Culpables

Estos días han sido un tiempo turbio, sucio, enmarañado de listas de culpables, que no han querido dar la cara y a los que algunos no han querido poner rostro. Hablamos de la famosa lista de defraudadores, ese desorden numerado de vergonzosos nombres, algunos de ellos amnistiados fiscalmente por el Partido Popular en plena crisis económica que ha devastado los derechos ciudadanos. Esa lista es de culpables. Culpables de insolidaridad, de indignidad y de robo. Sí, porque nos han robado a todos. Y aunque Hacienda no somos todos, porque no todos pagan lo que deben, el estado del bienestar sí es propiedad de todo el pueblo soberano. E igual que cuando alguien nos roba en casa, queremos saber quién es, desde la ciudadanía seguimos exigiendo a gritos saber quiénes son los culpables de uno de los más bochornoso despojos de lo público: el fraude fiscal.

Porque el fraude fiscal constituye la principal lacra de nuestro sistema tributario, que no sólo impide conseguir unos mayores ingresos para hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos, sino porque se erige en el principal elemento de dicho sistema. Por cada euro no pagado por los defraudadores, los contribuyentes lo soportamos en forma de mayores impuestos, pero sobre todo en forma de menores servicios y de un profundo y más rápido desmantelamiento de nuestro sistema del bienestar. Ello, al mismo tiempo que, de forma injusta, se pone en desventaja a los empresarios y profesionales que cumplen con sus obligaciones fiscales, desvirtuando la libre competencia. Por tanto, no debemos bajar la guardia en la lucha contra el fraude fiscal, incrementando la colaboración interinstitucional, aumentando la probabilidad de su detención en base a más inspecciones y más inspectores, un mejor tratamiento de los datos, y una mayor y más rápida obtención de información.

Pero tampoco debemos dejar de denunciarlo y desenmascararlos. Al fraude y a los defraudadores. Vamos con los datos. En un país pequeñito como el vasco, el fraude fiscal alcanza hasta el 20% del PIB. En Gipuzkoa, en las dos últimas legislaturas (2007-2013), la Hacienda Foral guipuzcoana descubrió un fraude fiscal de empresas domiciliadas en Gipuzkoa de 1.174 millones de euros. Y son cifras importantes, que no se reflejan tanto como los supuestos fraudes de la RGI, inventados por la derecha para seguir destruyendo derechos de las personas.

Ante semejante robo que se ha producido delante de nuestras narices todos los días, quiero recordar que, en Gipuzkoa, los socialistas fuimos audaces y valientes ya en esta última legislatura en Juntas Generales para perseguir el fraude y quitarles la careta a los defraudadores. Y, por ejemplo, hace ya un año que pusimos de acuerdo a todo el arco político de Gipuzkoa –y ya es difícil– solicitando saber los nombres y apellidos de los grandes defraudadores fiscales del territorio. Lo paró la Agencia Vasca de Protección de Datos, que informó favorablemente a proteger la dignidad personal del defraudador sobre el deber de contribuir a los gastos públicos del estado, que establece el artículo 31 de la Constitución, del que cuelgan otros muchos derechos y principios constitucionales como el derecho a la educación, el progreso social y económico, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, derechos de atención a los disminuidos físicos, sensoriales, y psíquicos, derecho a los servicios sociales, el derecho de acceso a la cultura, la promoción de la ciencia y la investigación científica, derecho al medio ambiente, etc. La Agencia dijo No, y la Diputación Foral de Bildu calló y no hizo absolutamente nada ante esa negativa.

Los socialistas no nos conformamos. Ni con la negativa del Partido Popular ni con la pasividad de Bildu para conseguir la publicación de las listas de la vergüenza. Promoveremos reformas legales, y no pararemos hasta eliminar todos los obstáculos, legales y políticos. Pasaremos por encima de todos esos que, con su silencio o su inactividad, siguen protegiendo la dignidad de unos estafadores de lo público, que no tienen moral alguna, ni pública ni privada. Y haremos que se sepa quiénes son los injustos, los grandes insolidarios, esos que se niegan al mantenimiento de nuestro estado del bienestar. Y lo haremos público porque, como he dicho al principio, todos tenemos derecho a saber quién nos roba. Pero también lo haremos por pura pedagogía democrática en favor de la equidad y la justicia tributaria, que se sitúan por encima de la dignidad social de los defraudadores. Por prestigiar social, política y jurídicamente la fiscalidad que sostiene ese estado del bienestar, clave de bóveda de nuestro modelo social.

La guerra democrática contra el fraude y los defraudadores sólo acaba de empezar, e iremos ganando, una a una, todas las batallas.