Aída Quinatoa siempre ha querido estar al tanto de cada movimiento que se producía en su enrevesado laberinto judicial. Cada nuevo documento, cada escrito, cada avance o retroceso que se ha ido produciendo durante más de una década. Cuando su abogado la llamó este viernes, ella pensó que sería un trámite más. “Me dijo que habíamos ganado, que había un fallo a nuestro favor”, explica con una sonrisa, todavía tratando de asimilar el archivo de un procedimiento de desahucio, contra el que cabe recurso, que la persigue desde 2014. Aunque su lucha por el derecho a la vivienda viene de más atrás y fue una de las semillas de las que brotó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Quinatoa llegó a España con su pareja a principios de los 2000. La idea era quedarse en el país un par de año y regresar a su Ecuador natal, donde se crio una de las comunidades indígenas y de donde trajo “los valores y la dignidad” de sus abuelas. Pero esa cuenta atrás se fue reiniciando una y otra vez. Empujada por las condiciones de hacinamiento a la que se enfrentan muchos recién llegados, en 2004, la mujer cayó en esas campañas de la época, de empresas como la Central Hipotecaria del Inmigrante, que operaban con diversas entidades bancarías y tentaban a los migrantes con la idea de hacerse con una casa en propiedad y dejar de malgastar el dinero en el alquiler, auspiciadas por unas entidades bancarias que daban crédito sin control para mantener la burbuja.
A través de una inmobiliaria, buscó un piso pequeño, que pudiera pagar con su sueldo de ayuda a domicilio y el de su pareja, que trabajaba en la construcción. “Una casa para vivir”, insiste, que no costase más de 100.000 euros. Lo hizo a través de una inmobiliaria. “Me enseñaron un piso muy bonito en Alcorcón, pero cuando había que ir a firmar me mostraron otro peor. Yo dije que no, pero me amenazaron con cobrarme las comisiones si renunciaba, así que acepté, pero pedí otra casa mejor”, recuerda.
Finalmente, Aída accedió a una vivienda de 46 metros en el barrio obrero de San Blas, con problemas de instalaciones, que “se venía abajo”, y una deuda de 146.000 euros con el banco y 14.000 más con la inmobiliaria. La cuota hipotecaria comenzó por 640 euros mensuales, al margen de los 240 que pagó durante cinco años por la intermediación. Se quedó, también, un aval cruzado. “Te decían que tenías que ayudar a tu compatriota, para que esa persona pueda ayudarte a ti, pero al final cubrías a gente que no conocías de nada”, explica.
Los avales cruzados funcionaban como un efecto dominó, con familias cubriendo a otras que no conocen, que a la vez servían de retén para otras y así sucesivamente. En pie mientras todas resisten, abajo en cadena si una se desmorona. Aída había cubierta a una pareja de compatriotas, que no conoció hasta que se le acercaron en una manifestación por el derecho a una vivienda digna y contra los abusos de la banca. “Ellas dejaron de pagar en 2007 y vinieron a por mi nómina y mi piso en 2008. Siempre echando la culpa a los más débiles”, recuerda.
Aída reivindica los valores de comunidad de su pueblo y el convencimiento de que la lucha debe ser colectiva. “Todo lo que hago es transparente y quiero que el mundo lo sepa, así que puse sobre la mesa mi situación y, efectivamente, no era la única”. En aquel momento, se plantó en la oficina de la entidad bancaria para reclamar una solución. Entonces ya no estaba sola: “Había 100 personas más. No era la única. No era la culpable”.
Esa puesta en común sirvió para tomar conciencia de un problema que acabó propagándose como la pólvora y que terminó provocando más de un millón de desahucios. Los estragos de la crisis financiera e inmobiliaria se notaron primero entre la población migrante, en muchos casos sin una red de apoyo familiar en España. Aída se había organizado junto a sus compatriotas en torno a la asociación Conadee y, cuando la PAH nació en 2011, ella estaba allí.
Para entonces, la caja que le había dado la hipoteca fue absorbida y se había desprendido de su aval cruzado, aunque ella no tiene muy claro el motivo, solo sabe que las personas a las que había avalado volvieron a su país. Durante todo ese tiempo, Aída cumplió religiosamente con su cuota hipotecaría. Siguió pagando en 2007, cuando su pareja se quedó sin trabajo en la crisis que arrasó miles de empleos del sector de la construcción. Y siguió pagando en 2012, cuando ella misma perdió su curro y empezó a cobrar el paro, que destinaba a saldar su deuda. No pudo más en 2014, cuando terminó la prestación. Le quedó una ayuda de 400 euros, “para sobrevivir”, mientras el Euríbor llegó a elevar sus cuotas hipotecarias hasta los 1.200 euros.
