¿Motosierra o seguridad? Las pensiones también se votan el 29-N

Se vienen elecciones y la vivienda es un tema clave en el que los partidos deberán posicionarse. Ante la falta de propuestas de justicia social y redistribución, algunos buscan dos chivos expiatorios: los migrantes y la gente mayor.

A por los migrantes, poniendo el foco en los extranjeros racializados y más pobres del sur global, que trabajan en sectores precarios como los cuidados, el campo o la construcción, y obviando a los del norte global con alto poder adquisitivo. A por la gente mayor, porque supuestamente las clases trabajadoras que viven de una pensión pública abusan del erario y limitan el gasto público. Así, las pensiones han entrado en el debate para recortarlas, no para ensanchar derechos. Sin embargo, la migración y las pensiones públicas son dos pilares que revitalizan la economía productiva y reproductiva, generan protección social y cubren la demanda de bienes y servicios esenciales de las clases populares.

A esta mala prensa contribuye también, de forma inconsciente, mucha gente no necesariamente de derechas. Es desesperante oír entre colegas y amigos tanto pesimismo sobre la posibilidad de recibir una pensión digna. Este sentimiento es una victoria de muchos actores, incluidos organismos internacionales de prestigio, que desde los años ochenta no se cansan de repetir que los sistemas públicos como el nuestro no son sostenibles. Aquí quiero mostrar que lo son más de lo que nos quieren hacer pensar, que los privados también dependen de los recursos materiales disponibles y cómo seguir mejorando sin privatizar.

De entrada, los datos recientes de INTegraSS, la herramienta de proyección de la Seguridad Social, desmienten categóricamente ese pesimismo. Según sus estimaciones, basadas en microdatos administrativos reales, nuestro sistema público será capaz de garantizar en 2070 una pensión media de 1.826 euros al mes para los hombres y de 1.641 euros para las mujeres, a precios de 2024. La brecha de género persiste, pero pasaría de un 31,1% en 2024 a un 10,1%.

La demografía no es una ciencia exacta, pero con unos flujos migratorios más ajustados a los observados se estima que el gasto en pensiones llegue al 15,3% del PIB en 2050 y al 14,2% en 2070, lejos del 17,3% y el 16,7% de la Comisión Europea y por debajo del 16,1% y el 14,7% de la AIReF. Italia y Francia ya rondan hoy el 15% y se mantienen en pie, incluso tras comprometerse a destinar un 5% del PIB a defensa y seguridad en 2035.

Además, nuestro sistema tiene importantes mecanismos de redistribución intra e intergeneracional, aunque aún puede mejorar mucho. Impone un suelo (pensiones mínimas) y un techo (pensiones máximas) que redistribuyen según la necesidad y evitan trasladar a las prestaciones las desigualdades del mercado laboral. Para 2070, el peso de las pensiones de jubilación en máximos pasaría del 7% al 11,3%, y el de las mínimas, del 18,7% al 10,6%, lo que supone limitar desigualdades por arriba y tener menos pensionistas dependientes de complementos mínimos.

Alarmas por privatizar

Aplacado el alarmismo, lo que sí debería hacer saltar las alarmas son las llamadas a privatizar y capitalizar las pensiones (invertir las cotizaciones en cuentas privadas). Por supuesto, no debería haber ningún problema en añadir sistemas de ahorro complementarios, sobre todo colectivos y de mutualización del riesgo. Pero eso no permite escapar de la demografía ni de los problemas financieros.

Los sistemas de reparto como el español dependen de la productividad (inversión), de que haya trabajadores cotizando (pleno empleo) y, en última instancia, de un gobierno capaz de pagar sus obligaciones en una moneda que mantenga el poder adquisitivo (soberanía monetaria). La trampa de los sistemas de capitalización es que también necesitan gente joven dispuesta a comprar los activos financieros que la gente mayor vende al jubilarse. Si la oferta de activos supera la demanda (más jubilados que jóvenes con capacidad para comprarlos), su precio cae y la pensión se reduce. A falta de leyes sobre qué activos deben adquirir (por ejemplo, bonos públicos para financiar vivienda pública), los sistemas privados internacionalizan esta relación y buscan compradores y vendedores en el extranjero.

Esta internacionalización conlleva riesgos financieros sistémicos, un Estado con menos capacidad de respaldar las inversiones con su moneda, desinversión en bienes públicos y más desigualdad en la propiedad de activos si no se colectivizan. Además, en busca de grandes retornos, el ahorro europeo acaba, con el beneplácito de las autoridades, en las grandes empresas estadounidenses, con muy poca capacidad de hacer estas inversiones social y ecológicamente sostenibles.

Sí, los países nórdicos tienen sistemas de capitalización, pero son obligatorios, colectivos y muchas veces controlados por los sindicatos, y se asientan sobre sistemas públicos y universales que mantienen niveles de pobreza y desigualdad de renta mucho más bajos que los españoles (que no de riqueza, debido justamente a la falta de mecanismos de redistribución de la propiedad).

Ahora bien, que el gasto sea asumible y que los gobiernos de coalición hayan puesto los cimientos para mejorar las condiciones de las mujeres y de quienes menos ingresan no significa que el sistema no pueda mejorar, ni que en estas elecciones no debamos exigir más a los partidos que sí defienden un sistema público.

Por ejemplo, hay que seguir aumentando las prestaciones mínimas desvinculadas de las contribuciones para que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas cuando no pueda trabajar, lo que refuerza la emancipación de la clase trabajadora. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene aún mucho margen de mejora: un 55% de los hogares que podrían recibirlo no lo ha solicitado. Además, la brecha de género se reduce muy lentamente y los niveles de pobreza de las mujeres mayores son demasiado elevados (un 18,5% en riesgo de pobreza a partir de los 65 años, frente al 13,7% de los hombres, según el INE), sobre todo porque son ellas las más forzadas a cuidar y dejar de cotizar.

Reconocer en la jubilación el cuidado no remunerado debería ser una prioridad. Hay que mejorar el complemento para la reducción de la brecha de género (solo 37 euros al mes por hijo, que cobran 1,37 millones de pensionistas), ampliar el cómputo de las excedencias por cuidado de hijos y familiares y desfamiliarizar estos mecanismos ante el debilitamiento de los lazos familiares y el aumento de los hogares unipersonales y monoparentales. La reforma de la Ley de Dependencia aprobada en septiembre da un paso al reconocer como cuidadoras a personas del mismo entorno relacional, pero el resto de mecanismos sigue ligado a la maternidad y al parentesco.

Por último, hace falta alejar el ahorro privado de los pensionistas de los nuevos tecnofeudalistas de Silicon Valley y canalizarlo hacia productos financieros públicos y sociales que generen vivienda pública y social. La nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, impulsada por Bruselas e incluida en el decreto de vivienda, va en parte en esa dirección al orientar el ahorro hacia empresas europeas, pero debería excluir ventajas fiscales regresivas (o, al menos, tributar cómo los ingresos del trabajo al rescatar la inversión) y prever destinos específicos para la vivienda pública y social.

El 29-N, las clases trabajadoras, incluida la clase media, harían bien en tener en cuenta no solo quién propone garantizar la vivienda, sino también la evidencia sobre la sostenibilidad y la justicia social de las pensiones públicas, y la necesidad de seguir mejorándolas y de destinar el ahorro a fines sociales y no especulativos.