Tres de los nueve concejales del PNV de Getxo han presentado su renuncia y serán sustituidos en próximas fechas, según confirman fuentes de la formación nacionalista. Son Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urquiza y el motivo es sencillo: están ya formalmente imputados en la causa penal que se instruye en el Tribunal de Instancia de Getxo en relación al derribo, en 2024, de un palacete protegido en esa localidad vizcaína, el Irurak Bat.
La Ertzaintza, que ya elaboró un atestado en el que veía indicios de delito en la actuación en torno al palacete, realizó la pasada semana registros en dependencias municipales y la causa pasó a estar bajo secreto de sumario. Los ediles implicados son Irantzu Uriarte e Ignacio Uriarte, que son pareja y que eran cooperativistas de la empresa responsable del derribo del edificio y de la futura promoción de viviendas, e Iñigo Urkiza, responsable de Disciplina Urbanística.
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y el PNV, que en los últimos días han reiterado que no aprecian irregularidades en la gestión de este asunto -“no es la torre Eiffel”, ha ironizado sobre el palacete Aitor Esteban-, se encuentran ahora con una crisis política de gran calado. Tanto EH Bildu como el PP están personados en la causa penal. â
La formación abertzale, en vista de los acontecimientos, ha insistido en la importancia de la “máxima ejemplaridad en la gestión pública” y promete llegar “hasta el final” en el asunto. El PP, de su lado, ve “más necesaria que nunca” la dimisión de la alcaldesa, según las fuentes consultadas. La novedad es que también el PSE-EE, socio de Gobierno, ha subido el tono. Los socialistas ven “preocupante” que el PNV siga restando “importancia” al tema. Han solicitado a la alcaldesa que se reúna la comisión de seguimiento el acuerdo.
La imputación de los ediles está recogida en un auto de la titular de la plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, el antiguo juzgado de Instrucción número dos. La magistrada Neus Galobardes remarca que la pieza se abrió a finales de 2024 y que se analiza si los hechos constituyen un delito contra el patrimonio, tipificado en el artículo 321 del Código Penal. Se apunta también al siguiente artículo, al 322. “La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses”, se puede leer. Además de los tres ediles, están imputados Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana.
En un comunicado, el PNV ha confirmado que los tres ediles “han puesto sus cargos a disposición del partido”. Han trasladado al presidente de Bizkaia, Iñigo Ansola, que “mantienen su inocencia” pero igualmente “creen conveniente dejar su cargo para facilitar su defensa y preservar la imagen pública” del PNV. La formación dice “desconocer” la resolución judicial e insiste en respetar “en todo momento” la presunción de inocencia.
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