Es humano errar. No hay nadie que no meta la pata de vez en cuando. Y a veces se puede sacar y a veces no. En ocasiones es intrascendente y en otras arrastra consecuencias mayores. Lo que sí tengo claro es que, aunque sea sin intención, si meto la pata yo el responsable soy yo. Y creo que este principio es claramente aplicable a la política, donde hay demasiadas responsabilidades ocultas bajo el manto de la responsabilidad penal. Y esto pasa en todos los casos. No tengo ni idea de si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es penalmente responsable del 'caso Bárcenas', tampoco sé si los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves lo son por el caso de los ERE, ni si Juan Carlos Monedero, hombre fuerte de Podemos, lo es por sus apaños fiscales, pero me da igual. Son responsables políticos y deberían asumir sus responsabilidades y retirarse a un segundo plano. Bien por su implicación directa o bien porque lo hicieron subordinados suyos.
Y ahora en Euskadi nos pasa lo mismo. La justicia dirimirá responsabilidades en el 'caso Hiriko', y supongo que pronto en el de Épsilon. La cuestión penal tendrá vida propia, pero ¿qué pasa con las personas que aún ocupan puestos de responsabilidad y que alentaron estos proyectos y que ni siquiera se acercarán a un Palacio de Justicia? Pues, sinceramente, creo que son responsables políticos.
Voy a centrarme en Hiriko porque afecta a Euskadi y es el caso que está de actualidad por la querella que ha presentado la Fiscalía. Este caso se trató en el Parlamento, donde se fijaron responsabilidades políticas, pero no nombres. El partido que impulsó el proyecto, el PNV, siempre ha hablado de “proyecto industrial fallido”, en palabras del propio lehendakari Íñigo Urkullu. Es una buena definición que alguno ha construido para cubrir el caso bajo el manto de la diosa fortuna.
Sin embargo, discrepo. No creo, por supuesto, que el lehendakari tenga ninguna responsabilidad. Pero sí hay personas que ocupan cargos públicos, con nombre y apellidos, que propiciaron que 10 millones del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dirigía Cristina Garmendia, fueran simulados como ayuda de I+D a un proyecto ruinoso y de casi imposible viabilidad por lo complejo que es el mundo del automóvil, donde las barreras de entrada son muchas y complejas.
No sé si saben cómo se pactan los presupuestos. Se lo explico. El partido del Gobierno está en minoría y necesita un socio puntual. El compañero de ocasión pacta una cifra, que es el principal objeto de discusión, que distribuye más o menos a su antojo a cambio del voto que facilita al Gobierno de turno contar con un presupuesto. Esta viene siendo una práctica habitual. En definitiva el socio ocasional logra por vía presupuestaria sacar adelante alguna de sus propuestas.
Así llegó Hiriko. El PNV dio en Madrid el apoyo al Gobierno socialista para aprobar las cuentas y decidió dar una subvención nominativa, con nombre y apellido, para el proyecto Hiriko. Hablamos de 10 millones de euros. Esto lo hicieron los portavoces del PNV en las Cortes Generales. Fueron estos señores los que decidieron la generosa ayuda directa camuflada de I+D. ¿Metieron la pata? Sí. ¿Cometieron delitos? No lo creo. ¿Son responsables por su acción? Sí. No es difícil saber quiénes fueron.
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