Euskadi gestionará las 30 oficinas del SEPE y 822 millones en prestaciones y subsidios con más de 500 funcionarios

Los Gobiernos central y vasco han cerrado este miércoles en Madrid un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma la gestión del SEPE (el antiguo Inem), lo que se traduce en el traspaso de 30 oficinas y 534 funcionarios y en la potestad de tramitación de las prestaciones por desempleo y de los subsidios de paro, que en 2024 tuvieron unos 50.000 beneficiarios y un coste del entorno de 822 millones. El pacto, sin embargo, deberá ser refrendado todavía en una comisión mixta, el órgano bilateral previsto en la normativa para las transferencias estatutarias. No hay fecha para que Euskadi empiece a tramitar desde su servicio de empleo (Lanbide) las nuevas funciones ya que está pendiente de definirse la interoperabilidad informática, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo de Imanol Pradales, que podrá presentarse este jueves en el debate de política general del Parlamento Vasco que abre oficialmente el curso político en Euskadi con este trofeo, ha considerado que es un día “importante”. “Esperábamos haber cerrado esta cuestión en la reunión bilateral del mes de julio. Sin embargo, no fue posible, hemos redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo”, ha manifestado desde Madrid la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que se ha reunido con el secretario de Estado de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, para cerrar los detalles después de semanas de trabajo de cocina.

Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979. Además de la importancia del paso que hemos dado hoy, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario“, ha añadido. ”Hacemos una valoración positiva. Muy positiva. Como dijimos en julio, hacía falta únicamente un poquito más de trabajo. Reafirma el compromiso que tiene Sumar con el autogobierno vasco“, ha apuntado el dirigente de Sumar, el vasco Lander Martínez.

Este bloque de materias, las conocidas como políticas pasivas de empleo, es una de las partes del gran traspaso de la gestión de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma. Ese proceso se inició efectivamente en un julio tras un encuentro bilateral entre el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales. Sin embargo, aquellos primeros pasos fueron más cortos de lo previsto porque la parte de Sumar del Ejecutivo central puso algunos reparos. Ello llegó a motivar que Pradales, en La Moncloa, pidiera Sánchez “orden” en su gabinete.

Finalmente, un par de meses después, ambas partes han encauzado la cuestión y han cerrado el acuerdo. Euskadi creó Lanbide en 2011 tras el traspaso de las políticas activas de empleo (formación, contratos y atención a parados) y ahora sustituirá ya totalmente al SEPE en su territorio con la gestión y abono de las prestaciones. Son, en concreto, la prestación contributiva que los trabajadores tienen derecho a cobrar tras la finalización una relación laboral y todos los subsidios, que son el que existe tras el agotamiento del primero, el de cotizaciones insuficientes, el de mayores de 52 años, el de víctimas de violencia de género o sexual, el de emigrantes retornados o la renta agraria.

Una vez más, las partes recalcan que “el traspaso respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social”, a la luz de las habituales críticas desde sectores de la derecha e incluso desde los sindicatos. El Estado, de hecho, retiene la potestar regulatoria y de fijación de cuantías, aunque desde ahora Euskadi tramitará en una única ventanilla estas prestaciones y sus complementos propios, la denominada RGI. El acuerdo es “transitorio” a falta de que se cierre un convenio de financiación del núcleo duro de la Seguridad Social, la gestión de las pensiones. En principio, Sánchez se comprometió con el PNV a cerrarlo antes de la finalización de 2025.

“El Gobierno vasco tiene hechos sus deberes y estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría las vascas y los vascos hace ya casi medio siglo”, ha dicho Ubarretxena en Madrid sobre los temas pendientes. También hay otras materias al margen de la Seguridad Social sobre la mesa, sobre la posible coparticipación de las instituciones vascas en la gestión de los aeropuertos de Aena.