy una proposición no de Ley para debatir en la Comisión de Economía del Congreso con el fin de establecer medidas que impulsen el desarrollo de la economía de las startups de Internet.

En este sentido, alude al modelo británico en el que se reconoce formalmente a una empresa como startups on line y a un inversor con el término de 'business angel' y que otorga facilidades a ambos a través de incentivos fiscales para la inversión o reinversión.

En particular, a aquellos inversores personas físicas que inviertan en este tipo de empresas a través de un Programa de Fomento del Capital Semilla.

Ciudadanos pide una deducción en el IRPF del 50 % del importe de las acciones o participaciones adquiridas en startups de Internet, con una inversión máxima anual deducible de 150.000 euros y exenciones en el IRPF del 100 % de los rendimientos de capital sobre sus beneficios siempre que se hayan mantenido en el patrimonio del inversor durante al menos 2 años.

Asmismo, urge impulsar medidas que faciliten la creación de una startup en Internet para que se puedan constituir en 24 o 72 horas con menos de 100 euros y sin necesidad de notario, al tiempo que pide establecer umbrales de ingresos por debajo de los cuales la nueva empresa no está obligada a interactuar con la Administración Pública durante los 2 primeros años.

Ciudadanos afirma que se debe impulsar el cambio del modelo productivo de España fomentando estos sectores innovadores, de alto valor añadido, por lo que solicitan mejorar la financiación pública en sectores estratégicos y reformar la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial para impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa.

La proposición no de Ley pide además establecer un Registro Público Estatal de Inversores Acreditados, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que libere a las plataformas de financiación participativa de la obligación de acreditar la situación financiera y patrimonial de los inversores.