Colectivos por la vivienda reclaman al Gobierno un decreto para cortar la “pandemia” de desahucios

Como una esclusa que se abre, los desahucios han repuntado en España tras el fin del estado de alarma y rondan ya los 250 diarios, según ha denunciado este miércoles la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una rueda de prensa enfrente del Congreso de los Diputados. Entre los colectivos de defensa del derecho a la vivienda sentó mal la sorpresa que mostró la semana pasada el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ante el desalojo de una familia en el barrio madrileño de Carabanchel, y piden una paralización inmediata por decreto de los desahucios sin alternativa habitacional. “Hay una pandemia, y paralelamente hay otra pandemia de desahucios”, criticó el portavoz de la PAH Jorge Aranda.

De fondo están los límites de los dos decretos aprobados por el gobierno para limitar los desalojos con motivo del coronavirus, que permiten la suspensión de las expulsiones cuando se puede acreditar una vulnerabilidad como resultado de la pandemia, pero no en situaciones que se viniesen arrastrando desde antes. Cuando la interrupción de los plazos procesales caducó el pasado 4 de junio, los juzgados empezaron a dar salida a espuertas a los procedimientos. “Los datos fehacientes es que entre el 4 y el 30 de junio hubo 1.343 desahucios”, indicó Aranda. La cuenta sale a unos 50 por día, que no han hecho sino incrementarse desde entonces, según la PAH.

“El decreto que planteamos no permite los desahucios. En teoría, no tiene que plantearse ninguno porque los suspendimos durante el estado de alarma”, defendió Ábalos hace una semana, después de que el diputado de ERC Gabriel Rufián mostrase una imagen del desalojo de Carabanchel, que afectó a cuatro niños, sus padres y su abuela.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos Fernando Bardera aprovechó este miércoles el comentario para insistir. “El ministro Ábalos parece ser que no estaba al corriente de esta situación. Ahora que lo está […] solo tiene dos opciones: retratarse y demostrarnos que están con las élites económicas, asfixiando a la ciudadanía para que no pierdan poder adquisitivo, o redimirse y de manera inmediata paralizar por real decreto todos los desahucios sin alternativa habitacional sean por impagos, extinciones de alquiler, hipotecarios e incluso okupaciones”, emplazó.

Los convocantes, que optaron por no usar el altavoz que llevaban para evitar conflictos con la policía que vigilaba el acto, incidieron en la contradicción que supone estar a las puertas de un posible nuevo confinamiento, con obligación de no salir de casa, y la circunstancia de quedarse sin casa. “La primera y fundamental arma en la defensa de salud pública es el derecho a una vivienda digna donde se pueda realizar un confinamiento seguro, sano. En ese sentido, los desahucios ponen en riesgo la salud colectiva, y prohibirlos salva vidas”, razonó Aranda.

Acompañando a los portavoces estaban unos 50 afectados, además de integrantes de colectivos contra la pobreza energética y por la defensa de las pensiones. También Georgina Danciuc, expulsada hace dos meses de su vivienda de Arganda del Rey, donde residía con su hijo con un contrato de alquiler con opción a compra. Un fondo adquirió la vivienda y planteó la disyuntiva: “O compras o te vas”. Desde entonces está en un hotel, previa gestión del ayuntamiento tras acampar durante más de un mes ante el consistorio. Danciuc trabaja de celadora en el hospital de La Paz.

“No pido limosna ni nada gratis, somos muchos los que hemos cotizado años y nos merecemos esa casa digna de la que tanto se dice en la Constitución”, reclamó Danciuc.