El número de personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) creció un 12% en 2020, hasta alcanzar la cifra récord de 56.329 inscritos el 31 de diciembre, según datos del Ministerio de Consumo.
El incremento es el segundo mayor de la serie histórica, tras el 14% de 2019, y llega en el año de la crisis del coronavirus y tras la gran reclusión de la primera ola de la pandemia.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo “impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas”, explica el departamento de Alberto Garzón.
Según los datos de Consumo, Andalucía es la comunidad con más inscritos en el listado de autoprohibidos, con uno de cada cuatro del total de España. Los territorios en los que más aumentó el censo el año pasado fueron Baleares (56%), Murcia (23%) y Castilla-La Mancha (23%). El menor crecimiento relativo se produjo en Aragón (6,64%) y Castilla y León (9,76%).
El actual registro se creó en 2012. Ese año, el RGIAJ tenía 30.104 inscritos, por lo que desde que ese ejercicio se concedieron las primeras licencias para el juego online, tras la legalización de esta actividad en 2011, el número de inscritos ha crecido en más de 26.000 personas. En 2019 (último ejercicio con datos desglosados), más del 55% de las nuevas altas tenían entre 18 y 35 años.
La alarma social por la expansión del juego, especialmente entre los más jóvenes, fue la que llevó al Gobierno a restringir drásticamente la publicidad del juego mediante un Real Decreto aprobado en noviembre que ponía fin a años de desregulación en esta materia.
La norma, que emanaba de los acuerdos de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ya ha sido recurrida por la patronal que aglutina a los mayores grupos de comunicación de España, en el que puede ser el primero de varios recursos por parte de los agentes afectados en este negocio.
La inscripción en el también denominado registro de autoprohibidos es una de las medidas de protección que existen en España cuando una persona detecta que tiene un problema de adicción. Al darse de alta en esta base de datos, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En ella se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Falta de coordinación
El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión – a excepción de Castilla-La Mancha– con los registros de las CCAA sobre el juego presencial.
En la práctica, esto supone que una persona que se haya inscrito en el registro estatal no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida.
De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.
El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros “como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan”.
En septiembre, gobierno y comunidades autónomas pactaron interconectar los registros, con el voto en contra de Catalunya y la abstención de Euskadi y Comunitat Valenciana. A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos.
En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.