Urbagestión pide al Sindicato de Inquilinas 10.000 euros por llamarle “fondo buitre” ante el desahucio de Maricarmen
Urbagestión, la empresa que denunció a Maricarmen para que finalmente fuera desahuciada este miércoles, denunció al Sindicato de Inquilinas por un delito de injurias, calumnias y derecho al honor, ya que la entidad le había calificado de “fondo buitre”. Tras un periodo de mediación en que el sindicato no se retractó, la empresa prosigue con una querella penal por la que les piden, por derecho al honor, 10.000 euros.
La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge al artículo 804 de la Lecrim y a los artículos 172, 201 y 215 del Código Pena, así como al artículo 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. También les acusan de coacciones y de descubrimiento y revelación de secretos.
El Sindicato de Inquilinas ha acompañado a Maricarmen en todo el proceso hasta llegar al desahucio y ha liderado las protestas para exigir una solución. También la acompañaron en su casa el pasado miércoles y convocaron la acampada que atrajo a cientos de personas a las puertas de su casa, con actuaciones en directo de artistas que solicitaban que se frenara el desahucio de la mujer, de 87 años y en silla de ruedas, que vivía en un contrato de renta antigua desde el año 1956.
Cuando falleció su madre, heredera del contrato de su marido, Urbagestión consideró que el contrato dejaba de ser válido para Maricarmen, ya que las segundas subrogaciones solo duran dos años y solo se pueden alargar en caso de que el inquilino tenga una minusvalía de más del 65%. Maricarmen tenía un 50%, por lo que el Supremo corrigió la sentencia y dictaminó que el contrato no era válido y abrió el camino al desahucio.
Urbagestión es una empresa gestionada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes y se dedica a la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión inmobilaria y de farmacias, según recoge su web. Facturó medio millón de euros en 2025 y alcanzó un beneficio de 3.000 euros.
El Sindicato de Inquilinas ha apuntado a las administraciones públicas en sus protestas y reivindicaciones, pero también ha puesto en el foco a la empresa, que se negó incluso a aceptar la mediación del Ministerio de Vivienda. Rechazó ofertas de compra y de alquiler para salvar a Maricarmen y en su día le pidió un alquiler de 1.600 euros que años después pasó a ser de 2.500, para una persona que cobra una pensión y que estaba pagando 500 euros de alquiler.