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El Gobierno aprueba el PERTE del hidrógeno y las renovables para movilizar más de 16.300 millones

Imagen de archivo de una planta de hidrógeno verde

Antonio M. Vélez

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), con el que se pretende movilizar más de 16.300 millones de euros de inversión. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de “acelerar la transformación de nuestro sistema” para “reducir nuestra dependencia del exterior” ante la “enorme volatilidad” de los precios energéticos, en el día en que el mercado mayorista de la electricidad ha batido un nuevo máximo histórico impulsado por los precios récord del gas.

Este PERTE es el tercero que aprueba el Ejecutivo. Persigue desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que refuercen la posición del liderazgo del país en el campo de las renovables, para construir una transición energética diseñada y hecha en España “maximizando las oportunidades económicas, industriales, laborales, de innovación y de implicación de la ciudadanía y las Pymes”, según Transición Ecológica. 

El Ministerio calcula que este PERTE, que tienen previsto presentar este miércoles en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera, permitirá crear más de 280.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos en el resto de la economía. El sector público aportará más de 6.900 millones de inversión con cargo al Plan de Recuperación. Y el sector privado, cerca de 9.500 millones.

Las ayudas se otorgarán mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos. Las convocatorias compartirán unos criterios de selección comunes que tendrán en cuenta la participación de Pymes, el impacto sobre la cohesión territorial o la transición justa, la creación de empleo o la innovación. Tendrá prioridad la inversión a corto plazo que sea compatible con la consecución de las metas fijadas a medio y largo plazo.

El grueso de las líneas de ayuda y actuaciones de apoyo de este PERTE estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos beneficiarios se ejecutarán hasta 2026. Algunos de los programas ya están en marcha, tras superar la fase de información pública cuatro convocatorias dotadas en total con más de 500 millones para el impulso a la cadena de valor del hidrógeno renovable, proyectos pioneros de hidrógeno renovable, proyectos de I+D en almacenamiento energético y proyectos piloto para comunidades energéticas.

El elemento que más apoyo recibe es el hidrógeno, con 1.555 millones, que movilizarán otros 2.800 millones de capital privado. El Ejecutivo subraya que el hidrógeno “es un vector energético clave para alcanzar un futuro energético limpio, seguro y asequible, porque permite descarbonizar sectores donde es complejo introducir soluciones sostenibles”, como el transporte pesado, la siderurgia, el cemento o la industria química. España ya cuenta con una Hoja de ruta del hidrógeno renovable que establece, entre otros, el objetivo de alcanzar 4 GW de capacidad de producción en 2030, un 10% del total de la UE. 

Para renovables, las ayudas serán de 765 millones, que permitirán canalizar otros 1.600 millones privados. El apoyo recalará en proyectos singulares y de innovación, y el refuerzo de la capacidad de fabricación de equipos y componentes asociados a las renovables. También en la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas nuevas –vinculado al reciclado y el tratamiento de los equipos retirados– y en el desarrollo del biogás a partir de cualquier actividad agropecuaria o de valorización de residuos, así como su conversión a biometano.

Además, y para desplegar las renovables en las aguas continentales, en consonancia con la Hoja de Ruta para el desarrollo de la eólica marina y de las energías del mar que acaba de aprobar el Gobierno, el PERTE ERHA financiará a fondo perdido las plataformas de ensayo (España es el país de la UE con más instalaciones de I+D de la UE para estas tecnologías), apoyará los proyectos piloto y costeará la adaptación logística de las infraestructuras portuarias.

Para infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, el PERTE establece 620 millones de apoyo, con la movilización de otros 990 millones privados. Se subvencionarán iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras, incluyendo proyectos pilotos comerciales y de investigación industrial.

También se fomentarán nuevos modelos de negocio –como la agregación de demanda o la gestión inteligente de datos– y el despliegue de sistemas de almacenamiento, independientes o hibridados en instalaciones de renovables.

El PERTE ERHA también contempla 17 medidas “facilitadoras” a las que contribuyen los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Educación y Formación Profesional, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, además de Transición Ecológica. Se trata de medidas para generar un entorno propicio para materializar este PERTE, como “la formación y las mejoras en el ámbito laboral, el despliegue del autoconsumo en empresas que provoque efecto tractor sobre la cadena de valor de la tecnología, la movilidad con gases de origen renovable…”.

Con una dotación presupuestaria de 3.362 millones, estas medidas adicionales captarán más de 4.000 millones de inversión privada y generarán más de 90.000, según el Gobierno.

Además, se incorpora un sello, denominado Energía NextGen, que permitirá identificar las soluciones fácilmente escalables o replicables en otros ámbitos del tejido productivo y la economía. 

El PERTE reserva además un papel relevante para el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Este organismo público tomará participaciones en sociedades, UTEs, joint-ventures, y creará e impulsará instrumentos financieros, como fondos de inversión o préstamos participativos.

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