Condenados dos hombres a 20 y 9 años de cárcel y a pagar 480.000 euros por el asesinato de Lukas Aguirre en Donostia

La Justicia ha condenado a veinte y más de nueve años de prisión a dos hombres por el asesinato del joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado de celebración con sus amigos por la Nochebuena. La Justicia condena a uno de los hombres por un delito de asesinato con alevosía y le impone, además de los años de prisión, una libertad vigilada durante diez años adicionales. En el caso del segundo hombre, al concurrir una eximente de drogadicción y alteración psíquica, la pena, por asesinato con alevosía como cooperador necesario, es de nueve años y seis meses, con reducción de un grado. Se añaden también diez años de libertad vigilada.

Los dos condenados deberán también indemnizar a los padres del fallecido con 200.000 euros a cada uno y a los dos hermanos con 40.000 euros a cada uno, sumando un total de 480.000 euros. Un jurado popular ya declaró a los dos hombres culpables del asesinato, así como de encubrir los hechos a una tercera acusada. El fallo la condena a catorce meses de prisión, pues concurre una atenuante de toxicomanía. Al ser una pena inferior a dos años, podrá evitar la entrada efectiva en prisión. La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. Cabe contra la sentencia la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indicaba ese texto. Relataba luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Aseveraba que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describía la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostenía que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuía haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.