Fainé y los peritos defienden la operación de CaixaBank en la causa por BPI

Madrid, 1 oct (EFE).- El expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y peritos de KPMG han defendido ante la Audiencia Nacional la permuta de acciones ejecutada entre la entidad y su “holding”, Criteria, que, según los querellantes, habría permitido al banco entrar en el accionariado del portugués BPI.

La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta del 17,24 % del capital que CaixaBank poseía en el Bank of East Asia (BEA) y que en diciembre de 2015 transmitió a su “accionista de control”, Criteria.

En opinión de los querellantes, la transacción, en la que Criteria transmitió como contraprestación a CaixaBank acciones propias del banco que representaban un 9,9 % de su capital social más una cantidad provisional de 642 millones de euros, tenía como fin último la compra de BPI.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los autores del peritaje aportado por CaixaBank, que han comparecido este jueves ante el juez José de la Mata, han asegurado que toda la operación de permuta estuvo “bien hecha”.

De hecho, han añadido, tanto el precio como la forma de ejecutarla fue la que más protegía a los accionistas, y fue muy beneficiosa para el propio banco.

Ambos peritos han repasado las “ventajas” de la permuta, planteada dentro de la estrategia para mejorar la ratio de capital de máxima calidad (CET1), como venía exigiendo el Banco Central Europeo (BCE), y para desconsolidar Criteria y CaixaBank.

También se han referido a las acusaciones sobre el presunto préstamo de 400 millones de euros que CaixaBank habría concedido al Banco de Fomento de Angola (BFA), para que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.

En la línea de la declaración del representante legal de CaixaBank, que no reconoció que se hubiera ejecutado esa operación, los expertos de KPMG han insistido en que es imposible que un préstamo de tal calibre haya desaparecido de la contabilidad del banco, y más difícil aún que los organismos supervisores nunca lo hayan detectado.

Sobre el papel del expresidente del banco, las mismas fuentes recuerdan que Fainé, al igual que el resto de consejeros dominicales de Criteria, abandonó la reunión en la que se aprobó la permuta, de modo que no participó en la decisión.

Inicialmente programada para el pasado lunes, la declaración como querellado de Fainé tuvo que posponerse por problemas técnicos con la videoconferencia que también retrasaron la comparecencia del representante legal de Criteria.

Por su parte, el breve interrogatorio al “holding” se ha centrado en su plan de prevención de delitos.

El representante ha reconocido ante el juez que en el momento de los hechos Criteria no contaba con un documento de cumplimiento normativo o “compliance”, que fue posterior; no obstante, no fue hasta poco después cuando el Código Penal obligó a las compañías a disponer de dicho plan tras su reforma.

GORTÁZAR, PENDIENTE

Los problemas técnicos han modificado el calendario de declaraciones previsto para esta semana.

Así, la comparecencia del actual consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha retrasado aunque aún se desconoce la fecha.

Admitida a trámite hace dos años, la querella, presentada por dos accionistas de la entidad, denuncia presuntos delitos de abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición de BPI.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5 % de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Los querellantes apuntan a que CaixaBank llevo a cabo la permuta para poder entrar en el accionariado de BPI, lo que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.

De igual modo, aseguran que en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la “toma de control sobre el banco BPI”.

El escrito se dirige además contra el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García, y David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del BEA.