El Gobierno prevé que la Administración ayude a equilibrar la Seguridad Social

El pacto de Toledo estudiará medidas para que “el conjunto de las administraciones públicas” contribuya a garantizar la sostenibilidad y el equilibrio financiero de la Seguridad Social, de acuerdo con el Plan Nacional de Reformas de 2018 remitido por el Gobierno a Bruselas.

Este documento reconoce que España ha cumplido los objetivos de déficit público los últimos dos años gracias a los esfuerzos de la administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que han permitido “nivelar” el desfase en los fondos de la Seguridad Social

Para los próximos años, el Ejecutivo prevé una senda descendente para el déficit de la Seguridad Social desde el 1,2 % del PIB este año hasta el 0,5 % en 2020 y, finalmente, el equilibrio presupuestario en 2021, un ejercicio en el que se espera obtener un superávit del 0,1 % del PIB para el conjunto de las administraciones.

Sin embargo, para que esto sea posible, el Ejecutivo considera que todas las administraciones tendrán que contribuir a equilibrar la Seguridad Social, algo que tendrá que ser abordado en el pacto de Toledo y que no detalla.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya apuntó la pasada semana que llevaría al pacto de Toledo su propuesta de “nueva fiscalidad” para la economía digital, que debería ayudar a financiar la subida de las pensiones del 1,6 % este año y el próximo, tal y como se pactó con el PNV.

En este Plan Nacional de Reformas, que ya fue presentado por el Gobierno el pasado viernes, el Gobierno detalla las perspectivas de crecimiento para los próximos años, con una recuperación “sólida y equilibrada”.

El texto destaca que el crecimiento económico tiene que ser “sostenible socialmente”, con un empleo inclusivo y de mayor calidad, aunque puntualiza que la evolución salarial “que necesariamente será al alza” debe ser compatible con la creación de empleo y el aumento de la productividad.

Asimismo, el Plan repasa las prioridades del ejecutivo en materia de política económica, entre las que destaca la sostenibilidad fiscal, una materia en la que incluye desde el nuevo proyecto presupuestario a la reforma de la financiación autonómica y local.

Aunque el Estado mantendrá el apoyo financiero a las administraciones territoriales, el Gobierno no descarta “un retorno gradual” al mercado ante la mejora de su situación fiscal

Además prevé aprobar medidas tributarias adicionales a las recogidas en el presupuesto y relativas a la lucha contra el fraude, como la transposición de directivas contra la elusión fiscal, la actualización de la lista de paraísos fiscales o la regulación de los procedimientos amistosos en imposición directa.