De nuevo, ¿Nos va a tocar pagar a escote?

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado en el Congreso su “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”. En él, ha analizado las experiencias de más de 480 víctimas y las respuestas ofrecidas por parte de la propia Iglesia (de los que ha señalado la “minimización del problema”), y los poderes públicos (por la ausencia de “procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar”). Por ello, llega a la conclusión de que es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad durante años.

No seré yo quien ponga en duda nada de eso, pero me encuentro con que, entre las recomendaciones del Informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de crear un “fondo estatal” para pagar compensaciones. Eso del “fondo” recuerda a una especie de rescate, pero, esta vez, a la Iglesia católica en vez de a la Banca. Y, ¿qué tal si les obligasen a devolver las famosas inmatriculaciones irregulares? Recordemos que, hoy, sigue sin resolverse ese mayúsculo y turbio escándalo. Estamos hablando de un proceso -un expolio consentido a la Iglesia Católica española- mediante el cual registró a su nombre bienes inmuebles que no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad. Desde 1998, la Iglesia ha inmatriculado un total de 34.961 bienes en España, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar. De todas las propiedades que la Iglesia registró a su nombre hasta 2015, 20.014 son templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas “con otros destinos” (terrenos, solares, viviendas, etc.)

Ahí tiene Gabilondo una auténtica mina de dónde obtener recursos para pagar compensaciones en vez de proponer la creación de un “fondo estatal” por el que los pagadores no seríamos otros más que los contribuyentes. ¿Toca, de nuevo, arrascar el bolsillo del Erario para hacer frente al horroroso desaguisado provocado, en este caso, por una organización religiosa? Queda tan claro que eso de la aconfesionalidad del Estado es una pantomima, como que los partidos políticos sólo pueden pedir la devolución de las inmatriculaciones y nunca exigirlo. Y es que, si un partido político optarse por proponer la expropiación (aunque fuese en forma de desamortización), jamás ganaría unas elecciones en España.

Por hacer un poco de historia, en 1836, el entonces primer Ministro de Estado, Guerra, Hacienda y Marina (además de banquero) Juan Álvarez de Mendizábal (funcionario bajo la Regencia de María Cristina de Borbón) puso en marcha un proceso de expropiación forzosa a los bienes de la Iglesia Católica, con el objetivo de hacer frente a los elevados costes que suponía la guerra contra los carlistas y como último recurso para alimentar las maltrechas arcas públicas del estado español una vez perdidas las colonias en América. Todos aquellos bienes serían después vendidos en subasta pública para sanear las cuentas del estado. Cabe destacar que la “Desamortización de los bienes del clero regular” no fue exclusiva de España ni de aquel momento, pero si es cierto que fue su época de mayor impacto. Los bienes expropiados eran los denominados bienes de «manos muertas», pertenecientes al Antiguo Régimen y que no podían ser vendidos o repartidos, es decir, que se encontraban “amortizados” (de ahí el término Desamortización). Estos bienes eran propiedades comunales, nobiliarias o bien de instituciones eclesiásticas, cuya propiedad podía cambiar de manos mediante herencias, pero con la imposibilidad de ser repartidos.

Entre las medidas que conllevó esta Desamortización de Mendizábal, ejercida mediante decretos-ley, estaba la desarticulación de toda orden religiosa que no estuviese dedicada a la caridad y la expropiación de todos sus bienes, una medida en principio social pero que no tuvo el efecto deseado, ya que el reparto de lo expropiado iba a parar a aquellos pocos adinerados terratenientes que podían pagar su precio en subasta pública. Una de sus principales consecuencias fue el fomento del latifundismo en el sur de España, al tiempo que generó unos más que insuficientes ingresos.

En resumidas cuentas, no deja de ser curioso constatar que los progresistas de los años 30 del siglo XIX lo fuesen mucho más que los de nuestro siglo XXI y que, pese a ello, siguen siendo dos los mismos comportamientos sistémicos en “Marca España”: siempre que no se quiere arreglar un problema se crea una “Comisión” y, siempre que hay que arreglar un desaguisado, lo más cómodo para afrontarlo es proponer el adelanto de un pago a escote que jamás será devuelto por los siglos de los siglos, Amén.

Conclusión: No espabilamos. Está más claro que el caldo del asilo.