La política de vivienda del PNV es ya la de EH Bildu
La vivienda ha dejado de ser un asunto coyuntural para convertirse en el principal problema social de Bizkaia. No es una percepción ni un argumento político: más de la mitad de los vizcaínos sitúan el acceso a una vivienda como su mayor preocupación, por delante incluso del empleo. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, el dato es aún más preocupante. Es una realidad que condiciona proyectos de vida, decisiones laborales y la posibilidad misma de quedarse a vivir en nuestro territorio.
La evolución de la demanda de vivienda protegida confirma este diagnóstico. El registro de Etxebide sigue creciendo trimestre tras trimestre y alcanza cifras históricas. En Bizkaia, más de 56.000 personas figuran ya como demandantes de vivienda protegida. Ocho de cada diez solicitudes se concentran en el alquiler, lo que evidencia que el acceso a la compra ha dejado de ser una opción realista para buena parte de la población, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.
Mientras la demanda no deja de crecer, la oferta se reduce. Desde 2019 han desaparecido más de 9.000 viviendas en alquiler en Bizkaia, situando al territorio a la cabeza de la reducción de oferta en términos relativos en el conjunto de España. El resultado: precios al alza tanto en compra como en alquiler, muy por encima de la evolución de los salarios.
Este desequilibrio no es fruto de la casualidad. Es consecuencia directa de las políticas desarrolladas por el PNV y el PSE-EE durante lustros. Excesiva regulación, lentitud administrativa, falta de construcción de vivienda nueva y una creciente inseguridad jurídica han convertido la promoción y el alquiler en un proceso incierto y poco atractivo.
Lejos de corregir esta deriva, las medidas de intervención directa en el mercado del alquiler la han agravado. La declaración de zonas tensionadas y la regulación de precios no ha incrementado la oferta allí donde se ha aplicado. Ha provocado justo lo contrario: retirada de viviendas del mercado y mayor presión sobre los precios, como ya advertimos desde el PP vasco.
En este contexto, resultan especialmente reveladoras las últimas posiciones del PNV en materia de okupación, que ha decidido anular el derecho constitucional de propiedad. Tras reconocer la necesidad de seguridad jurídica, ahora propone limitar el desahucio únicamente a quienes tengan una vivienda alternativa en alquiler. Dicho de otro modo: el impago vuelve a convertirse, en la práctica, en una situación sin consecuencias reales, trasladando el problema al propietario.
Hace apenas unos meses, Pedro Sánchez agasajó al PNV con la cesión de un palacio en París, valorado en más de 15 millones de euros, a cambio de cinco votos decisivos en el Congreso. Resulta, cuando menos, chocante que quien ha recibido semejante privilegio pretenda ahora erigirse en árbitro moral para limitar el derecho constitucional de propiedad. Más aún cuando esa limitación se plantea de forma selectiva: solo para quienes disponen de más de una vivienda, condenando al resto de propietarios a asumir la carga de los impagos de alquiler que deberían corresponder a las administraciones públicas. No es una política social; es una transferencia encubierta de responsabilidades que resulta difícil de justificar y, sencillamente, vergonzosa.
Conviene decirlo con claridad: nadie desea un desahucio. Pero convertir el impago en una excepción permanente no protege a los más vulnerables. Daña al conjunto del sistema y expulsa aún más viviendas del mercado. Sin seguridad jurídica no hay oferta, y sin oferta no hay acceso al alquiler.
No es una política social; es una transferencia encubierta de responsabilidades que resulta difícil de justificar y, sencillamente, vergonzosa
La atención a las situaciones de vulnerabilidad no puede recaer sobre los propietarios. Son las administraciones las que deben ofrecer alternativas habitacionales y ayudas eficaces. Cuando se carga esa responsabilidad sobre el arrendador, el resultado es siempre el mismo: menos viviendas disponibles y un mercado cada vez más tensionado.
Llegados a este punto, la conclusión resulta difícil de evitar. La política de vivienda del PNV se mimetizó con la del PSE-EE para terminar convergiendo con la de EH Bildu. El resultado: más intervención, menos seguridad jurídica y una oferta de vivienda en retirada.
Bizkaia necesita un cambio de enfoque. Un modelo de política de vivienda que actúe sobre la oferta y no se limite a gestionar la escasez. La vivienda no puede seguir siendo el principal obstáculo para el desarrollo personal y económico de nuestro territorio. Los diagnósticos están hechos y los datos son claros. Falta, simplemente, la voluntad de cambiar de rumbo. Los vizcaínos no podemos apoyar a un frente de partidos que van contra nuestros intereses. Y para ese cambio solo queda uno, el PP vasco.