El Congreso convalida el decreto ley de ayudas directas a las empresas entre reproches por la tardanza

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de ayudas directas a las empresas afectadas por la crisis de la pandemia de Covid-19, que podrá modificar tras aprobar su convalidación como proyecto de ley. Esta tramitación, permitirá a los grupos proponer cambios a través de enmiendas. Como cada decreto ley, sus medidas se encuentran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero tras su aprobación debe ser sometido a votación en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, ser derogado.

Además del PSOE y Unidas Podemos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Sin embargo socios del Gobierno como el PNV y EH-Bildu se han abstenido, así como el PP, Ciudadanos, el PDeCAT, la CUP, UPN y Foro Asturias. Por su parte, Vox y Junts han votado en contra.

En todo caso, hasta las formaciones que han dado apoyo al decreto han reprochado que estas ayudas lleguen tarde, no sean suficientes, dejen fuera a sectores afectados por la crisis y no hayan sido negociadas con la oposición ni tampoco con las comunidades autónomas.

Ampliación a más sectores

En su intervención, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a ampliar a más sectores --se restringe a menos de un centenar-- a los que se permite el acceso a estas ayudas.

Así, ha explicado que la elección de los sectores se hizo con el análisis de los datos al cierre de febrero, pero que “la realidad es dinámica” y el Gobierno “es muy sensible” a las necesidades de las empresas: “Cuentan con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir los requisitos establecidos”, ha dicho.

Asimismo, la responsable económica del Gobierno ha comprometido que la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas, incluido el sistema de protección al empleo de los ERTE, “estarán disponibles en 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo”.

Además del sistema de protección al empleo de los ERTE para cubrir salarios y cotizaciones, ha citado la línea de avales públicos del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios.

A estas medidas, Calviño ha sumado el fondo de ayudas directas contenido en el decreto ley que se somete este jueves a su votación de convalidación en el Congreso, el fondo de reestructuración de deuda financiera contenido también en el mismo y los fondos de solvencia gestionados por la SEPI y Cofides.

Intenso debate

Durante el debate del decreto, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado este decreto, aprobado tras el “intenso debate de siempre” entre “aquellos de dentro del Gobierno que quieren volver lo antes posible a la mal llamada austeridad” y “los cabezones”, incluyendo a su partido en este segundo grupo, que creen que esta austeridad “no sólo fue cruel” sino que es una receta económica “fracasada”.

Precisamente, en una discusión en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la primera le pidió al líder de Unidas Podemos que no fuera “cabezón”. A partir de entonces, en esta formación aseguran ser “cabezones” en la defensa de sus posturas y en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno.

Estas personas del Gobierno que, ha dicho Echenique sin concretar nombres, quieren volver a “la mal llamada austeridad”, “recelan de cualquier aumento de gasto público aunque este sea indispensable para ayudar a la gente”.

El PP ha justificado su abstención “por responsabilidad”, pero ha instado al Gobierno a simplificar el proceso de concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez “un procedimiento de gestión largo, costoso” y que “recae sobre las comunidades autónomas, a las que ”obligan a comprobar factura a factura“, sin además haberlo debatido ni consultado con ellas. Además, ha señalado que ”el problema del reparto territorial“ se resolvería con créditos ampliables.

Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto “claramente ineficaz”, con medidas “insuficientes” que, a su juicio, “sólo aplazan el desastre”. “Llegan tarde no, tardísimo”, ha reprochado Ferrán Bel (PDeCAT), señalando que sectores con pérdidas del 40% y el 50% se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente, y por tanto hay sectores más afectados en comunidades concretas.

Ayudas “poco claras”

Para Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, el decreto es “un jarro de agua fría”, ya que las ayudas “ni son claras, ni se adaptan a la realidad de cada territorio”, que sin embargo deberán gestionar su concesión. En las provincias vascas, por ejemplo, no se funciona con un régimen de estimación directa, ni tampoco se mide la caída de facturación con el criterio de base imponible, sino en la base liquidable. “¿Cómo lo hacemos?”, se ha preguntado.

Entre quienes han apoyado el decreto también ha habido críticas. Ana Oramas (CC), ha asegurado que el decreto “llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino”, mientras que Inés Sabanés (Equo) ha calificado de “incomprensible” la “resistencia a la aplicación de ayudas directas”, cuando otros países menos dependientes a actividades afectadas por las restricción se adelantaron a estas medidas.

“Votaremos que sí, pero sólo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos”, ha explicado Joan Cadpevila (ERC), que cree que en el Ejecutivo “merecían un 'no'” a su decreto “por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado”.

Desde Vox, su diputada Patricia Rueda ha criticado a las formaciones que han apoyado o se han abstenido ante un decreto por “apoyar una vez más a 'producciones Moncloa', permitiendo un plan que hiere de muerte a empresas y a autónomos”.