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Faltan 2,8 millones de euros para comprar pisos de la Guardia Civil en Badajoz

Barriada Suerte de Saavedra en Badajoz

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La asociación barriada Suerte de Saavedra en Badajoz ha pedido más dinero para la compra, por parte de la Junta de Extremadura, del bloque de pisos propiedad de la Guardia Civil en el barrio, ya que la partida contemplada en el presupuesto autonómico es “muy insuficiente”.

El presidente de la asociación vecinal, Fernando Gonçalves, ha explicado a la agencia Efe que la suma consignada en los Presupuestos regionales de este año, 200.000 euros, no servirá para que el edificio pase a titularidad autonómica en breve.

Sin embargo, subraya, “la necesidad de desatascar esta situación para que las viviendas del bloque pasen a ser de uso social es mucha, debido al gran número de familias en la ciudad y en el barrio que precisan de un hogar de este tipo”.

Por este motivo, son muchos los vecinos “dispuestos a acampar junto al edificio si la situación no mejora en las próximas semanas”, asegura.

La formación Unidas Podemos logró que se incluyese una enmienda en los últimos presupuestos autonómicos para que se abordase la adquisición de este inmueble por parte de la Junta, aunque la partida final incluida “no da ni para comprar una vivienda”, ha señalado Gonçalves.

Tres millones

En este sentido, durante la negociación de los presupuestos “se habló de la necesidad de invertir tres millones de euros para adquirir el inmueble”.

Por ello, el dirigente vecinal espera mantener una reunión con la Administración regional para conocer su intención y trasladar que el edificio debe pasar a uso social “en breve”.

En este mismo sentido, la asociación vecinal también pedirá al Estado que contribuya a desatascar esta situación.

Aunque la reunión que la asociación mantendrá este jueves con la Delegación del Gobierno es para solicitar más presencia policial en la zona, el colectivo también aprovechará para abordar este asunto.

Según Gonçalves el consejero de Políticas Sociales, José María Vergeles, afirmó hace justo un año que la intención de la Junta era adquirir el edificio pero “ciertamente no se han producido avances”.

En diciembre de 2017 una decena de familias ocupó sendas viviendas de este bloque propiedad de la Guardia Civil, y desde entonces el edificio ha sufrido “un deterioro evidente”, que “obligará a una mayor inversión una vez se decida que pase a un uso social”.

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