Las sombras de connivencia entre Villarejo y la Policía dan una baza a la defensa para anular el juicio de Ausbanc

Las sombras de connivencia entre el comisario jubilado José Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc son la baza a la que agarran las defensas de los implicados para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrentan a decenas de años de cárcel. Los abogados de los dos principales investigados –Luis Pineda y Miguel Bernad– alegaron durante el trámite de cuestiones previas del juicio, que se inició este miércoles en la Audiencia Nacional, que todo el procedimiento está viciado porque la denuncia que dio origen al caso fue elaborada y entregada a la UDEF por el comisario, ahora encarcelado.

Pineda se sienta en el banquillo como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía, que pide para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros, considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas. Su principal colaborador era Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, quien promovía actuaciones en los tribunales para reforzar esas coacciones, según las tesis del Ministerio Público. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel.

Según el relato de Miguel Durán, abogado de Pineda, Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán.

Villarejo está en prisión provisional desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros por vender a la élite del país unos informes que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía gracias a su condición de funcionario. Una de las piezas por las que se le investiga tiene que ver con los encargos que recibió del BBVA y por los que cobró alrededor de 12 millones de euros. La entidad financiera acusó de extorsión a Pineda y Bernad hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también aludió durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Reclamó que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

El “perfecto contacto” con la UDEF

Durante su intervención, la defensa de Pineda calificó de “determinante” el papel de Villarejo en la causa contra Ausbanc e insistió en la supuesta connivencia del comisario con sus “compañeros” de la UDEF, a los que conocía “sobradamente” y con los que tenía un “perfecto contacto”. Citó incluso una grabación aportada al procedimiento en la que el policía reconoce la “inestimable colaboración” del jefe de esa unidad anticorrupción, José Luis Olivera.

El Independiente publicó el pasado noviembre el contenido de un audio, de 2008, en el que el comisario describe la relación habitual que presuntamente mantenía con la UDEF. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. En otro momento dice que es su socio Rafael Redondo el que “mantiene el contacto” con el 'número dos' de Olivera.

De esas palabras se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

José Luis Olivera fue el primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a él como “un hombre nuestro” que había saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz.

Cuando cambió el Gobierno en 2011, Olivera no fue destituido por el PP como jefe de la UDEF hasta pasados siete meses. Y finalmente no fue desterrado. Se le encargó la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde fue cesado tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).