¿Por qué EEUU es más duro que la UE al sancionar los delitos de las empresas?

Estados Unidos, para muchos el país quintaesencia del capitalismo, está lejos de ser un paraíso absoluto para las grandes corporaciones que operan en su territorio. Pese a la libertad económica de la que se presume al otro lado del océano, los controles sobre las empresas parecen mucho más efectivos que en el Viejo Continente, sobre todo a la luz de las actuaciones acometidas en los últimos años por la Unión Europea contra las grandes firmas, que parecen gozar de mucha más impunidad al calor de las maniobras de muchos lobbies.

Un paradigma del inmovilismo comunitario bien puede ser Google, el pantagruélico buscador de noticias que lleva siendo investigado cinco años por la Comisión Europea, un proceso iniciado por el excomisario Joaquín Almunia cuyo desenlace todavía está por desvelarse. Y muchas de las personas consultadas ven aquí una docilidad marcada por la presión subyacente. “Washington y Bruselas son las capitales del lobbying con mucha diferencia, pero la regulación de estos grupos es mucho más fuerte en Estados Unidos”, subraya Daniel Freund, de Transparencia Internacional en la capital belga.

A mediados de septiembre, esta ONG publicó un informe cifrando en 8.427 el número de grupos de presión constituidos en Bruselas, y de ellos 3.844 lo hacen gastando una cantidad mensual inferior al salario mínimo. “El sistema de control de lobbies europeo es un sistema voluntario en el que al registrarse se entrega una acreditación. Es obvio que no todos los grupos de presión están registrados. En EEUU, la regulación de los grupos de presión es bastante más severa”, destaca Freund.

Coincide con él Pascoe Sabido, uno de los portavoces del Corporate Europe Observatory (CEO), la organización que ejerce una vigilancia constante sobre todos los estamentos de las instituciones comunitarias y que recientemente ha revelado que Volkswagen es de los que más gasta en tareas de presión en Bruselas. “Digamos que hay una cultura emocionalmente europea que ensalza la competencia y es ciega ante los conflictos de interés”, apunta Sabido, subrayando casos conocidos de puerta giratoria.

Casos flagrantes de puertas giratorias

Precisamente CEO lleva últimamente alertando de flagrantes casos de puerta giratoria en la UE–pasar del sector privado al público y viceversa en situaciones en las que ciertas políticas públicas pueden beneficiar a una determinada empresa-, particularmente en la Comisión Europea, lo que debilita la prevención ante futuros escándalos. “Lo que es bueno para los negocios es bueno para la UE. Y luego estalla un escándalo como el Volkswagen y nos enteramos de que las firmas están directamente relacionadas vía lazos comerciales con las empresas que hacen los test y certifican los vehículos diésel”, añade Pascoe Sabido.

CEO recuerda que la Comisión maneja una “lista negra” de empresas que violan la competencia y realizan prácticas fraudulentas. “Pero al no ser pública tenemos sospechas de que la lista negra es completamente inefectiva”, deplora.

Todos los consultados procedentes del lado no gubernamental están de acuerdo: puede parecer que Europa es más severa que EEUU a la hora de imponer las normas, pero es solo una apariencia. La aplicación es más efectiva cuando sale de Washington, y el caso Volkswagen es una pista más. En menos de un mes, desde que saltó el escándalo en Estados Unidos, el responsable de la compañía en Estados Unidos ya ha comparecido en una Comisión especial del Congreso. Habrá que poner en marcha el contador a ver cuánto tarda un país europeo en hacer lo mismo.

Pero hay más casos: mientras la fiscal general estadounidense Loretta Lynch lanzó en mayo una sonada investigación para investigar a la federación internacional de fútbol FIFA (pesquisas criticadas por “excesivas” de acuerdo con el analista de la BBC Jon Sopel), un artículo de la Policy Review ha pedido a la Comisión Europea que haga lo propio. Es lo mismo que varios eurodiputados (impulsados por los verdes) reclaman con Volkswagen: que la Comisión y no los estados miembros asuman la iniciativa de indagar los trapos sucios de la multinacional del automóvil.

Ningún país es perfecto

“El fraude corporativo normalmente se queda fuera de control a ambos lados”, indica desde Washington Craig Holman. Este investigador, que se define a sí mismo como “lobista de asuntos gubernamentales” en la organización Public Citizen lleva muchos años denunciando la relación entre las grandes corporaciones con la Administración estadounidense. “Sin embargo”, concede Holman, “la ausencia de control es cierto que parece de alguna manera peor en la Unión Europea”.

Holman hace mención al escándalo que salpicó a la multinacional británica British Petroleum por los vertidos masivos en el Golfo de México en 2010: por este desastre ecológico BP fue multada en julio –cinco años después- con 16.800 millones de euros, tras un pulso de la compañía con la imperturbable fiscal Lynch. Una cantidad desconocida en la UE. “La ausencia de una demarcación clara en Europa entre los poderes de la UE y los de los estados miembros complica la lucha contra las malas prácticas corporativas”, avisa Craig Holman.

Más diferencias sangrantes: en diciembre de 2013 la Comisión Europea multó con 1.700 millones a seis grandes bancos por manipular el Euríbor. La sanción puede parecer alta, pero suena ridícula si se compara con los más de 7.000 millones impuestos en mayo este año por manipular el Líbor a otras seis entidades bancarias (algunas son las mismas en los dos fraudes, caso de JP Morgan o Royal Bank of Scotland) por las autoridades estadounidenses en colusión, bien es cierto, con las británicas. Recientemente HSBC fue también sancionado con muchos millones en EEUU y acusado de “lavado de dinero”.

Casi cualquier ejemplo tiene un resultado de sanciones mucho más abultadas al otro lado del océano. En 2008 a la alemana Siemens se le imputaron cargos de cohecho y falsificación de libros contables por el supuesto pago de sobornos para la obtención de contratos. Fue un caso que afectó a la firma en todas las regiones del globo terráqueo. Fue castigada con 600 millones por las autoridades norteamericanas, varios cientos de millones más que la sanción de la Fiscalía de Múnich.

Holman afirma que incluso así queda mucho por recorrer en Estados Unidos. “La aplicación de las sanciones tiende a ser siempre solo contra la compañía, antes que contra los directivos que toman decisiones”. ¿Cuánto camino queda por recorrer en la UE para derrotar al fraude?