La comisión sobre crisis financiera aborda este mes el dictamen de conclusión

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario entra en su recta final y preparará este mes su dictamen de conclusiones con las recomendaciones de los partidos políticos, que perseguirán mejorar la regulación del sector bancario para evitar futuras crisis.

Los partidos que componen la comisión están redactando sus informes tras más de un año y medio de comparecencias al más alto nivel, con el fin de que se emita un dictamen conjunto que pueda ser debatido y votado en el Pleno a finales de año.

La presidenta de la comisión parlamentaria, Ana Oramas, ha prolongado hasta el 18 de octubre el plazo para que los partidos presenten sus conclusiones.

La comisión de investigación bancaria se constituyó el 11 de mayo de 2017 y por ella han pasado más de 80 intervinientes.

En julio empezó sus trabajos con las comparecencias del entonces gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y del exgobernador Jaime Caruana, y casi quince meses después la comisión ha finalizado sus trabajos.

Los partidos aprobaron por unanimidad aclarar las causas de la crisis y su gestación desde 2000 a 2007, así como las respuestas dadas de 2007 a 2012.

También han analizado el papel que tuvieron las cajas y la influencia de los políticos en sus consejos al tiempo que durante semanas se profundizó en la crisis de Bankia y su rescate.

Los portavoces interpelaron a los responsables de los organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero también del FROB, de Sareb o a los inspectores del Banco de España.

Por la comisión han pasado altos cargos internacionales como la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König; el excomisario de Asuntos Económicos Olli Rehn o el exjefe de la Misión en España de la CE Servaas Deroose.

Rehn afirmó que el rescate de 41.000 millones de euros a la banca y la disponibilidad de hasta 100.000 millones fue “crucial” para recuperar la confianza de los mercados en España, mientras que Deroose aseguró que el proceso fue un “éxito”.

El director general del FROB, Jaime Ponce, consideró que fue “la mejor de las opciones y, probablemente, la única de las alternativas admisibles”, mientras que la presidenta de la JUR defendió la intervención y venta inmediata del Popular, porque de lo contrario habría cerrado y los clientes no habrían tenido acceso a su dinero.

La intervención de König fue muy criticada porque se negó a desvelar íntegramente el informe de Deloitte que fue clave para llevar a cabo la resolución del Popular.

No obstante, la comisión alcanzó su punto álgido en enero de este año con los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Salgado negó haber realizado llamadas a empresarios o banqueros para que compraran acciones de Bankia en su salida a Bolsa y achacó a Grecia e Irlanda la recaída de la economía española en 2010, al tiempo que Solbes dijo que José Luis Rodríguez Zapatero “debió ser más valiente” para intentar “frenar el tren”, en alusión a una economía que estaba a punto de descarrilar.

La presencia de Rato fue una de las mas fotografiadas, y además de dar a entender que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso el rescate de la economía española en su conjunto y defender su gestión como máximo responsable de Bankia denunció un supuesto complot para detenerle y encarcelarle.

Muy polémica fue la frase que le espetó al portavoz de Ciudadanos tras asegurar que el rescate bancario había costado más a los accionistas que al erario público y afirmar: “es el mercado, amigo”.

El proceso de resolución del Banco Popular y su venta al Santander por 1 euro, que coincidió en pleno trabajo de la comisión, fue debatido con los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Ambos protagonizaron un duro cruce de acusaciones sobre sus respectivas gestiones al frente de esta entidad.

La mayoría de los dirigentes de la banca han reclamado certidumbre para dar confianza a los clientes y advierten de que deben asegurar sus rentabilidades para poder seguir dando créditos.

Ministros y reguladores han defendido que actuaron según las normas financieras del momento y las directrices europeas, al tiempo que la comisión ha escuchado diversas recomendaciones para dar mayor transparencia y protección a los consumidores.