Competencia requisa a Endesa 11.653 correos y 37 gigas en su investigación por posibles trabas al autoconsumo

La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requisado a Endesa 37 gigas de información y al menos 11.653 correos electrónicos en la ronda de registros que ha realizado en varias sedes de la eléctrica, tras una serie de denuncias que relataban, entre otras prácticas, posibles trabas al desarrollo del autoconsumo. 

La Sala de Competencia acaba de rechazar los recursos de Endesa para tumbar sendas inspecciones realizadas en junio por la CNMC en las sedes de la eléctrica en Madrid y Zaragoza.

En dos resoluciones del pasado 27 de septiembre, Competencia revela que la investigación, que afecta a varias compañías del sector, entre ellas la filial de la italiana Enel, va más allá del autoconsumo y abarca también los mercados de comercialización eléctrica, contadores o servicios energéticos. Las posibles prácticas anticompetitivas se vendrían realizando “al menos” desde febrero de 2020. 

Otra de las compañías investigadas es Naturgy, cuya sede también inspeccionó la CNMC antes del verano. El organismo no ha abierto expediente sancionador. En el caso de Endesa, “las posibles prácticas” anticompetitivas serían “previsiblemente de alcance nacional” y no circunscritas a una sola comunidad autónoma.

Fuentes de Endesa recuerdan que recurrir ante la propia CNMC (que prácticamente siempre desestima estos recursos) es requisito necesario para acudir a la vía judicial. Ahora, la eléctrica recurrirá a la Audiencia Nacional para tratar de tumbar esos registros.

En su argumentación ante la CNMC, la filial de Enel expuso que la orden de inspección de la CNMC se extralimitaba “con creces” del “único indicio del que partía” su Dirección de Competencia, diez denuncias recibidas entre el 17 de octubre de 2022 y el pasado 31 de mayo. Estas denuncias, según Endesa, “solo se refieren a la actividad de distribución de energía eléctrica” de su filial Edistribución. También aseguraba la eléctrica que los registros adolecen de “falta de proporcionalidad”.

“Endesa ha señalado que gran parte del material incautado por la CNMC tenía carácter privado, incluyendo fotografías personales, o estaba sometido al secreto profesional, que la CNMC no ha respetado. Endesa entiende que las actuaciones de la CNMC son contrarias a la jurisprudencia nacional y comunitaria”, dicen fuentes de la eléctrica.

En sus resoluciones, Competencia replica a la eléctrica que “las denuncias no se limitan a denunciar prácticas de la empresa distribuidora” y “van más allá, señalando la articulación de esta actividad como palanca utilizada por el Grupo Endesa para obstaculizar el normal funcionamiento de otros mercados dependientes”.

Competencia revela que ya hubo una primera ronda de inspecciones entre el 24 y el 28 de abril. En la segunda tanda de registros en Madrid y Barcelona, entre el 19 y el 23 de junio, pidió registrar las dependencias de la eléctrica con “un listado específico y minucioso de las prácticas denunciadas”.

En concreto, “la existencia de presuntas estrategias de cierre de mercado y de desprestigio en el mercado de instalación de equipos de medida”, “obstaculización y desprestigio de comercializadoras independientes y prestación de servicios energéticos” y “cierre del mercado del autoconsumo colectivo e industrial con excedentes, mediante prácticas de bloqueos y retrasos”.

En las inspecciones de junio, la CNMC se incautó inicialmente de cerca de 2 millones de mails y 4.000GB de información en los equipos del personal de Endesa en Madrid y Zaragoza. En la capital, de un total de 1.219.422 correos electrónicos requisados inicialmente, “tan sólo se han recabado 7.570 correos, esto es, el 0,62%. En cuanto a los archivos, de los 2.479GB revisados inicialmente se han recabado un total de 8,4GB, esto es, el 0,33% del total de la documentación”.

En Zaragoza, y una vez realizada una primera selección, se revisaron en una sala de trabajo facilitada por la empresa a los inspectores 722.827 correos electrónicos. “Tan sólo se han recabado 4.083 correos, esto es, el 0,56%. Y en cuanto a los archivos, de los 1.519GB revisados se han recabado un total de 17,12GB, esto es, el 1,1% de la documentación preseleccionada”.

