Un juzgado de Madrid investiga el suicidio de la trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual

La Policía investiga quiénes difundieron el vídeo de la mujer que se suicidó

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha empezado a investigar este jueves el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual suyo en su centro de trabajo. Según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado ha incoado diligencias previas por la presunta comisión de un delito de encubrimiento y revelación de secretos.

Difusión de un vídeo sexual de una empleada en el trabajo: por qué debe responsabilizarse la empresa

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El juzgado entra en el caso después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le hayan remitido el atestado con la investigación realizada hasta el momento. El órgano judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.

La mujer se suicidó el pasado sábado después de que en su centro de trabajo se difundiera un vídeo de contenido sexual suyo, lo que afectó mucho a la trabajadora, que llegó a ausentarse de su puesto el viernes con un ataque de ansiedad, según los testimonios de varios compañeros a los medios de comunicación.

Según Comisiones Obreras, sindicato al que estaba afiliada la trabajadora, la mujer "estaba siendo acosada por un compañero", que fue el que presuntamente difundió en un inicio las imágenes entre la plantilla de la fábrica, donde trabajan alrededor de 2.500 personas. Después, otras personas dieron más difusión al vídeo, según ha relatado varios trabajadores.

"A lo mejor no lo vieron los 2.500, pero sí 2.000. Personalmente a mí no me llegó ni lo vi, pero se vio por toda la zona, sabes quién lo tiene y quién lo puede enseñar", declaró ayer un compañero de la mujer a la agencia EFE.

Trabajadores de la planta están difundiendo este jueves un comunicado en el que lamentan la muerte de la trabajadora y esperan que "los responsables de la difusión, acoso y posterior humillación hacia nuestra compañera paguen por sus actos con la mayuor contundencia posible".

En el texto reconocen que "a mediados de la semana pasada el asunto del vídeo era conocido por la gran mayoría", pero destacan que "muchos jamás vimos ni recibimos los vídeos" y que creían que "era algo que estaba en manos de RRHH [Recursos Humanos] y del Comité de empresa".

La ley castiga esa conducta desde la reforma del Código Penal de 2016. Según el artículo 197.1, si alguien obtiene un vídeo privado sin consentimiento de la víctima puede ser condenado a hasta cuatro años de cárcel. La reforma incluyó en el apartado siete que también se castigará con pena de prisión de tres meses a un año a quien, habiendo obtenido ese vídeo con permiso de la víctima, lo difunda sin su consentimiento "cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

Pero perseguir este delito tiene una dificultad: debe ser la propia víctima quien denuncie, salvo en contadas excepciones. "Lo terrible de ese caso es que el delito contra la intimidad puede quedar sin castigo, porque el Código Penal exige que exista una denuncia de la persona agraviada. Si no, no se puede perseguir y esta mujer no puso denuncia", ha explicado a este medio el abogado especializado en derecho informático Carlos Sánchez Almeida

Denuncia por no responder al acoso

CCOO anunció este miércoles que denunciará a Iveco ante la Inspección de Trabajo por no haber activado el protocolo contra el acoso sexual que tiene la empresa en este caso, pese a que la trabajadora acudió expresamente a Recursos Humanos con delegados sindicales de la organización a contar lo que estaba pasando el pasado jueves, según CCOO.

Raquel Márquez, responsable de salud laboral de Industria del sindicato, explica que "en Recursos Humanos les dijeron que no activaban el protocolo, que no era una cuestión laboral, que era algo personal suyo y que podía denunciar por la vía civil".

Según varios expertos consultados, difundir un vídeo sexual de una empleada o empleado en su centro de trabajo, al encuadrarse los hechos en el ámbito laboral, la empresa debe responsabilizarse y actuar ante esta situación.

El protocolo de acoso de Iveco, que ha podido consultar este medio, obliga a la empresa a actuar contra el uso de imágenes de contenido sexual. La normativa interna exige que, una vez una víctima ha iniciado el método informal de denuncia a Recursos Humanos (como asegura CCOO que hizo la trabajadora), "de manera urgente la Dirección de Recursos Humanos dará traslado del asunto al equipo de asesores".

eldiario.es ha preguntado en varias ocasiones a Iveco si la empresa activó el protocolo contra el acoso sexual y si tuvo lugar esa denuncia de la trabajadora ante Recursos Humanos, pero la compañía mantiene la postura de no hacer "ninguna declaración" al respecto.

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30 de mayo de 2019 - 15:07 h

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