Las 'otras' Maricarmen en vilo por la amenaza del desahucio: “De aquí no me muevo, es mi hogar y voy a defenderlo”

Paquita, Mariví, Natalia, María o Francisco son nombres propios que no tienen todavía la fuerza del de Maricarmen, pero que pasan ahora por su misma situación: sobre ellos pende la amenaza de un desahucio que los expulsará de sus hogares. La salida de la anciana madrileña, de 87 años, ha removido la conciencia social y las imágenes de su lanzamiento han recordado al Gobierno la dureza de la crisis de vivienda.

Ahora, mientras el Ejecutivo acelera para atar con sus socios un Real Decreto-Ley que trate de poner freno a la emergencia habitacional, los testimonios de estas cinco personas amenazadas con la pérdida de la vivienda en la que residen cobran más relevancia. A Paquita la echan para montar un piso turístico en La Latina, en pleno centro de Madrid, porque es más rentable que un alquiler de larga duración. En Badalona, a Francisco y María los quieren expulsar de su casa ya pagada... pero con la que avalaron a su hijo para la compra de un piso que no pudo pagar por la crisis de 2008. En Canarias y en Euskadi, Natalia y Mariví tiemblan pendientes de un fondo.

“Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí”, dice Paquita, sobre Maricarmen, este viernes. “Esto es un sinvivir. Yo no pido un palacio; pido un techo”, narra Natalia. “No me voy a ir de aquí”, sostiene Mariví. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, piden Francisco y María.

Paquita: 83 años, párkinson y a merced de un piso turístico

Si existe un caso parecido al de Maricarmen es el de Paquita. Tiene 83 años, cuatro menos, padece de párkinson y vive a solo cuatro kilómetros de distancia. En la noche del desahucio acudió al barrio de Retiro, en Madrid, para apoyar a Maricarmen y para “despedirla”, contaba este viernes entre lágrimas ante los micrófonos.

Ella vive desde hace 29 años con su hijo, de 47, en un piso de la calle Santa Ana, en el céntrico barrio de la Latina, “y no pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Pero su casero, que es la empresa Tolesanta, que tiene múltiples pisos turísticos en su mismo bloque y en otros, no quiso renovarle el arrendamiento. “Si quieren que pague más, que nos lo digan y negociamos”, asume Paquita.

Pero lo que sospechan es que quieren habilitar más pisos turísticos, aunque en la ciudad de Madrid es ilegal que nuevas unidades convivan con viviendas desde agosto de 2025. En 2023, un juez dictaminó que Paquita tenía que abandonar la casa porque se le había vencido el contrato, pero ella siguió pagando y ellos reciben la transferencia cada mes. “Eso es que están de acuerdo, ¿no?”, se pregunta Paquita.

El pasado 22 de julio, Paquita se enfrentaba a su desahucio acompañada de vecinos que le apoyan, pero fue suspendido. Aseguraba que necesitaba más tiempo para buscar piso, pero ahora, visiblemente afectada por el caso de Maricarmen, casi un espejo, parece decidida a luchar. “Claro que voy a defender mi casa, aquí han muerto mi marido, mi madre... Y que yo no pago una miseria”, defendió el viernes.

“Estoy fatal, tengo la rodilla hecha polvo, así ando, paquí y pallá, pero con el bastón. No me echo atrás, no me voy a quedar en casa, pero me cuesta, me cuesta mucho. (...) Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí. Espero poder seguir en mi casa”, decía, y aseguraba que al otro lado del teléfono, Tolesanta no responde a las peticiones para negociar, incluso a ofertas de pagar más alquiler.

Francisco y María: “Jamás pensé que me ocurriría a mí”

Poco antes de que la policía sacara a Maricarmen de su casa en Madrid en la mañana del miércoles, a 600 kilómetros de allí, en Badalona, una pareja de 84 y 79 años logró frenar su desahucio. Francisco Olea y María Andrade, acompañados por sus hijos, los vecinos y el Sindicato de Vivienda de Badalona, consiguieron frenar la comitiva judicial y aplazar el desalojo del que ha sido su hogar en los últimos 50 años. Su historia, como ocurre a menudo con los desahucios, hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de 2008. Fue entonces cuando la pareja decidió avalar a su hijo para que se comprara un piso en la ciudad. “Las cosas iban bien, tenía un pequeño taller, pero la crisis lo fastidió todo y no pudo pagarlo”, explica Francisco a elDiario.es.

