El Estado limitará a las grandes empresas de colocación las ayudas por ocupar a parados
El Gobierno prepara una nueva vuelta de tuerca para privatizar parte de la labor de los servicios públicos de empleo: en pocos meses, el Estado pagará a las agencias privadas de colocación por colocar a desempleados. Sin embargo, de las algo más de 700 agencias registradas –entre ellas muchas ONG y asociaciones– solo unas pocas podrán beneficiarse de estos incentivos: las que hayan colocado al menos a 5.000 personas en el año anterior, es decir, las grandes empresas de trabajo temporal.
El Ministerio de Empleo está cerrando los detalles de un acuerdo marco estatal que fijará los baremos generales de pago a las agencias y los requisitos que tendrán que cumplir estas para acceder a los incentivos económicos. De momento, se baraja que la máxima compensación –3.000 euros– sea la que se ofrezca por colocar a personas mayores de 45 años, parados de larga duración y beneficiarios de la ayuda de 400 euros, que se consideran colectivos prioritarios. Encontrar empleo a menores de 25 años estaría recompensado con 1.000 euros.
Sin embargo, el Estado solo pagará a las grandes agencias de colocación: tendrán que demostrar haber colocado a al menos 5.000 personas en el año anterior. Esta cifra podría variar pero, en cualquier caso, se trataría de que estas empresas demostraran un gran volumen de colocación. Y solo percibirán la compensación si el contrato que han intermediado para la persona en paro tiene una duración de, al menos, seis meses seguidos, algo que disgusta a la gran patronal de las agencias de colocación, que lo considera excesivo.
“Eso está abocado al fracaso: más del 80% de las contrataciones que tramitamos son inferiores a seis meses. Es la forma de salir del desempleo, no se suele salir con un contrato indefinido sino con empleos temporales que al final desembocan en uno estable”, asegura el portavoz de Asempleo, la gran patronal de las agencias de colocación, Lorenzo Rivarés.
El Ministerio de Empleo está ahora consultando con las comunidades autónomas. Una vez que el acuerdo marco esté aprobado, los gobiernos regionales podrán aprobar sus propios pliegos de condiciones para, por ejemplo, adaptar los incentivos que ofrezcan a sus necesidades, aunque tendrán que respetar las condiciones generales. Empleo quiere que el sistema esté en marcha en otoño.
Desde 2010, las empresas u organizaciones que quieran ejercer la intermediación laboral tienen que darse de alta como agencias de colocación. Actualmente, hay registradas algo más de 700, desde empresas de trabajo temporal –como Adecco, Randstad o Manpower– hasta organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y asociaciones, como la Fundación Secretariado Gitano, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Discriminar a los parados
Gabriela Jorquera, de EAPN Madrid, advierte de que pagar a las empresas en función del perfil de parado que colocan puede generar una discriminación entre desempleados y dejar descolgadas a las personas cuya inserción laboral es más complicada. “Es fácil que prefieran a los más cualificados porque son más rápidos de colocar, mientras que otras personas, menos cualificadas o que tengan dificultades para reinsertarse quedarán marginadas. Los servicios públicos de empleo necesitan apoyo y tanto las empresas como las organizaciones hacen una labor importante, el problema son los criterios bajo los cuales se va a hacer ese trabajo”, subraya Jorquera.
El portavoz de Asempleo asegura que no son ellos los que marcarán las prioridades de colocación, sino los servicios públicos de empleo. “Nuestro objetivo es la colocación, si el objetivo es otro, como acabar con la exclusión social, estamos hablando de otros criterios”, asegura. Rivarés critica el “debate tergirversado” sobre el dinero que cobrarán. “Es muy difícil insertar a algunas personas, y nosotros asignamos muchos recursos a ello”, asegura.
Los colectivos más difíciles de insertar son precisamente los que atienden las ONG y asociaciones, que en principio quedarán excluidas de los incentivos económicos. Rodrigo Fernández, coordinador estatal de Formación y Empleo del Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que al darse de alta como agencia de colocación, su organización especificó que se iba a concentrar en los refugiados. “Pero sí nos ha llegado gente con perfiles muy diferentes, porque desde algunas oficinas de empleo de algunas comunidades los derivan. Los atendemos como podemos y les explicamos que aquí nos dedicamos a otros perfiles”, afirma.
En muchos casos, estas organizaciones han recibido personas desempleadas enviadas desde los servicios públicos de empleo pero que no tienen nada que ver con el perfil con el que trabajan. “Quien se da de alta como agencia de colocación está obligado a recibir a los parados que vengan. Es algo razonable, pero el problema es que en el caso de las ONG la mayoría están especializadas en perfiles concretos, la mayoría con riesgo de exclusión social o extranjeros, y no tienen recursos para ayudar a otra gente”, explica Jorquera.
Accem, una organización que trabaja con personas refugiadas e inmigrantes, funciona también como agencia de colocación. Su responsable de empleo, Javier Mahía, también menciona las dificultades de colocar inmigrantes y reivindica más apoyo. “Es muy complicado trabajar con algunos perfiles. Evidentemente, los criterios no pueden ser los mismos para grandes agencias que para organizaciones como la nuestra. Nuestros objetivos no son iguales”, dice.
