Empresas energéticas, dispuestas a acelerar inversiones si se eliminan trabas

Los directivos de las principales compañías energéticas apuestan por acelerar las inversiones para la transición energética para conseguir la recuperación económica y del empleo tras la crisis del coronavirus, pero han recordado que para ello es necesario seguridad jurídica y la eliminación de trabas, como el límite anual a la inversión en redes eléctricas.

Durante la cumbre empresarial organizada por la patronal CEOE, que se ha iniciado este lunes, los principales responsables de empresas del sector han expuesto sus ideas para superar la crisis económica que ha dejado la pandemia de covid-19.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha instado a acelerar a 2025 la implementación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, pues tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y el empleo.

Sánchez Galán ha dicho que un incremento significativo de la inversión en redes de distribución podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo en España, pero para ello hay que eliminar el límite máximo del 0,13 % del PIB que hay en la legislación.

También ha indicado que acelerar la instalación de nueva capacidad renovable a 2025 supondría inversiones de 32.000 millones de euros y generaría con rapidez 90.000 puestos de trabajo en España, especialmente en el ámbito rural.

El presidente de Iberdrola ha indicado que, en el caso del almacenamiento de energía, una inversión de 5.000 millones en bombeo eléctrico y baterías hasta 2025 favorecería la creación de 14.000 empleos, y la sustitución de calderas de gasóleo por bombas de calor movilizaría 40.000 millones de inversión y crearía 110.000 empleos entre fabricantes e instaladores de estos equipos.

Asimismo, ha dicho que el adelanto a 2025 de inversiones en infraestructuras de recarga y electrificación de flotas urbanas de autobuses representaría unas inversiones de 5.000 millones y 14.000 puestos de trabajo, y que si se descarboniza el 25 % del hidrógeno industrial para convertirlo en hidrógeno verde, se facilitarían inversiones por importe de más de 4.000 millones y se crearían 11.000 empleos.

Por su parte, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha subrayado que cada euro de inversión sostenible genera casi el doble de actividad económica, y cada millón invertido en infraestructura sostenible crea en torno a 14 puestos de trabajo de forma inmediata.

Ha indicado que para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial en la recuperación “hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias, crear un entorno de estabilidad y confianza, relajar el clima de crispación política y social y enviar cuantos mensajes de unidad y consenso sean posibles”.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que Endesa tiene un plan de inversiones en España, de unos 7.000 millones de euros hasta 2022, que presentó en noviembre pasado, aunque éste podría acelerarse en un 30 %, si se dan la condiciones regulatorias.

Ha explicado que, con este plan de inversiones, se llegaría a generar más de 12.000 empleos directos e indirectos y cerca de 27.000 empleos inducidos durante cada uno de los años 2021 y 2022.

Bogas ha recordado que, para ello, hay que ajustar condicionantes externos del sector eléctrico, como reducir el alto coste artificial de la electricidad y hacerla más competitiva; facilitar la normativa de acceso y conexión a la red, dar señales eficientes para la repotenciación y modernización de instalaciones renovables, y lanzar planes de transición energética en las islas.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha apostado por centrarse en medidas que tengan un efecto inmediato en la recuperación económica y el empleo, “en las medidas que de verdad generan empleo rápido y de calidad, evitando aquellas especialmente onerosas que suponen una carga adicional sobre las debilitadas economías del país y sus ciudadanos”.

Según Brufau, el plan de automoción debería estimular, además de la adquisición de vehículos eléctricos, que se fabrican fuera de España, los convencionales o híbridos de gama media y baja, que son los que mayoritariamente se fabrican en España.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha demandado una fiscalidad atractiva, un marco jurídico predecible para que las compañías apuesten por España y mecanismos de flexibilidad en el mercado laboral.

El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha señalado que su compañía tiene el compromiso de duplicar sus inversiones en redes de electricidad hasta los 1.000 millones de euros durante los próximos diez años, pero la principal barrera que encuentra es el límite actual a la inversión en redes, del 0,13 % anual del PIB, que ha pedido que sea eliminado.