Urbagestión dice ahora que el Gobierno no intentó comprar la vivienda de Maricarmen y el Ejecutivo lo desmiente
Urbagestión, la propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, a sus 87 años y en silla de ruedas, ha negado públicamente que el Gobierno tratara de comprar la vivienda para evitar el lanzamiento de la anciana y ha acusado al Sindicato de Inquilina de “presiones y coacciones desproporcionadas”.
elDiario.es ha podido constatar con las fuentes del Gobierno al más alto nivel que han mantenido interlocución directa con la empresa. Aseguran que en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento. Pero también, según esas mismas fuentes, la posibilidad de adquirir el inmueble por parte de la empresa pública Casa 47.
En un comunicado difundido un día después del desahucio, que ha provocado un verdadero terremoto social y político, la empresa -que niega ser un “fondo” y asegura ser solo una “pequeña empresa” con solo una vivienda en propiedad“- se defiende en su actuación ante, lo que consideran, ”el uso espurio y político del caso“.
La nota firmada por la abogada Silvia Fernández trata de aclarar datos “inexactos”, dice, que se han difundido en los últimos días, y defiende que el contrato de arrendamiento con Maricarmen era ilegal, con su extinción confirmada por la justicia, y que su permanencia era “tolerada” por la propiedad. Esto es así porque el contrato originario, de 1956, lo firmó el padre de Maricarmen y después se subrogó a su madre. Cuando falleció en 2005, la ahora desahuciada se quedó en el hogar. Pero alegan, como ha reconocido la justicia, que esta segunda subrogación no es acorde a derecho porque se produjo “sin que la inquilina tuviera reconocido oficialmente ningún grado de discapacidad, ni tampoco fuese alegado como circunstancia justificativa de un derecho que no tenía”.
“Desde entonces, la propiedad ha tolerado la permanencia de la inquilina en la vivienda con ánimo pacificador, sin ejercer presión, mientras asumía los gastos del inmueble y el abono de la hipoteca”, se defiende la compañía, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.
Niegan las cuantías
El Ministerio de Vivienda ha asegurado que intentaron tantear a Urbagestión para hacerse con la propiedad mediante la empresa pública de vivienda, Casa 47, pero Urbagestión lo niega: “Ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente. La única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que instó a la propiedad a vender la vivienda a una cooperativa del entorno del Sindicato, circunstancia que la propiedad puso en conocimiento del juzgado, advirtiendo el anómalo proceder”. Sobre su papel mediador, dicen que el Gobierno no llegó a concretar “una oferta cierta y por escrito”.
Unas palabras sobre el Sindicato de Inquilinas que se ha producido tras anunciar una querella por injurias y calumnias, con la que le reclama 10.000 euros. Todo por llamarle “fondo buitre”.
En el comunicado, la compañía dice que la renta que abonaba Maricarmen, hasta la extinción del contrato, era de 200 euros mensuales, más 220 o 250 euros de gastos de comunidad que incluyen los consumos de agua y calefacción, “sin actualizaciones en los últimos ocho años”. Sobre estas cuantías, niegan haber exigido el pago “de una renta superior a la que venía abonando”.
Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara y por primera vez ahora dan sus excusas públicas, le habrían ofrecido un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en una entrevista con elDiario.es.
Pero Urbagestión dice que “únicamente, en respuesta a un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años, para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, la propiedad señaló que, dadas las circunstancias, podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado”, se excusan en la nota, apuntando que después se ha utilizado esa respuesta de manera intencionada.
“A partir de ese momento, la desconfianza de la propiedad hacia la forma de actuar de la representación letrada de la inquilina y del Sindicato de Inquilinas se acentuó”, dicen.
A estos últimos la empresa los acusa de “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas” y dice que su “actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”.
Cabe señalar que Urbagestión se ha negado a negociar y no ha aceptado ninguna de las propuestas, como el pago anónimo del alquiler por parte de una escritora o la compra del inmueble por el músico James Rhodes, para permitir que Maricarmen siguiera en la casa donde ha residido durante 70 años.