Debemos de ser de Kazajistán
ELA, LAB y Steilas han convocado una manifestación “por el derecho a vivir y trabajar en euskera”. Lo han hecho ante una supuesta “ofensiva judicial, política y sindical” que han contextualizado en un ataque “contra los derechos fundamentales de la comunidad euskaldun”. Hablamos de una convocatoria sindical y conviene recordar cómo nos ubicamos con respecto a la política lingüística y los derechos laborales.
ELA y LAB se han manifestado frente de los juzgados reiteradamente contra sentencias que salvan puestos de trabajo. Es la paradoja sindical vasca: sindicatos a favor de despidos. Detrás de esas sentencias hay personas trabajadoras, como las de la limpieza o las gerocultoras de diversas residencias de la tercera edad, o trabajadoras de casas de cultura que, por no ser funcionarias, o ser interinas, se tienen que costear el estudio del euskera con su tiempo y con su dinero cuando CCOO llevaba años pidiendo formación en euskera a la empresa. Otra consecuencia, esta sí no tan conocida es la derivación, también hacia nuestra propia organización, de afiliadas de ELA con interés en recurrir OPE cuyos requisitos lingüísticos les perjudican, como en el famoso caso del ayuntamiento de Rentería.
Nosotras entendemos que la defensa de los derechos laborales se puede ejercer desde la defensa de los derechos lingüísticos que garanticen que toda persona que se dirija a la Administración pública en Euskadi, pueda hacerlo en cualquiera de los idiomas oficiales. Además, enmarcamos nuestra propuesta en la apuesta, coincidente con otras organizaciones, en promover la gratuidad hasta el nivel C1 o las liberaciones para el aprendizaje del euskera, también en el ámbito del empleo privado.
Otro elemento importante para nosotras es la normativa que hace bascular la exigencia de perfiles lingüísticos sobre el respeto del índice de obligado cumplimiento que ancla los requisitos de acreditación del conocimiento de euskera a la realidad sociolingüística. Cuando hablamos del índice, que a veces parece un tecnicismo sin ninguna emocionalidad, conviene recordar a Josu Erkoreka cuando escribía, siendo director del IVAP, que “la acomodación a cada realidad sociolingüística conforma una de las claves de bóveda sobre las que se apoya el sistema, siendo un objetivo necesario, desde el punto de vista lingüístico, que cada una de las administraciones públicas vascas sea reflejo fiel de la comunidad humana a la que ha de servir”.
Nosotras estamos de acuerdo con esta reflexión. Es el fundamento de un carril central que nos puede permitir adaptarnos, sin dejar a nadie atrás, a la Euskadi de hoy y del futuro. Es ese carril del consenso el que han abandonado las administraciones que incumplen de forma sistemática con ese indicador. Más allá de las diferencias sobre el abordaje sindical de este tema queremos transmitir nuestra preocupación por el clima emocional que se está gestando en torno a la política lingüística.
Es un clima caracterizado por una brutalización de la diferencia que está aliñada por una construcción moral de la ajenidad que divide a una misma comunidad entre los buenos vascos, caracterizados como euskaltzales acríticos, nacionalistas, y aleccionados en la opresión por supuestamente no poder ejercer su derecho a trabajar y vivir en euskera y, en el otro lado, los malos vascos, no nacionalistas, o sujetos opresores, a los que, aún creyendo en la convivencia de los derechos laborales y lingüísticos, se les roba hasta la referencia identitaria homónima a la de las organizaciones convocantes, como cuando hablan de sindicatos vascos y nos excluyen. Debemos de ser de Kazajistán.
Es un clima que dinamita puentes y de cuyo peligro ya advertía Amin Maalouf en su libro 'Identidades Asesinas': “Toda práctica discriminatoria es peligrosa, incluso cuando con ella se pretende favorecer a una comunidad que ha sufrido. No sólo porque así se sustituye una injusticia por otra, y se refuerza el odio y la sospecha, sino también por una razón de principio: mientras el sitio de una persona en una sociedad continúe dependiendo de su pertenencia a esta o aquella comunidad se seguirá perpetuando un sistema perverso que inevitablemente hará más profundas las divisiones”.
Maalouf cuenta algo así como que ojalá su libro no se lea en el futuro, porque en ese futuro deseado ya no hará falta, pero ¿cuál es el futuro deseado de las organizaciones convocantes?, ¿qué lugar ocupan las trabajadoras que no hablen euskera, dónde las ubican, en qué puestos trabajan? ¿Qué van a hacer para revertir ese porcentaje actual del 90% de personas paradas que no saben euskera? ¿Dónde acabará ese cuarto de la población en Euskadi que será extranjera en el 2045 según el Eustat? ¿Creen de verdad en un país donde quepamos todas, hablen la lengua que hablen y tengan la patria que tengan?
Quizá no deberíamos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante estrategias que, rompiendo el consenso lingüístico, generan privilegios que, nos lo cuenten en castellano o en euskera, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo. Esas personas que conformarán nuestra sociedad del futuro necesitan saber que en el mundo sindical no van a encontrar nuevas fronteras, ni vacilaciones banderizas, ni barreras teñidas de patriotismo rancio, sea vasco o español. Nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, “de aquí o de fuera, la misma clase obrera”.