La Oficina de Conflictos de Intereses abre expediente sancionador a una ex alto cargo de Margallo
La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha abierto expediente sancionador a Almudena Muñoz Guajardo, hasta el pasado 30 de marzo directora general de Casa Mediterráneo, un consorcio público promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el que participan la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Alicante y Benidorm.
El procedimiento tiene carácter reservado, pero, según fuentes conocedoras del proceso, la Oficina decidió incoar expediente a Muñoz debido a que esta se negó a presentar la preceptiva declaración de bienes y actividades, lo que constituiría una infracción “grave”, según la ley. Cuando Muñoz fue nombrada al frente de Casa Mediterráneo, no estaba obligada a presentar esa declaración. Pero, tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia (2013), esa exigencia se extendió al resto de altos cargos de la Administración General del Estado: subsecretarios, directores generales, embajadores, jefes de gabinete de los ministros o ejecutivos de las empresas públicas, entre otros.
Aunque había dudas respecto a la consideración de los directores de las seis casas de Diplomacia Pública (Casa América, Árabe, África, Asia, Mediterráneo y Sefarad-Israel) como altos cargos, un informe de la Abogacía del Estado determinó que sí lo eran a finales de 2014, y en enero de 2015 los afectados empezaron a recibir escritos de la Oficina instándoles a presentar la correspondiente declaración. Muñoz, que presentó su cese voluntario en marzo de 2015, se negó a rendir cuentas, y de ahí el expediente.
En realidad, el proceso se ha reabierto. El procedimiento sancionador fue incoado tras el cese de Muñoz y la denuncia se había archivado inicialmente, pero, según fuentes del Ministerio de Hacienda, se ha reabierto tras la presentación de un recurso.
Especialista en fiscalidad
Abogada especialista en asesoría fiscal nacida en Cáceres en enero de 1965, Almudena Muñoz ha declinado atender a eldiario.es para explicar su versión de este asunto. Por su parte, el Ministerio de Exteriores, al que está vinculada Casa Mediterráneo, no ha hecho comentarios.
Aunque fuentes de su entorno lo niegan, aparentemente la exdirectora de Casa Mediterráneo simultaneó su puesto en la entidad con cargos en los órganos de gestión de varias empresas, según el Registro Mercantil: Agescam, SL, empresa dedicada principalmente a la gestión hipotecaria con sede en Toledo de la que, según el Registro, es consejera desde 2000; y dos empresas aparentemente inactivas también radicadas en esa provincia, la cárnica Antonio Ramírez Beltrán (en la que es secretaria del consejo desde septiembre de 1993) y Soft Empresarial SL (informática), de la que es consejera delegada y secretaria desde diciembre de 1992.
Muñoz fue nombrada directora general de Casa Mediterráneo, institución impulsada en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar las relaciones socioculturales de los países de la ribera del Mediterráneo, el 30 de marzo de 2012. Abandonó el puesto tres años después. “Terminó su contrato y se fue”, dicen desde la entidad. Su sustituto fue el diplomático de carrera Miguel Oliveros Torres.
El nombramiento de Muñoz fue una apuesta personal del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que es el presidente del consejo rector de Casa Mediterráneo. Durante su gestión, a Muñoz le tocó lidiar con la escasez en el consorcio, cuyo presupuesto pasó de 4 millones de euros a unos 700.000, fue acusada de vaciarlo de contenido y completó como pudo las obras de rehabilitación de la sede oficial del organismo en la antigua Estación de Benalúa de Alicante, un emblemático inmueble protegido inaugurado en 1887 como estación de ferrocarril y cedido por Adif al consorcio.
El expediente aparecía en una versión mutilada (sin datos personales) del informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Altos Cargos de la Administración General del Estado durante el primer semestre del año pasado que se publicó en el BOE en agosto pasado. Hacienda ha publicado en su web la versión completa remitida a las Cortes el pasado julio al Congreso. El 22 de diciembre, dos días después de las elecciones generales, el Consejo de la Transparencia obligó a la Oficina de Conflictos de Intereses a publicarlo, tras una petición de información que el organismo de Hacienda había denegado. El Consejo de Transparencia dictaminó que “el derecho a conocer prima sobre la protección de datos o la intimidad” de los altos cargos.