Endesa argumentó que “en los más de 37GB incautados” por la Dirección de Competencia “indiscriminadamente” había “documentación sujeta a secreto profesional, que no guarda relación alguna con la distribución eléctrica ni con el tipo de infracción presuntamente investigado” o que estaba “muy alejada temporalmente del presunto indicio de infracción; así como numerosos documentos que pese a ser neutros al objeto de la inspección, constituyen documentos confidenciales y relativos a otras áreas de negocio del Grupo Endesa”.

Incluso, afirma, los inspectores se llevaron “documentos elaborados por o a petición de la propia CNMC, datos financieros, documentos relacionados con contratos públicos de alumbrado, conversaciones por Teams y Whatsapp, etc. respecto de los cuales no tenía cobertura judicial, extralimitándose del indicio original”.

Esto, según Endesa, “vicia toda la actuación inspectora” por lo que se denomina en el argot del sector “fishing expedition”: la pesca indiscriminada de pruebas de prácticas anticompetitivas.

Replica la CNMC que los registros estaban acotados porque sus inspectores “recabaron información de 16 y 13 trabajadores respectivamente, respecto de una plantilla que la propia empresa cuantifica en 9.258 empleados”. Y que, para seleccionar los documentos, primero “los inspeccionados deben identificar la información de carácter personal, así como la documentación protegida por la confidencialidad de las relaciones abogado-cliente, para que tras una somera revisión por los inspectores quede excluida de la siguiente fase del análisis si se confirma dicha naturaleza”. 

Una vez trasladada la información a la sala de trabajo habilitada por la empresa para los inspectores, se aplican distintas herramientas y criterios de búsqueda para determinar la documentación que finalmente será recabada por el equipo inspector, en un procedimiento que, recuerda, tiene el aval del Tribunal Supremo.

Negativa en Sevilla

Competencia recibió el visto bueno de los juzgados de lo Contencioso Administrativo 10 de Madrid y 5 de Zaragoza para esas inspecciones en esas dos ciudades, en sendos autos que Endesa recurrió. En Sevilla, donde Endesa es la principal distribuidora, las inspecciones fueron denegadas por la justicia, “por entender que no existían indicios de ninguna infracción y que la orden de inspección era desproporcionada y tenía un ámbito excesivo”, explican fuentes de la eléctrica.

Las resoluciones de la CNMC revelan que tras la primera denuncia presentada en octubre de 2022 se abrió una diligencia previa “relacionada con los mercados de prestación de servicios de telemedida”. El 31 de marzo llegó una segunda denuncia de otra empresa por las mismas prácticas. Y el 13 de abril, otra relacionada con la comercialización de luz y la prestación de servicios energéticos. 

“Las prácticas investigadas se centraban en el ejercicio de la actividad regulada de distribución eléctrica” de Endesa, “dificultando mediante estimaciones, incidencias y retrasos de facturación la viabilidad, actividad y operatividad de terceras empresas competidoras en los mercados de comercialización de energía eléctrica y de prestación de servicios energéticos, con el objeto último de perjudicar a dichas empresas tanto a nivel económico como reputacional”.

El 29 de mayo llega la primera de las seis denuncias recibidas relacionadas con el autoconsumo. Una de las denunciantes es la madrileña Energy Solar Tech, que cotiza en el mercado de pymes BME Growth. 

Endesa ha pedido, sin éxito, “acceso a todas las actuaciones previas a su personación en el procedimiento”, en particular, “las denuncias íntegras” y “cualquier otra conversación o medida de instrucción previa que la DC haya podido realizar antes de dictar la Orden de Inspección”.

La eléctrica también ha reclamado a Competencia “toda la documentación incorporada al expediente con posterioridad a la realización de la inspección, incluidos los informes elaborados por la CNMC y por la Abogacía del Estado”. Ahora, intentará tener acceso a esa información reclamándolo a la Audiencia Nacional.