El nuevo principio nacional y la paradoja del arraigo en Extremadura

Mi cuñado nació en Extremadura. Se estima que alrededor de 60.000 a 75.000 personas nacidas en Extremadura emigraron a Euskadi durante las olas migratorias, principalmente en las décadas de los 60 y los 70. Esta comunidad extremeña, junto con sus descendientes, ha llegado a formar una comunidad de cerca de 200.000 personas en territorio vasco, integrándose fundamentalmente en el sector industrial de Bizkaia y Gipuzkoa. Se trató de aquel éxodo rural hacia zonas industrializadas de España, motivado por la falta de empleo en Extremadura y el auge de la industria vasca. De hecho, en 2022 se estimó que cerca del 36% de los extremeños viven fuera de su comunidad, siendo Madrid, Cataluña y Euskadi los principales destinos.

De volver a Extremadura cualquiera de estas personas, incluido mi cuñado, no tendrían derecho a ayudas en el acceso a una vivienda o a un alquiler social. ¿Por qué? Porque se regirá por el “principio nacional” y el requisito para ello será el de demostrar “un arraigo real, duradero y verificable”. ¿Cómo? Estableciendo “un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. ¿De cuánto será ese periodo? Lo descubriremos en breve.

Esto del “principio nacional” no es nuevo en Europa. Ya lo propuso Jean-Marie Le Pen en las elecciones legislativas de 1978. Algo que el Frente Nacional francés propuso y que los grupos neonazis españoles importaron. Es una más de las múltiples ocasiones en las que se puede ver a Vox proponiendo principios de grupos fascistas. 

Feijóo y su partido se han querido marcar un criterio racista para al final estar haciendo contorsionismo léxico para no parecer lo que sus propuestas son. Por eso abre un debate estéril indicando que cuando hablan de “principio nacional” lo hacen sobre priorizar el arraigo, mientras que Vox habla literalmente de “los españoles primero”. Sin embargo, con esto que han acordado dejarían fuera también a los españoles. En este caso, aquellos que residen en otras comunidades autónomas. 

La aplicación de la prioridad nacional supone un giro significativo en la gestión de los servicios públicos y conlleva diversas implicaciones que ya se han visto en otros momentos de la historia humana.

Por un lado, genera tensión con el principio de Igualdad. Es decir, entra en conflicto con el Artículo 14 de la Constitución Española que establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Por otro lado, el uso de términos como “arraigo real y verificable” introduce un grado de ambigüedad en la administración. Esto puede derivar en una mayor burocracia para todos los ciudadanos y en una interpretación discrecional de quién merece o no una ayuda, lo que podría generar inseguridad jurídica. Como he indicado más arriba, incluso los extremeños residentes en Euskadi o sus descendientes se verían afectados de querer irse a Extremadura a vivir. 

Es curioso porque una de las principales críticas que hace Vox y sectores del PP a la Comunidad Autónoma Vasca es que se establezca como mérito o requisito saber euskera para acceder a los puestos de trabajo en el sector público. Entienden que vulnera el principio de igualdad entre los españoles ya que cualquier ciudadano de otra comunidad autónoma debería poder acceder sin necesidad de saber euskera. Menos mal que en el Artículo 3 de la Constitución, ese texto que tanto dicen defender, dice claramente: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Finalmente, se corre el riesgo de generar situaciones de exclusión y de fractura social. Al vincular las ayudas sociales estrictamente a la nacionalidad o a un largo periodo de residencia, quedarían en situación de desamparo colectivos vulnerables que ya forman parte de la sociedad extremeña y contribuyen a su economía. De tal forma, se podrían crear sociedades paralelas y aumentar la marginalidad, lo que a largo plazo suele suponer un mayor coste social y económico para la región.

Este enfoque racista del acuerdo del PP y Vox en Extremadura ignora, de manera deliberada, que los residentes extranjeros también contribuyen al sistema público mediante impuestos (directos e indirectos) y su trabajo. Establecer una “prioridad” niega el principio de reciprocidad que sustenta el Estado de Bienestar, donde el acceso a servicios se basa en la necesidad y la residencia, no en el lugar de nacimiento.

Muchos son los ejemplos del “principio nacional” en la historia humana y todos ellos son ejemplo de desastre. Véase el régimen nazi que excluyó sistemáticamente a judíos, gitanos, personas con discapacidad, polacos, eslavos y otras minorías, privándoles de derechos y llevándolos al exterminio bajo una ideología de pureza nacional; o el caso del apartheid sudafricano aplicado de manera sistemática y extrema no solo a través de la segregación social, sino mediante la eliminación de la ciudadanía nacional a la mayoría negra para excluirla del cuerpo político. En este último caso, el gobierno nacionalista afrikáner utilizó la legislación para definir quién era “sudafricano” (blanco) y quién era un «extranjero» en su propia tierra (negro, mestizo o indio).

Se ve que echaban de menos aquella época en la que en los reinos de la península ibérica se distinguía al “cristiano viejo” (cristianos puros) del “cristiano nuevo” (a los que se les suponía origen musulmán o judío) para el ingreso en instituciones y profesiones con estatuto de limpieza de sangre.

Es curioso que quienes sacan a pasear a Sabino Arana constantemente para arremeter contra el nacionalismo vasco, resulte que sean sus mejores alumnos. Es decir, resulta una ironía dolorosa que quienes más critican los particularismos identitarios terminen abrazando el concepto de “prioridad nacional” como una herramienta de segregación burocrática. Al intentar blindar unos supuestos privilegios por arraigo, no solo se traiciona la historia de una Extremadura que sabe bien lo que es buscarse la vida fuera de casa, sino que se dinamita el principio de solidaridad universal. Al final parecen haber olvidado que la dignidad y los derechos no deberían depender de un certificado de empadronamiento, sino de la simple condición de ser humano.