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España es la economía menos ligada a la inflación entre las grandes de la UE

Cabecera de la manifestación del 1 de mayo, en Madrid.

Daniel Yebra


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España es la economía menos indexada a la inflación entre las grandes de la Unión Europea (UE). Los agentes de nuestro país –Estado, empresas o trabajadores– tienen una menor vinculación en general a las subidas de precios, lo que implica entre otras cosas una mayor vulnerabilidad del poder adquisitivo de las familias, según una clasificación de Moody's que compara distintos aspectos de los países de la UE, como la densidad sindical, el porcentaje de convenios colectivos que se actualizan con el IPC (Índice de Precios de Consumo), o de pensiones o sueldos públicos, la energía que se importa o la rigidez de los precios –la resistencia a las variaciones–.

El crecimiento económico se acelera al 1,1% del PIB en el segundo trimestre mientras la inflación crece hasta el 10,8%

El crecimiento económico se acelera al 1,1% del PIB en el segundo trimestre mientras la inflación crece hasta el 10,8%

Esta conclusión de la agencia de calificación de deuda destaca la posición de debilidad de los trabajadores en el pacto de rentas. Es decir, el acuerdo de reparto del daño de la inflación entre estos y las empresas, que piden instituciones como el Banco de España o el propio Gobierno, mediante la moderación del crecimiento de los salarios y la limitación de la mejora de los márgenes empresariales –la capacidad de obtener beneficios de los ingresos, que aumentan con la inflación–.



Según las variables que maneja Moody's para comparar las economías de la UE y su vinculación a la inflación, los trabajadores en España parten de una posición en la que tienen difícil conseguir algo más que “moderación salarial” ante el actual mordisco que suponen los incrementos de precios para la capacidad de consumo. Y lejos está entonces la temida espiral de precios y salarios, que conlleva mayor permanencia de la inflación combinada con un riesgo severo de recesión.

Destaca la baja densidad sindical en nuestro país, que solo es menor en Francia. Apenas un 12,5% de los trabajadores está afiliado a un sindicato. En el país vecino, un 8,9%. Lo que contrasta con el 65,2% en Suecia, el 49,1% en Bélgica o el 32,5% en Italia.

A priori, esta baja densidad sindical resta poder de negociación a los trabajadores, aunque este se puede vehicular de otras maneras, como ha demostrado el Ministerio de Trabajo en los últimos tiempos mediante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la protección de los ERTE o la última reforma laboral.



Lo que no puede conseguir un Gobierno es firmar convenios colectivos ligados al IPC, que Moody's señala que no son habituales en España, pero tampoco en el resto de grandes economías de la UE. Como asimismo no lo son las cláusulas de revisión de los salarios según las subidas de precios, ni en el sector privado ni en el público, con la excepción de Bélgica.

Esta realidad está vigente en las exiguas subidas de los sueldos reflejadas mes a mes en los convenios colectivos mientras la inflación se desboca, con especial ensañamiento con las rentas más bajas, al concentrarse las mayores subidas en la energía y la alimentación, que son necesidades básicas que difícilmente se pueden dejar de consumir. El incremento salarial pactado hasta julio se quedó en el 2,56%, según el dato publicado este miércoles por el Ministerio de Trabajo. Ese mismo mes, el IPC avanzó un 10,8%.

Otras cifras muestran el mismo hecho. Los salarios crecieron solo un 2,9% en las grandes empresas en junio respecto al mismo mes del año pasado, según la estadística del Ministerio de Hacienda sobre 30.000 compañías, el 40% de los trabajadores en nuestro país. En mayo fue un 3,4%, en abril un 5,5%, en marzo un 4,1%, en febrero un 3,2%. La inflación no cae del 7% desde ese mes, y la previsión media de la Comisión Europea para 2022 es de un 8,1%. En cambio, las ventas de estas empresas aumentaron un 7,6% en junio y el ritmo ha sido incluso mayor en los últimos meses.



La conclusión de Moody's también choca con las voces que piden que la actualización de las pensiones en 2023 no recoja el IPC. Esta vinculación existe también en Italia y Bélgica, y “parcialmente” en Francia, y aparece como la única defensa institucional frente al mordisco de la inflación. La única demanda protegida.

Y, pese a la previsión de que el gasto en pensiones aumente en 15.000 millones, según la AIReF, el Gobierno mantiene el objetivo de déficit (diferencia entres ingresos y gastos del Estado) en el 3,9% por la mayor recaudación que supone la inflación, incluso pese al inevitable frenazo del crecimiento.

Menor rigidez de las pensiones

Otra variable que mide Moody's es el porcentaje de energía que importa cada país respecto a sus necesidades. En este caso, España se sitúa por encima de la media, casi un 68%.

La agencia también calcula el nivel de rigidez de los precios frente a las variaciones, que en nuestro país es de los menores, lo que significa que el IPC bajará en conjunto con cierta rapidez si la crisis energética y la guerra finalizan.

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