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El juez imputa al ex director jurídico del Banco Popular Tomás Pereira Peña

El juez imputa al ex director jurídico del Banco Popular Tomás Pereira Peña
Madrid —

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Madrid, 29 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular ha decidido citar como investigado al exdirector de los Servicios Jurídicos del banco, Tomás Pereira Peña, en un auto en el que solicita al Banco de España y al Santander diversos documentos.

El magistrado José Luis Calama ha decidido incluir a Pereira como investigado por su relación con presuntas operaciones de financiación irregular del Banco Popular en Luxemburgo mediante sociedades pantalla gestionadas a través de Thesan Capital, sociedad radicada en Luxemburgo.

Dado que la documentación sobre estas operaciones procedía del registro del despacho de abogados Numaria, el juez quiere tomar declaración como testigo a Blanca Doz Zubeldía, que fue empleada de dicho bufete.

Asimismo, el juez quiere que los peritos analicen una serie de documentos, entre ellos un informe de la AEAT y 110 diez documentos anejos, las diversas inspecciones realizadas por el Banco Central Europeo sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito restructurado del banco.

Además, solicita los expedientes de las operaciones financieras y su reflejo contable en las cuentas del Popular.

El magistrado insta al Santander a que entregue la información sobre ciertos acreditados, y que se reintegran a la causa documentos que fueron en su día “expurgados” de la misma, por tratarse de operaciones con clientes particulares que ahora ve pertinente analizar de forma individual.

Al Banco de España le pide el importe y clasificación de las operaciones de financiación concedidas por el Popular respecto de dichos acreditados, así como la calificación de los riesgos de esos acreditados con otros bancos.

Toda esta información, señala José Luis Calama en un auto fechado ayer, está recogida en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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