Los empleados de Nissan piden recuperar la autorización previa en los ERE

Centenares de trabajadores de Nissan se manifiestan esta mañana por el centro de Barcelona para exigir tanto a la Generalitat como al Gobierno la derogación de un artículo de la reforma laboral para recuperar la autorización de la autoridad laboral en el caso de expedientes de regulación de empleo (ERE).

Los sindicatos de las tres plantas de Barcelona que Nissan pretende cerrar en diciembre hacen esta petición con el fin de dificultar a la multinacional el cierre de esas factorías.

Y es que, si se hiciera esa reforma legal, la multinacional necesitaría de un informe favorable de la autoridad laboral para poder despedir al personal de estas tres plantas, unas 3.000 personas, argumentan los sindicatos.

Centenares de trabajadores de Nissan se han concentrado primero en el Paseo de Gràcia de Barcelona, frente a la sede del departamento de Empresa de la Generalitat, donde representantes sindicales han entregado un escrito a la consellera, Àngels Chacón, para reclamar la derogación del artículo 51 de la reforma laboral.

“¡Nissan: Basta de mentiras! Exigimos un futuro real”, “Acciona en lucha” o “Nissan Sant Andreu. Por nuestro futuro” son algunas de las pancartas que encabezan la marcha, en la que participan también empleados de Acciona y de otras empresas proveedoras afectadas por el cierre de las plantas catalanas de Nissan.

Desde aquí, la marcha, que ocupa el tramo central del Paseo de Gràcia, se dirigirá ahora a la sede de la delegación del Gobierno en Cataluña, donde también entregará el mismo escrito solicitando derogar ese articulo de la reforma laboral.

“Nissan no se cierra” o “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra” son algunas de las consignas que corean los manifestantes, ataviados con mascarillas.

Ya desde la semana pasada los diferentes sindicatos de Nissan presionan al Gobierno para que lleve a cabo ese cambio legal para dificultar los despidos en las plantas de Nissan y forzar a la multinacional japonesa a negociar la continuidad de las instalaciones, cuyo cierre se estima que puede afectar a 25.000 trabajadores, entre empleados directos y los generados en empresas proveedoras.

Está previsto que al acabar la movilización se haga una asamblea con los trabajadores para explicar la respuesta que han recibido de las administraciones.