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Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.

Más vivienda pública en Cuarteles de Loiola

Cuarteles de Loiola

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Han hecho falta veinte años para conseguirlo. Pero aún habrá que esperar otros siete para que se empiece a ver la intervención en el suelo del actual Cuartel de Loiola. Defensa ha negociado con el Alcalde de San Sebastián la venta a un precio muy alto (73,3 millones) y cuatro años para desalojar el cuartel y trasladarse a los terrenos próximos de la hípica militar. Aunque no pasaría nada si la tropa se reubicara en otra capital.

Con esas dos condiciones -el precio limita la dimensión social del proyecto- el problema de una oferta ridícula de vivienda pública en Donostia en los últimos doce años, con Alcaldías nacionalistas, no se afrontará a tiempo. Son muchos jóvenes y familias los que no podrán acceder a un piso en su ciudad; mágica pero muy cara.

Se equivocó el alcalde Goia al anunciar el objetivo de un 40% de pisos a precio protegido en Cuarteles. Así, ha encarecido el precio a pagar al Ministerio a quien tenía que haber planteado un 75% de vivienda pública, en línea con el discurso del presidente Pedro Sánchez de pedir un esfuerzo a TODAS las administraciones para incrementar el parque de vivienda pública. Sin embargo, el Estado no se ha sentido presionado y ha hecho “caja” ante el escenario de un 60% de pisos a precio libre.

Quien fuera responsable de urbanismo durante la etapa de Alcaldía socialista, el concejal Jorge Letamendia, que supo negociar la compra del edificio del Gobierno Militar y los traslados de la Policía Nacional y de la Cárcel, mantenía una propuesta inteligente para ajustar el precio.

Es evidente la incapacidad estratégica y negociadora de Alcaldía y del Ayuntamiento que les obliga a pagar un precio excesivo a Defensa. Sobre la mesa tenía que haber puesto un objetivo ambicioso de vivienda pública, además de propiciar una recalificación del suelo del antiguo Gobierno Civil, en Plaza Pio XII, para edificar allí vivienda libre y la conversión del edificio del antiguo Banco de España, en la calle Garibay, para reubicar en el centro las oficinas de una Delegación del Gobierno.

Los terrenos militares, que acogen unas instalaciones infrautilizadas desde hace mucho tiempo y se encuentran en un suelo urbano y llano junto al río, tendrán un mejor destino. Soy testigo de que han sido muchos años de conversaciones con Defensa pero su negativa al traslado que se le ofreció, a otra ubicación segura, se basaba en la existencia de ETA. La salida de Loiola de los militares la entendía como una muestra de debilidad.

En 2010, todavía en mi condición de alcalde, estuvimos cerca de llegar a un buen acuerdo con la ministra Carmen Chacón, pero la operación no obtuvo la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (ETA anunció su derrota poco después, en 2011). Tras nuevas tentativas, el 5 de noviembre de 2020 volví a presentar al Gobierno de Pedro Sánchez, como diputado, una enmienda de adición a los Presupuestos del Estado para 2021, proponiendo la venta al Ayuntamiento del Cuartel de Loiola. Dos semanas después, el Gobierno acordó negociar una enmienda similar con el PNV en el Congreso. De ese modo, más otras compensaciones, obtuvo sus votos a favor de las Cuentas del Estado. Así se escribe la historia.

Mientras esto sucedía, en el periodo de 12 años con las alcaldías de Bildu y PNV (2011-2023), solo se ha ejecutado el 17,3% de la vivienda social que incorporamos los socialistas al Plan General en 2010. En concreto, solo en el suelo municipal de Auditz-Akular, en el barrio de Altza, dejamos aprobado con el voto a favor del PNV y PP, la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas, de precio tasado y apartamentos dotacionales. Han tenido tiempo para adecuar y mejorar como quisieran ese proyecto. Todo menos la paralización indecente de una actuación social prioritaria mientras crecían, como setas, los hoteles y pisos turísticos con los efectos negativos de la gentrificación.

Ahora, se trata de ganar tiempo. De ahí que el Ayuntamiento debiera agilizar la tramitación y aprobación tanto de la modificación puntual del Plan General de Urbanismo para los terrenos en Loiola, como del Plan Parcial y de Urbanización. También ha de negociar con el Gobierno Vasco un compromiso de colaboración en la operación para financiar más vivienda pública. Dudo mucho que este Ayuntamiento repitiera hoy operaciones como las que efectuamos en Atocha y Morlans con un 100% de vivienda pública.

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