La Fiscalía acusa al hermano de Antonio Anglés de secuestrar y torturar a un hombre y le pide 27 años de cárcel

La Fiscalía acusa al hermano de Antonio Anglés, el desaparecido asesino de las niñas de Alcàsser, de secuestrar y torturar a un hombre al que pedía 200.000 euros. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, pide una pena de 27 años de prisión por los presuntos delitos de secuestro, lesiones, amenazas, robo con violencia, daño por incendio y pertenencia a grupo criminal para Joaquín Martins Monroig, que cambió su identidad original —Mauricio Anglés, también conocido como El Mauri— por otro nombre y el apellido materno para evitar el estigma que dice arrastrar por el asesinato de las adolescentes Toñi, Miriam y Desirée, cometido en 1993 por su hermano Antonio y por Miguel Ricart, el único condenado. La Fiscalía solicita la misma pena para otros cinco acusados, todos con antecedentes penales (al igual que el hermano de Anglés).

El Ministerio Fiscal aplica en su escrito de conclusiones provisionales la circunstancia agravante de alevosía en el caso del delito de secuestro y la agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz en el resto de delitos que imputa a los acusados.

Joaquín Martins Monroig se sienta este miércoles en el banquillo de los acusados ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en una vista oral que ha reservado un total de cuatro sesiones para la celebración de un juicio en el que declararán los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación y los médicos forenses, entre otros testigos y peritos. Martins Monroig deslizó en una reciente entrevista con el diario Las Provincias que el denunciante es un “traficante condenado” y alegó que se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos.

El hermano del famoso delincuente, cuya pista se perdió en el puerto de Dublín el 24 de marzo de 1993, tras una fuga que mantuvo en vilo a un país aún tremendamente impactado por el crimen de Alcàsser, encara este juicio tras haber sido absuelto en 2020, por falta de pruebas, en el marco de otro procedimiento en el que se le acusaba, junto con otros dos hermanos suyos, de extorsionar a un empresario. El tribunal, por el contrario, condenó a Carlos Martins Monroig a un año y tres meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, así como a otros tres años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 5.000 euros por un delito contra la salud pública.

Aquel juicio también afloró los negocios que Joaquín Martins Monroig, junto con su hermana Kelly, maneja en València, en ámbitos empresariales como el sector inmobiliario, la restauración o las clínicas capilares. Además, el hermano de Antonio Anglés mantiene un canal de Youtube en el que repasa su biografía y reseña sus apariciones en programas de Telecinco y de Antena 3, al sostener que colocó injertos de pelo en su clínica capilar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García.

Un secuestro con “gran violencia”

El empresario, criado en una familia lumpenproletaria, se enfrenta este miércoles a una severa petición de pena de prisión por parte de la acusación pública. El Ministerio Público considera que, tras vigilar a la víctima y estudiar sus rutinas, los acusados interceptaron al hombre en la carretera CV-415 minutos antes de las 18.45 del 29 de noviembre de 2021, mientras conducía un BMW modelo X5. Los presuntos asaltantes colocaron sendas furgonetas robadas delante y detrás del vehículo de la víctima, evitando así cualquier posible maniobra de evasión.

Los acusados, vestidos con ropas oscuras y con pasamontañas y guantes, apuntaron al conductor con dos armas que nunca fueron halladas y, “de manera violenta” mientras rompían la luna delantera, lo obligaron a subir a una de las furgonetas, según la Fiscalía. Para ello, “emplearon gran violencia”, afirma el escrito.

Una vez en la furgoneta, la víctima fue engrilletada y conducida a Catarroja. En la cuadra propiedad de uno de los procesados en Montserrat, el secuestrado fue sometido a torturas para que pagara 200.000 euros a cambio de su liberación. Los acusados, ante la resistencia del hombre a pagar, fueron reduciendo el montante mientras seguían golpeándole. Emplearon incluso unas cadenas para darle latigazos.

La Fiscalía dice que quemaron con brasas al secuestrado

El hermano de Antonio Anglés y los otros cinco acusados, según la Fiscalía, amedrentaron al hombre con secuestrar a su hijo y a su mujer, diciéndole que le iban a cortar un dedo y acercándole unas tenazas a la oreja. De hecho, llegaron a realizarle un corte vertical en la oreja. La víctima quedó en estado de semiinconsciencia y, “en un momento dado, le quemaron con unas brasas y después le tiraron por encima un líquido para que reaccionara”, según relata la acusación pública.

El secuestrado solo ofreció 2.000 euros en efectivo que decía tener en su casa. Los acusados se quedaron con la riñonera que portaba, con un teléfono móvil y dinero en efectivo en su interior valorados en un importe total de 393 euros.

Sobre las 21.37, tras más de dos horas de torturas, los acusados sustituyeron las esposas por bridas atadas a sus manos por la espalda y metieron al hombre en la furgoneta, para abandonarlo desnudo. Poco después fue localizado por un varón que alertó a la Policía.

Vehículos incendiados para borrar pistas

Para borrar cualquier indicio de su participación en los hechos, algunos de los procesados —“siguiendo con el plan establecido previamente”— llevaron el BMW que conducía la víctima (propiedad de su madre) al camino de acceso a un campo de cultivo, donde le prendieron fuego, calcinándolo totalmente.

Una de las furgonetas robadas para ejecutar el secuestro fue abandonada tras haber rociado su interior con un extintor. La otra furgoneta fue entregada por el séptimo procesado, que pese a conocer su origen ilícito, la adquirió para desmontarla y hacerse con las piezas desguazadas. Este acusado se enfrenta a una pena de un año de prisión por un presunto delito de receptación.

El hombre secuestrado sufrió lesiones que tardaron 17 días en sanar. También le quedó una cicatriz en la pierna. Todos los acusados cuentan con antecedentes penales y permanecen en libertad provisional, con una orden de alejamiento de la víctima.

Los investigadores lograron acreditar la participación de los acusados en los hechos gracias al estudio del posicionamiento de los teléfonos y a las cámaras y lectores de matrículas.