Tras cuatro meses sin pagar, Banco de Caja España de Inversiones, inició un procedimiento de desahucio, aunque la deuda ha ido cambiando de manos. Las últimas, según consta en el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid, las del fondo Promontoria Aloe S.L. Este procedimiento se suspendió por prejudicialidad penal. Aída y otras decenas de afectados consideraron que habían sido víctimas de una estafa y llevaron a la Central Hipotecaria del Inmigrante, mientras exigían que parasen los desahucios que se propagaron como una epidemia en los años posteriores al estallido de la burbuja.
Pero aquel procedimiento penal no prosperó. “No ha habido mucha voluntad por parte de las autoridades ni de la Fiscalía de investigar y penalizar las prácticas que llevaron a la crisis, como la comercialización de hipotecas basura”, explica el abogado de Aída, Gonzalo Carrasco, que recuerda que, a través de ese “chiringuito, se repartían hipotecas entre inmigrantes sin arraigo, recién llegados y sin ingresos fijos, con el mensaje de que tiraban el dinero en el alquiler”.
“Yo tenía la razón”
Más de una década después, aquel procedimiento de desahucio se retomó, aunque Aída siempre ha vivido con la maleta hecha y esa amenaza de fondo. Pero nunca pensó en tirar la toalla, ni regresar a su país. “Yo tenía la razón”, reivindica. Y eso que durante todo este tiempo tuvo ofrecimientos, como la dación en paga, que volvía a dejarla en la calle, tras pagar su hipoteca durante más de una década. “Me llamaban para preguntar qué solución tenía. Yo les preguntaba si para ellos o para mí y se enfadaban”, recuerda.
El auto, que llegó a manos de Aída el pasado viernes, y que ordena el sobreseimiento del procedimiento de desahucio, admite que la mujer fue víctima de una cláusula abusiva, la de vencimiento anticipado. El juzgado considera que “la entidad bancaria dio por vencido anticipadamente el préstamo hipotecario cuando los prestatarios habían incumplido el pago de cuatro cuotas”, sin cumplir los requisitos del artículo 24 de la ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que establece los porcentajes adeudados de impago que justifican esa cláusula.
Sobre este punto, ya se pronunció el Tribunal Supremo en 2019, con una sentencia a la que se refiere el auto del juzgado de 1ª instancia nº 5 de Madrid y que indica que, en este caso, “el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad necesarios para proceder a dar por resuelto anticipadamente el contrato”.
El auto, no obstante, sí reconoce una deuda de 120.000 euros, más unos intereses de 36.000. “La mecánica de funcionamiento del préstamo hace que si no puedes pagar una cuota, ni dos, ni tres, no puedes rehabilitar el préstamo, así que han pasado 12 años con una deuda que se ha ido haciendo más grande, con más intereses y que te coloca en una situación en la que no tienes ninguna posibilidad de cumplir, aunque quieras, salvo que llegues a algún tipo de acuerdo”, explica el abogado.
Este sobreseimiento no es firme. De hecho, la entidad puede recurrir o, incluso, iniciar otro procedimiento por la misma causa. “Es algo que solo ocurre en los procedimientos de ejecución hipotecaria, donde puedes perder e iniciar otro, ya que no se considera cosa juzgada, así que tienen vía abierta para abrir una nueva demanda”, lamenta Carrasco.
Aída, por el momento, prefiere disfrutar de esta victoria, que, repite una y otra vez, no es solo suya. “Este triunfo es de toda la gente que ha sufrido, a la que el sistema le ha dado la espalda, a quienes saben qué es que te llamen a medianoche para decirte que te vayas de tu casa. [De quienes sienten] esa inseguridad de vivir en una vivienda que te van a quitar”. Por eso, confía en que este paso, “abre la puerta a muchas familias que han sido rehenes de delitos económicos”.
La mujer, que se había formado en psicología en Ecuador, mientras cuidaba de una familia de siete hermanos, estudió Derecho en España y acaba de aprobar un máster en delitos económicos. Ella sigue repitiendo una frase que no ha parado de mencionar en estos más de 15 años: “No voy a parar hasta que haya un banquero en la cárcel”.