Los permisos de maternidad en familias monoparentales llegan al Tribunal Supremo

Alberto Pozas

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En España, según los últimos datos disponibles, hay en torno a dos millones de familias monoparentales, la gran mayoría constituidas por mujeres. En los últimos años, la Seguridad Social y los tribunales han tenido que estudiar si una mujer que cría sola a un bebé recién nacido tiene derecho a disfrutar del mismo permiso que una familia con dos progenitores: las 16 semanas del permiso de maternidad y 16 más del permiso de paternidad. La respuesta de los tribunales depende del territorio en el que se realicen: en Catalunya, País Vasco, Baleares o Castilla-La Mancha los jueces reconocen este doble permiso, en Cantabria lo hacen a medias y en la Comunidad Valenciana lo rechazan. El Tribunal Supremo, según ha sabido elDiario.es, tiene previsto sentar jurisprudencia en las próximas semanas.

Todas las sentencias que ha podido examinar este periódico relatan casos similares. Una mujer que tiene a su hijo o hija y que, por distintas circunstancias, se dispone a criarlo sola y acude a la Seguridad Social para reclamar las semanas del permiso de maternidad pero, también, las de paternidad. En 2020 el ejecutivo amplió las bajas de paternidad hasta las 12 semanas y desde enero de 2021 es de 16 semanas, equiparado con el de maternidad.

En los pleitos analizados por este periódico la respuesta de la Seguridad Social es negativa y el primer tribunal en reconocer este derecho a una madre fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en octubre de 2020. Allí donde un juzgado de Bilbao había entendido que este permiso es “un derecho intransferible de cada progenitor”, el Tribunal territorial entendió que el foco debía estar en el derecho de uno de estos niños a recibir los mismos cuidados que los que viven en familias biparentales. Hacer lo contrario, dijo esta sentencia surgida de un pleito llevado por el sindicato ELA, va incluso en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este fue el primer caso en llegar hasta la sala de lo social del Tribunal Supremo, encargado de formar jurisprudencia y marcar el camino a todos los jueces del país que estudian casos similares. Y según ha sabido elDiario.es, el pleno de esta sala profundamente afectada por las jubilaciones y la falta de magistrados fijó su deliberación para votación y fallo el pasado 19 de octubre con Ignacio García-Perrote como ponente, aunque la deliberación se ha aplazado.

Será en las próximas semanas, por tanto, cuando la sala cuarta del Supremo establezca si una familia monoparental puede acumular ambos permisos para el cuidado de un hijo, si sólo se acumula una parte o si sólo puede disfrutar de uno de los dos bloques de 16 semanas. En este pleito, como en otros similares, la Seguridad Social se opuso a la petición de esta mujer y ha sido la Fiscalía, según el sindicato ELA, la que ha recurrido buscando la formación de jurisprudencia.

De Alicante a Bilbao, distintas resoluciones

La sala de lo social del Supremo tendrá que resolver la controversia que existe en los distintos tribunales superiores, donde mayoritariamente se resuelve a favor de reconocer este derecho pero donde, en ocasiones, los jueces han decidido rechazar esta pretensiones. Fue el caso, por ejemplo, de una mujer que acudió a la Justicia en la Comunidad Valenciana pidiendo las 16 semanas que le correspondían para cuidar de su hija pero también de 12 semanas adicionales por el permiso de paternidad, y lo hizo alegando tanto el interés superior de la pequeña como la desigualdad de trato existente entre las familias monoparentales y las biparentales.

Un juzgado de Alicante y el TSJ respondieron con una negativa y la mujer, según fuentes del caso, renunció a llevar el caso ante el Tribunal Supremo. Los jueces argumentaron que no aceptaban el argumento relativo a la protección de la niña: “El argumento de la protección del menor como sustento del recurso es falaz, pues no existe una supuesta vulneración de un teórico derecho del menor de las familias monoparentales a ser cuidado en condiciones de igualdad con respecto a las biparentales”, explicó esa sentencia.

Además, esta resolución también destaca que la concesión de estos permisos supone que el progenitor que lo disfruta tiene que estar afiliado a la Seguridad Social, y suplirlo con la madre en este caso es “una ficción”. Argumentos que chocan con los ofrecidos por otros tribunales territoriales en casos similares en los que sí han aceptado esta petición de familias monoparentales.

En un caso reciente, el Tribunal Superior de Cantabria reconoció 10 semanas adicionales a una mujer además de las 16 del permiso de maternidad. En este caso, los jueces de lo social entendieron que sólo había reconocer una parte de las 16 semanas del total del permiso ya que “las seis semanas inmediatamente posteriores al parto debieron ser disfrutadas por el otro progenitor y respecto de ellas no puede suscitarse una quiebra del principio de igualdad”.

Esas seis semanas tienen un “carácter intransferible” pero el resto sí pueden ser disfrutadas por la madre. La niña, dijo esa sentencia, “no se puede ver perjudicada por el hecho haber nacido en una familia monoparental, situación que debe ser adecuadamente protegida mediante el otorgamiento del subsidio reclamado”. Si solo se le reconocieran 16 semanas a su madre, dice, eso provocaría que “esté menos tiempo cuidado y atendido que aquel menor que tenga a sus dos progenitores”.

Otros tribunales se han pronunciado en ese mismo sentido y la última resolución conocida ha sido la del Tribunal Superior de Catalunya, que como en otros casos invitaba a estudiar estas reclamaciones teniendo en cuenta que el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Algo que evidencia, según esta resolución, “las dificultades que esta condición comporta para garantizar una buena crianza de los hijos e hijas, así como para compaginar la vida familiar con la laboral, especialmente para las mujeres”.

La sala de lo social tiene que volver a poner fecha a la deliberación que había programado originalmente para el 19 de octubre y exponer su jurisprudencia sobre un asunto que afecta a dos millones de familias monoparentales en España.