La familia explica que tras desahuciar hace un año al hijo, el BBVA –con quien contrajo la hipoteca– inició el procedimiento para quedarse con el piso de Francisco y María. Sin embargo, ambos aseguran que su hijo se lo ocultó, convencido de que podría solucionarlo, con lo que se enteraron de la fecha de desalojo dos días antes, el día 21 de septiembre. “Jamás pensé que me ocurriría a mí, tengo pagada la casa desde hace 40 años”, exclama Francisco, que durante años militó en la PAH.

Tras paralizar el desahucio en la calle, Francisco y María consiguieron una prórroga hasta el 29 de octubre, y reclaman ahora al Ayuntamiento de Badalona que les ayude a negociar con la propiedad. Lamentan que no pueden pagar el montante reclamado, de 70.000 euros cada uno, pero sí ceder el piso a cambio de un alquiler social. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, suplica Francisco.

Natalia, con tres menores a su cargo

El fondo demandante del desahucio de Natalia, Trova Capital S.L., está radicado en Madrid, muy lejos del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la ventana desde donde, aún hoy, saluda a sus vecinas.

“En casa seguimos todos muy nerviosos”, cuenta a esta redacción Natalia, que no sabe cuándo va a volver a llegar una carta que les ponga, una vez más, el corazón en un puño. “Esto es un sinvivir. Me han parado ahora el desahucio, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una colecta para que pudiera poner las ventanas, la encimera de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. 

Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia. La presión vecinal pudo parar el lanzamiento previsto para el pasado 14 de septiembre.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Ahora, el escudo son las vecinas.

Mariví: “No hemos dejado de pagar nunca”

Marivi tiene 78 años y mucha determinación. Dice que hace muchos meses que ni come ni duerme ante el temor de perder su casa. Podía haber caído en la desesperación, pero ha optado por la lucha y ser uno de los rostros que encabeza las protestas de los 120 vecinos de Erandio (Bizkaia) que se han unido para intentar que el fondo Mosaic, que ha comprado el edificio donde viven a InmoCaixa, no les eche de su casa. “De aquí no me voy a mover”, advierte. “Este es mi hogar y voy a defenderlo”.

Mariví y su marido, de 87 años, viven en este piso del barrio de 'Los Ochos' desde hace 16 años, y pagan una renta de 875 euros cada mes. “No hemos dejado de pagar nunca”, dice, aunque con sus ingresos, 1.107 euros que provienen de la pensión de su marido, “no nos queda para nada y casi tenemos que buscarnos la vida para poder comer al día siguiente”.

Pero pagar “religiosamente” el alquiler, ya no es suficiente. El fondo quiere vender los pisos y, para ello, primero echar a los inquilinos. Ya ha recibido el burofax en el que les advierten de que su familia tiene que dejar el piso porque su contrato vence el 1 de octubre. Los nuevos dueños no quieren ni prorrogar contratos ni renegociar alquileres. “Ahora, a nuestros años, no sabemos qué va a ser de nosotros, dónde vamos a acabar”. “Y no dejo de preguntarme por qué nos está pasando esto. No hemos hecho nada malo para merecerlo. Hemos pagado, hemos cumplido, y ahora nos encontramos con que nos echan y no tenemos capacidad para acceder a otro alquiler”, relata.

Todos los vecinos afectados se han unido y han presentado una demanda colectiva para intentar frenar la pretensión del fondo. “La demanda creo que nos va a proteger unos meses, pero yo no me voy a mover de aquí aunque se me acabe el contrato. Me quedo en mi hogar. Y no de okupa, porque pienso seguir pagando el alquiler como he hecho toda la vida”, dice. “No queremos que nos regalen nada”, insiste.

Llegaron a ofrecerle comprar el piso en el que vive, que el fondo quiere vender por más de 300.000 euros. “Me dijeron que igual si negociaba me lo podían dejar en 260.000. Pero ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a poder pagar esa cantidad si me cuesta pagar la renta? ¿Con 78 años y 87 que tiene mi marido? Simplemente nos están atosigando y quitándonos la vida”. “Esto es una pesadilla que nos está costando una enfermedad”, asegura.

Mariví confiesa que le afectó mucho ver las imágenes del desahucio de Maricarmen en la televisión y cree que la gente tiene que ser consciente de que “nos puede pasar a todos. Y si no a ti, a cualquiera de la familia, a un sobrino, a un hijo…. La vida es pura injusticia”.

Mariví piensa resistir: “No sé qué va a pasar a partir del día 1, cuando vence el contrato. Pero tengo ganas de luchar, ya ni duermo ni como porque estoy muy afectada, pero hay que hacerlo porque este es mi hogar y quiero defenderlo”